Barcelona, el dique de contención del ‘procés’

El otoño de 2017 no fue apacible en Barcelona. La agitación política de la consulta independentista ilegal y las manifestaciones que día sí y día también llenaban el centro de la ciudad invitaban a casi todo menos a emprender proyectos en la capital catalana. Hubo huelgas y de toda Cataluña llegaban manifestantes que mantenían la ciudad en permanente estrés. Pero mientras la economía catalana aguantaba la respiración con la fuga de decenas de empresas cada día —al final sumaron cerca de 5.000—, en un rincón de la ciudad florecía el Pier01. A simple vista no es más que un recinto de oficinas modernas y sin paredes con vistas al puerto de la ciudad. Pero cuando se mira bien, se convierte en una suerte de pecera casi a prueba de bombas y con la actividad frenética de un millar de trabajadores.

Más información

Elecciones municipales y autonómicas: la jornada electoral en directo

La economía catalana resiste la incertidumbre soberanista y crece por encima de la media

La tecnología tira de la economía barcelonesa

Daniel Oliver es uno de los emprendedores que instaló su empresa en este vivero de start-ups. Lo hizo precisamente en 2017. Capital Cell se dedica a poner en contacto proyectos de biotecnología que necesitan financiación con pequeños inversores. Oliver tiene claro que quería crecer en Barcelona: “Aquí está el 80% de las biotech españolas y el 80% del crowdfunding del sector”. Tiene ocho trabajadores pero cada vez que quiere incorporar nuevos empleados se encuentra con que la mayor parte de currículums le llegan de fuera de España. “Barcelona tiene talento y poder de atracción”, sostiene.

Proyectos como el Pier01, donde conviven pequeñas start-ups como la de Oliver con divisiones de innovación de grandes empresas como Seat, han sido clave para que Barcelona haya podido capear la inestabilidad política y económica derivada del procés. “La economía, una vez más, ha funcionado al margen de la política y el Pier01 lo ejemplifica”, explica Miquel Martí, director general de Barcelona Tech City, la asociación que impulsa el vivero.

La vida económica ha sido clave para que Barcelona haya podido actuar como una especie de dique de contención de los efectos más desestabilizadores del procés. La ciudad se las ha apañado para digerir el embrollo sin apartarse definitivamente de los retos globales que tiene como centro de un área metropolitana de 3,2 millones de personas.

El Ayuntamiento también ha sido relevante para que el procés no monopolizara la vida política de la ciudad. La alcaldesa, Ada Colau, a quien los independentistas atacan por tibia y los no independentistas critican por haber sido poco beligerante, ha logrado mantener su propia ruta, un poco más centrada en los retos sociales que afectan a casi todas las grandes ciudades europeas. Desigualdad, contaminación y turismo descontrolado siguen en lo alto de su agenda. Y aunque soluciones concretas ha habido pocas, sí se han puesto las bases para limitar la expansión hotelera y frenar la brecha entre barrios ricos y pobres, que no paraba de crecer.

La gran tensión hoy es producto de la carestía de la vivienda. Tras un mandato con una activista antidesahucios al frente del Ayuntamiento los alquileres han subido casi un 35% y el parque público sigue estancado en el 2%. Una bomba de relojería para una ciudad encajonada entre el mar y la montaña y en la que el metro cuadrado edificable es un verdadero lujo.

Cuesta encontrar diferencias programáticas de gran calibre entre los tres grandes partidos que aspiran a gobernar. Colau y su coalición de izquierdas Bcomú tiene apuestas para la ciudad que fácilmente pueden encajar con las de su principal rival, Ernest Maragall (ERC). Lo mismo pasa con el Partit dels Socialistes, cuyo candidato, Jaume Collboni, aspira a hacer un buen papel impulsado por la fortaleza de la marca del partido en toda España. El empate entre Colau y los independentistas ha sido la tónica de las encuestas electorales y queda por comprobar si el mayor impulso de la alcaldesa durante la campaña le permitirá revalidar el cargo.

En cualquier caso, y haya quien haya en el Ayuntamiento, los problemas de mañana serán los mismos que durante la campaña electoral. 30.000 personas siguen esperando un piso público. Y en los distritos ricos la esperanza de vida es hasta cinco años superior que en los pobres. La receta es clara para la presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Acción Social, Sonia Fuertes: “Falta una visión supramunicipal del problema de la vivienda y un pacto de todos los partidos contra las desigualdades; si no, no saldremos de esta”. Habrá que ver si el procés permite estos pactos.