Ingeniería empresarial para uno de los mayores ‘pelotazos’ de la Púnica

Ingeniería societaria para hacerse con una comisión ilegal de 3,6 millones de euros. Un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) incorporado al sumario del caso Púnica, en el que se investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid durante los gobiernos del PP de Esperanza Aguirre, detalla el complejo entramado de operaciones societarias con el que la red presuntamente encabezada por el exconsejero Francisco Granados manipuló adjudicaciones millonarias de obras en el Metro de Madrid. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, implica en las irregularidades al propio Granados y a los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza. Fue la confesión que este último hizo en enero de 2018 en la Audiencia Nacional, y en la que aportó documentos sobre el reparto de una supuesta comisión ilegal de 3,6 millones, el que llevó al juez Manuel García-Castellón a pedir el informe en el que tres expertos de Hacienda han detectado ahora “operaciones societarias absolutamente artificiosas”. La Guardia Civil ya emitió en septiembre de 2018 un informe sobre los mismos hechos en el que también hablaba de claros indicios de irregularidades.

La declaración de Marjaliza, que colabora con la justicia desde el verano de 2015, puso bajo sospecha las obras de construcción del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004, cuando Granados era consejero de Transporte, con un presupuesto inicial de 141,2 millones de euros, aunque terminaron costando a las arcas públicas 216 millones. El empresario y antiguo socio del político entregó al juez documentación de una de sus empresas, Aruba Gestión SL, entre ellas seis facturas emitidas a Obrum Urbanismo y Construcciones SL, en la que el empresario tenía una pequeña participación y que estaba integrada en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se hizo con la primera de las tres adjudicaciones investigadas.

Estas facturas recogían falsos conceptos como “asesoramiento” y “gestión” por un importe total de 6,6 millones. Marjaliza detalló que de esta cifra, tras descontar el IVA, el impuesto de sociedades y otros gastos, salieron los 3.6 millones de euros que, siempre según su testimonio, se repartieron él, Granados y López Madrid, entonces directivo de la constructora OHL. Los supuestos pagos se repartieron entre 2005 y 2007 con el objetivo de difuminar el rastro de la comisión y dificultar su detección.

Ahora, el informe de la Agencia Tributaria confirma –como en su momento hizo la Guardia Civil– buena parte de la declaración de Marjaliza al considerar “absolutamente artificiosa” y sin ningún “sentido económico” la compra por parte de Obrum de la sociedad Grabitum SL, una mercantil escindida de la empresa Elsan, filial del Grupo OHL. Los expertos de Hacienda –que en su informe reclaman al juez la práctica de nuevas diligencias para completar su investigación– destaca que precisamente en 2004, cuando se produjeron las supuestas irregularidades, Granados era el consejero de Transporte y López Madrid formaba parte del consejo de administración del Grupo OHL.

El documento concluye que Obrum adquirió la sociedad Grabitum –mercantil que tenía la categoría de constructora certificada por lo que podía concurrir a los concursos públicos de infraestructuras– para cumplir los requisitos legales que le permitieran optar a hacerse con las millonarias adjudicaciones del Metro de Madrid. Para ello, López Madrid, desde su puesto en OHL, vació esta empresa de patrimonio, según declaró Marjaliza. Con esta maniobra, Obrum se integró finalmente en la UTE que se hizo con el contrato para la construcción del Metro Ligero a Boadilla del Monte, una obra que finalmente tuvo un sobrecoste de 48 millones de euros, un 56% más de los 86 millones inicialmente fijados como presupuesto. Posteriormente, Grabitum fue recomprada por la filial del Grupo OHL a la que había pertenecido.

Antes de esta recompra, la investigación ha revelado que hubo un cruce de facturas entre dos empresas de Marjaliza –Aruba Gestión y Vancouver Gestión- con la propia Obrum y con Financiera Sia Capital, esta última propiedad de López Madrid. En estas facturas figuraban “conceptos que no resultan verídicos” sobre supuestas intermediaciones en otros contratos de obra, según la Agencia Tributaria. Las pesquisas apuntan a que las mismas sirvieron presuntamente para ocultar el cobro de las comisiones ilegales.

López Madrid declaró por estos hechos como imputado ante el juez García-Castellón en febrero de 2008. Entonces aseguró que estas facturas correspondían a un préstamo que hizo a Marjaliza, con el que mantuvo relación comercial entre 2004 y 2007, para comprar inmuebles en Düsseldorf (Alemania). Sin embargo, la Agencia Tributaria considera ahora que su participación en la operación presuntamente irregular "queda patente" por una serie de correos electrónicos que se intervinieron

Los expertos de Hacienda también destacan que en 2004, cuando supuestamente se realizó la operación societaria bajo sospecha, OHL se hizo con contratos por valor de 262 millones de la empresa pública Mintra, dependiente de la Consejería de Transportes, y que en los tres años siguientes, cuando se realizaron las obras, fueron otros 400 millones. El juez del caso Púnica también interrogó por esta operación como imputado en febrero de 2008 a Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la constructora. El octogenario empresario defendió en aquella comparecencia la transparencia de los contratos de la empresa que dirigió y describió la operación societaria como una venta de activos. El informe de la Agencia Tributaria niega este hecho y apunta que los datos recogidos "desmiente las afirmaciones vertidas por Villar Mir" aquel día.