Torra llega al debate de política general sin concretar la respuesta a la sentencia

El debate de política general marca el pistoletazo de salida de la actividad en el Parlament tras el verano y el de este año —que comienza este martes y se extenderá hasta el miércoles— se ofrece lleno de interrogantes. La inminencia de la publicación de la sentencia del juicio a los líderes del procés; la tensa relación entre los socios del Govern; la negociación de los Presupuestos y la proximidad de las elecciones generales son el marco de una sesión sobre la que también planea la duda de cuál será la respuesta al fallo, que el president Quim Torra se resiste a explicitar.

Desde antes del verano, Torra ha celebrado una serie de encuentros con partidos, entidades independentistas y sindicatos para intentar encontrar una respuesta consensuada ante la sentencia del Tribunal Supremo, que consideran que será condenatoria. Pese a todo este trabajo previo, los socios del Govern no han sido capaces de llegar a un acuerdo y han aireado sus diferencias de criterio en público, sumando así más enfrentamiento en su ya complicada convivencia como socios en el Palau de la Generalitat.

Esquerra, por ejemplo, ha llegado a pedir un gobierno de concentración que integre a los comunes y la CUP, o hasta un adelanto electoral. Dos propuestas que cuentan con la oposición de Junts per Catalunya. Los comunes y los anticapitalistas también rechazaron esa posibilidad. Incluso Torra desautorizó a su consejera de Empresa, Àngels Chacón, que planteó dudas sobre el sentido y la duración de la llamada “huelga de país”, una fórmula que se ha propuesto desde las entidades independentistas.

La sentencia, de acuerdo con los cálculos de miembros del propio Tribunal Supremo, se hará pública antes del 12 de octubre, lo cual recorta aún más el tiempo de reacción del Govern. La portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, aseguró la semana pasada que no había nada cerrado y enfrió las posibilidades de que el president revele este martes, en una intervención que no tiene límite de tiempo fijado, cuál será la respuesta institucional ante una hipotética sentencia condenatoria.

Con todo, los comunes apretaron la semana pasada a Torra para que explique sus planes postsentencia, una petición que tiene el trasfondo de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat y en la que Catalunya en Comú-Podem se plantea como el único socio posible para acabar con dos años de prórroga en las cuentas. Sin unos nuevos Presupuestos, la continuidad del Gobierno de Torra queda en entredicho aunque ha ganado tiempo con la decisión de la justicia de postergar su juicio por desobediencia por no haber quitado el lazo amarillo del Palau.

Colau le había ofrecido al president llegar a un acuerdo en este sentido a lado y lado de la plaza de Sant Jaume —la alcaldesa también funciona con cuentas prorrogadas— y Torra había recogido el guante, según verbalizó el consejero de Territorio, Damià Calvet, en agosto. Pero ERC ha enfriado las posibilidades del cambio de cromos y cree que cada negociación debe seguir su propio camino.

El debate también era una oportunidad para medir los discursos de todas las formaciones de cara a la nueva convocatoria electoral del próximo 10 de noviembre. Junts per Catalunya y Esquerra tenían en sus intervenciones una oportunidad de marcar perfil frente a la manera como se gestionó el apoyo o el rechazo a la investidura fallida de Pedro Sánchez.

Sin embargo, la detención, el pasado lunes, de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República a los que la Audiencia Nacional les acusa de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos les permite a republicanos y neoconvergentes aparcar sus diferencias y cargar conjuntamente contra el Estado, que consideran que intenta atizar el supuesto discurso del independentismo violento. Ambas formaciones, de hecho, ofrecerán una imagen de unidad con una reunión conjunta antes de que comience la sesión.