Villar Mir niega haber pagado comisiones al PP de Aguirre a cambio de adjudicaciones

Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la constructora OHL, ha negado este martes ante el juez instructor del caso Púnica haber pagado comisiones al Partido Popular de Madrid a cambio de adjudicaciones de obras públicas en esta comunidad. El directivo, de 86 años, aseguró que él no estaba al tanto de las obras que la empresa pública Arpegio -que gestionaba el plan Prisma de inversión pública- adjudicó a las compañías de su grupo por la escasa cuantía de las mismas. El juez Manuel García-Castellón apuntaba en el auto en el que imputaba que la agenda que se intervino a Francisco Granados cuando fue arrestado en octubre de 2014 había permitido identificar al grupo Villar Mir “como presunto donante del PP de la Comunidad de Madrid”.

Villar Mir, que ha declarado como investigado –actual denominación de imputado-, ha defendido la transparencia de los contratos de la empresa que dirigió y ha negado cualquier tipo de pago a las empresas de la trama. Además, ha manifestado que mientras fue presidente de OHL puso en marcha una política de “tolerancia cero” con la corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera que Villar Mir donó fondos —en torno a 3,6 millones de euros— a la caja b del PP madrileño, como quedó reflejado en la agenda del principal imputado del caso Púnica, el exconsejero de Transportes Francisco Granados. Este dinero supuestamente sirvió, entre otras cosas, para financiar las campañas electorales del partido en 2007 y 2011, durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad.

El pasado 17 de enero, Marjaliza aportó al magistrado y a la Fiscalía Anticorrupción documentación que supuestamente acredita las mordidas por las obras del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004 por Granados a través de la empresa pública Mintra. Los 3,6 millones de comisión fueron repartidos entre 2005 y 2007 supuestamente entre el exconsejero madrileño, Marjaliza y Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y exconsejero de OHL.

Villar Mir, que renunció al puesto de consejero de OHL en mayo de 2017, se desvinculó de cualquier pagó bajo cuerda al PP. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el exdirectivo afirmó que ni pagó ni ordenó pagar los supuestos sobornos.

El empresario y ministro de Hacienda en el primer Gobierno del reinado de Juan Carlos I, de 86 años, manifestó que él siempre ha sido independiente y que su único amigo en el mundo de la política fue el fallecido fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, según abogados presentes en el interrogatorio.

La sesión de interrogatorios de ayer se cerró con Javier López Madrid. El empresario aportó facturas y contratos para tratar de demostrar que las facturas giradas desde su mercantil financiera SiaCapital SL a la constructora Vancouver Gestión, participada por Marjaliza, no sirvieron para cobrar su parte de los 3,6 millones de la mordida por las obras del metro madrileño.

Según su versión, las facturas corresponden a un préstamo a Marjaliza para comprar inmuebles en Dusseldorf (Alemania). López Madrid recordó que estuvo asociado con Marjaliza en 2004 para una serie de negocios inmobiliarios en Parla y Valdemoro, pero que rompieron sus relaciones comerciales en torno a 2007. El empresario negó todo tipo de comisiones pero optó por guardar silencio cuando se le preguntó si había recibido algún regalo en forma de viajes por parte de Marjaliza.

Según la investigación, Granados usó su influencia para garantizar adjudicaciones de obras públicas de mediano tamaño a la empresa Obrum, de su entonces amigo Marjaliza. Para ello, López Madrid, desde su puesto en el Grupo Villar Mir, aportó la empresa Elsan, que contaba con las calificaciones necesarias para optar a esos contratos.

El magistrado instructor prevé continuar los interrogatorios este miércoles con una pieza distinta de las 16 que componen el macrosumario del caso Púnica, la referida a las supuestas comisiones ilegales abonadas por directivos de la multinacional francesa Cofely a políticos de distintos Ayuntamientos por la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

El juez García-Castellón tiene previsto interrogar al exdirectivo de esta empresa, Pedro García, muñidor de la mayoría de los contratos. Según fuentes jurídicas, este previsiblemente admitirá las supuestas mordidas y dará al magistrado detalles de la operativa fraudulenta.

Un imputado, Victor Manuel Ortega, director de un medio de comunicación de Collado Villalba (Madrid) e imputado en la causa, ha pedido declarar voluntariamente ante el juez sobre el contrato de Cofely en su localidad, valorado en 43 millones de euros.