Torra se queda solo en su huida hacia adelante

El presidente catalán, Quim Torra, se dio de bruces este jueves con la cruda realidad y se vio obligado a admitir hasta qué punto la mayoría independentista del Parlamento catalán es incapaz de traducirse en una mayoría de gobierno. Y no fue en una votación de trámite donde quedó al descubierto la debilidad de su Ejecutivo, sino justo el día que pretendía lograr apoyos para su plan sobre qué hacer una vez que el Tribunal Supremo ha condenado a los líderes del procés. Asediado por la oposición y por el Gobierno central por su resistencia a condenar las protestas violentas que se extienden por las calles catalanas, Torra se descolgó con una propuesta que dejó atónitos incluso a algunos de sus colaboradores. Ni más ni menos que repetir una votación sobre el “derecho a la autodeterminación”. E incluso esbozó un calendario.

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“Yo defenderé que al final de esta legislatura se vuelva a ejercer el derecho de autodeterminación”, dijo en el Parlament. “Si para poner las urnas por la autodeterminación nos condenan a 100 años, habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación”, insistió sin que nadie, ni sus más fieles colaboradores, aplaudieran tras el anuncio. En el Parlament había este jueves mucho más interés en que Torra explicara cómo piensa gestionar los disturbios que se repiten en las calles catalanas desde el lunes y que en la noche del jueves amenazaban con proseguir en dos concentraciones de signo opuesto en Barcelona.

El Gobierno central ve contraproducente tomar más medidas en Cataluña

La propuesta de Torra entronca con su autoimpuesta misión de hacer efectiva la declaración de independencia fallida de 2017. Pero ni sus socios de Esquerra Republicana ni tampoco buena parte de Junts per Catalunya cree viable esta opción. Torra buscó con este movimiento una vía para alargar una legislatura catalana que todos en el Parlament dan ya por muerta dos años antes de lo que tocaría. La del jueves fue recibida por ERC como una propuesta trampa para obligarles a mantener su apoyo al Govern mientras dure el tira y afloja a fin de intentar un nuevo referéndum ilegal u otras elecciones que se conviertan en un plebiscito sobre la independencia. “No es el momento de ponerse plazos”, respondió el portavoz de ERC, Sergi Sabrià. Tampoco la CUP aceptó el plan de Torra. El resto de la oposición se limitó a pedir la dimisión del president por el estado de degradación al que han llegado las cosas en la Generalitat. El broche de oro puede llegar este viernes con la huelga general que sindicatos minoritarios del independentismo han convocado para protestar contra la sentencia y a la que el Govern ha dado su apoyo. En un intento de recuperar la iniciativa, Torra se reunió con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Mientras en Cataluña estalla la división en el independentismo, en la política nacional también se aleja la unidad. El PP ya pide directamente la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras Ciudadanos le acusa de inacción. El Ejecutivo, sin embargo, parece decidido a mantener la posición y a no tomar ninguna medida extraordinaria como aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, que supondría tomar temporalmente el control de los Mossos. No se hace, explican fuentes del Ejecutivo, por motivos operativos, legales y políticos.

La Moncloa mantiene una vía de comunicación con Esquerra a través de Pere Aragonès

Los Mossos, señalan las mismas fuentes, son los que mejor conocen el terreno y es clave que estén coordinados con la Policía y la Guardia Civil, al contrario de lo que sucedió en 2017. Si se tomara cualquier medida drástica, se pondría en riesgo esa coordinación y podría tener el efecto contrario al buscado: que los Mossos empezaran a funcionar peor como respuesta a lo que se podría ver como una agresión. Pero, además, no hay forma legal de justificar esa decisión mientras funcione la coordinación. Y por último, en el Gobierno esgrimen un motivo político de fondo: el independentismo vive una enorme contradicción precisamente porque son los Mossos los que protagonizan, dirigidos por sus mandos políticos independentistas, las cargas más duras en los disturbios. Si pasaran a estar a las órdenes del Gobierno central o fuera directamente la Policía la que fuera al choque, como en 2017, el independentismo tendría mucho más sencillo el discurso de “la represión de Madrid” que siempre une mucho a sus filas. Por todos estos motivos, el Gobierno no prevé tomar medidas más contundentes.

Aun así, el Ejecutivo, que el jueves reunió de nuevo a su comité de coordinación, esta vez presidido por Pedro Sánchez de forma extraordinaria y con clara proyección mediática —fueron enviadas imágenes por primera vez—, no descarta ninguna opción. La presión de la oposición es muy fuerte, y el jueves el PP pidió la dimisión de Marlaska por ir a cenar el miércoles a un conocido bar madrileño en plena escalada de tensión en Cataluña. El ministro contestó que él trabaja “24 horas” y que fue a cenar con su jefe de Gabinete y siguieron trabajando allí.

El ministro compareció en La Moncloa y fue especialmente duro con Torra, que para La Moncloa es el principal problema. Incluso en estos momentos tan tensos, el Gobierno mantiene la interlocución con ERC —Pere Aragonès habla con La Moncloa y Gabriel Rufián mantiene el contacto con el PSOE—, pero los puentes están rotos con el mundo de Torra, Carles Puigdemont y sus seguidores.