La Delegación de Gobierno de Madrid rechaza una concentración contra la exhumación de Franco

La Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado la concentración convocada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces frente al cementerio de Mingorrubio para este jueves. El mismo día en el que se trasladarán allí los restos mortales del dictador Francisco Franco.

Según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige María Paz García Vera, se ha acordado no permitir dicha concentración ante el "riesgo" de que puedan producirse "desórdenes públicos". La exhumación y reinhumación de los restos del dictador Francisco Franco se iniciarán este jueves a las 10.30 horas. Los restos van a ser trasladados al panteón de Mingorrubio, en el que ya está enterrada su viuda, Carmen Polo.

Según explicó el Gobierno en un comunicado, lo hará "en cumplimiento de la ley de memoria histórica de 2007, de la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados en 2017 y de los acuerdos adoptados posteriormente por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez en 2019".

El Gobierno instalará un escáner y un detector de metales para que nadie pueda grabar imágenes o sonido en los actos de exhumación. De manera que los 22 familiares de Franco (nietos, cónyuges y bisnietos, entre ellos Luis Alfonso de Borbón) que han confirmado que estarán presentes en los actos, así como las autoridades y operarios que participarán en la operación, habrán de pasar con sus pertenencias por un detector de metales y por el escáner.

La Fundación Nacional Francisco Franco también ha solicitado formalmente permiso a la Delegación del Gobierno para concentrarse durante todo el jueves en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Sin embargo, según fuentes de la Delegación del Gobierno, la resolución de esta demanda todavía no se ha formalizado. 

Cualquier ciudadano puede solicitar una manifestación en Madrid. El plazo, según Delegación del Gobierno, se tiene que hacer con un mínimo de 10 días de antelación, salvo en situaciones de urgencia, vinculada con la actualidad. El artículo 10 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión recoge que si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación.

“Si se considera que se puede estar poniendo en peligro la vida de una persona o bienes, entonces la delegación podría prohibirla. Pero tendría que justificarlo muy bien”, explica el profesor de Derecho Constitucional Fernando Álvarez Osorio. No obstante, ante esta decisión siempre cabe un recurso ante el juez, que deberá tomar una decisión en muy poco tiempo. Es decir: antes de que se produzca la manifestación.