La oposición vincula las decisiones de Almeida con Madrid Central con la denuncia de la UE

La previsión de que Bruselas apruebe este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica ha retumbado en Madrid, la ciudad, junto a Barcelona, donde más se infringe el reglamento europeo. La oposición vincula la decisión del nuevo gobierno de poner una moratoria de multas a Madrid Central -paralizada por tres autos judiciales e investigada por la Fiscalía- con la resolución europea, que puede terminar en una multa millonaria. El Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida recuerda que el periodo de infracciones corresponde al gobierno anterior, de Ahora Madrid, y sostiene que "la decisión evidencia que todos los planes que se han puesto en marcha para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno han fracasado, incluido Madrid Central".

Madrid está bajo la lupa de la Comisión Europa desde 2015, cuando inició un expediente sancionador. A la luz de las medidas previstas para reducir la contaminación, como Madrid Central, decidió dejarlo en pausa en 2018. Ahora lo retoma después de que el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, escribiese una carta de aviso el 9 de julio, en plena polémica por la moratoria de multas.

"Cuando te están dando avisos de que tienes que profundizar en las medidas contra la contaminación y te exigen más compromiso, poner en duda lo que ya se está haciendo, por retraso o moratoria, es algo que tiene consecuencias, y las ha tenido", afirma Inés Sabanés, concejal de Más Madrid e impulsora de la zona de bajas emisiones del centro de la capital. Esa es una de las medidas de las contenidas en el Plan A de Calidad del Aire aprobado durante el mandato de Manuela Carmena.

"Suprimir de facto Madrid Central es una medida irresponsable que tiene efectos, como el de la remisión del procedimiento sancionador desde la Comisión al Tribunal de Justicia de la UE", opina el portavoz del PSOE, Pepu Hernández. "A nadie se le escapa que hay una relación entre la decisión de Martínez-Almeida y la reactivación del procedimiento. Por eso, esperamos que al gobierno municipal no se le pase por la cabeza recurrir los tres autos judiciales que suspendieron su moratoria de sanciones", añade.

Fuentes de la Comisión señalaron a este periódico que, dado el cuasipermanente incumplimiento de los límites en Madrid “no tiene mucho sentido retirar una medida paliativa antes de que se pongan en marcha otras alternativas”. Fuentes municipales señalan que esa apreciación no está en ningún documento oficial y que se decide denunciar a España es por los reiterados incumplimientos desde 2010 a 2017.

La decisión de la Comisión Europea, insiste el Ayuntamiento en su respuesta oficial, "no es una consecuencia de las políticas llevadas a cabo por este equipo de Gobierno, que apenas lleva mes y medio al frente de la Administración". "Esta decisión evidencia que todos los planes que se han puesto en marcha para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno han fracasado, incluido Madrid Central, ya que en 2018 y en lo que llevamos de 2019 tampoco se ha cumplido con la directiva europea", añaden. En febrero de 2019 ya se superó el valor límite horario para todo el año en una de las estaciones más problemáticas, la de plaza Elíptica.

La Corporación local subraya que "las medidas para luchar contra la contaminación que están operativas en Madrid son las mismas que aprobó la anterior Corporación en septiembre de 2017 con el Plan A de Calidad del Aire". Los jueces han considerado en tres autos diferentes, sin embargo, que la moratoria de tres meses que aprobó el Ayuntamiento sobre Madrid Central y que ellos han suspendido cautelarmente supone "dejar sin efectos prácticos Madrid Central durante meses", en los que "se estarían emitiendo gases contaminantes en la zona afectada que afectará al medioambiente y a la salud de las personas".

"Nos comprometemos a presentar ante la UE durante los próximos meses un modelo alternativo para paliar la polución y evitar la sanción a España", asegura el gobierno de Almeida.

A Sabanés, que se ha pasado cuatro años intentando evitar la sanción, le parece "muy grave" que el Ayuntamiento no haya enviado ya un plan alternativo. "Si tomas medidas que tocan por acción o por omisión lo que ya está enviado a la Comisión Europa y que afectan a tus compromisos con Europa, tienes que explicar muy bien por qué lo haces y la efectividad", dice, y denuncia la falta de rigor del Ayuntamiento que en su argumentación, elude analizar las tendencias de contaminación, no aporta referencias metodológicas sobre sus datos ni ha reunido a la Comisión de Calidad del Aire.