Sobrecostes en el Metro para pagar mordidas a la ‘Púnica’

La Guardia Civil ha remitido al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, un informe que certifica que la adjudicación en 2004 de tres obras millonarias de la red del Metro de Madrid estuvo plagada de irregularidades, como confesó el constructor David Marjaliza en enero. Este aseguró que el dirigente del PP Francisco Granados, el empresario Javier López Madrid y él se repartieron una comisión de 3,6 millones procedentes de los elevados sobrecostes que se pagaron.

Más información

Ignacio González y Francisco Granados se disputaron una mordida de un millón de euros

“Doné 60.000 euros al PP porque Granados quería llevarse bien con la dirección nacional”

“Regalaba televisiones y viajes. Era una forma de abonar el terreno”

Las obras bajo sospecha son las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004 por la empresa pública Mintra, responsable de ejecutar las infraestructuras de transporte en la Comunidad de Madrid y cuya presidencia ocupaba en aquel momento Granados en su condición de consejero de Transportes del ejecutivo de Esperanza Aguirre. Las obras fueron presupuestadas en 141,2 millones de euros, pero terminaron costando a las arcas públicas 216 millones. La empresa beneficiada por los supuestos amaños fue Obrum Urbanismo y Construcciones SL, en la que Marjaliza tenía una pequeña participación.

Entre la documentación que aportó Marjaliza el pasado mes de enero para respaldar sus acusaciones había numerosas facturas que recogían falsos conceptos de “asesoramiento” y “gestión” para cobrar las comisiones y, posteriormente, repartir parte de las mismas ya blanqueadas, entre López Madrid y el propio constructor. Marjaliza detalló que Granados recibió su supuesta parte de la comisión en negro y en metálico, y que los pagos se repartieron entre 2005 y 2007 con el objetivo de difuminar el rastro de la comisión y dificultar su detección.

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza a lo largo de 143 folios las supuestas irregularidades detectadas en la licitación y posterior adjudicación de las tres obras del Metro, así como las maniobras contables y empresariales a través de las cuales la trama Púnica se hizo con los contratos y ocultó las mordidas. El documento policial concluye que durante el proceso del concurso público de las tres obras se produjo “una injustificable ausencia de informes jurídicos” que, en opinión de los agentes, otorgó “una falta absoluta de control e inspección” a las adjudicaciones de Mintra.

“Escenario idóneo”

La Guardia Civil también afirma que el directivo de la empresa pública que tomaba las decisiones, Jesús Trabada —también imputado en la causa—, no motivó suficientemente las adjudicaciones al justificarlas con un genérico “por ser la oferta más ventajosa”. “Esa forma de proceder propició un escenario idóneo para la adjudicación de contratos de manera fraudulenta”, recalca el informe, que destaca en varias ocasiones que el control último sobre Mintra lo tenía el entonces consejero Granados, presunto cabecilla de la trama.

La UCO asegura que esta “opacidad y falta de transparencia” de la licitación de las obras se extendió a los contratos que se adjudicaron posteriormente como “obras adicionales y complementarias” y que encarecieron el coste final. En el caso de la construcción del Metro Ligero a Boadilla del Monte, ese sobrecoste fue de 48 millones de euros, un 56% más de los 86 millones inicialmente fijados como importe de la obra. En la ampliación del Metro Norte, prevista en 42,6 millones, los trabajos complementarios sumaron otros 13 millones (casi un 32% más). Y en la del Metro Sur, con un coste inicial de 12,1 millones, el precio final se disparó a los 26, un 118% más.