La Xunta conoció el pago de 150.000 euros al director de la Fundación Cela por el que se juzga a Marina Castaño

La Xunta de Galicia sabía lo que iba a costarle en 2010 el despido del director de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, por el que se sientan en el banquillo de los acusados esta semana Marina Castaño, el exconselleiro de Fraga Dositeo Rodríguez, su hija Covadonga y el propio Cavanna. En la segunda sesión del juicio por supuesta malversación de caudales públicos, el entonces secretario general técnico de la Consellería de Cultura, hoy de Sanidade, Antonio Fernández-Campa, ha declarado que "cree" que "en junio" de ese año (el mes en que se hizo efectivo el despido) su departamento tuvo constancia de la cifra: 150.000 euros netos, por los que además luego los interesados no tributaron a Hacienda. "En junio creo que fue cuando me enteré", ha respondido a las preguntas de la acusación. Sin embargo, luego se le ha exhibido un correo electrónico anterior en el tiempo que él mismo había recibido de Dositeo Rodríguez, patrono de la fundación con influencia en la Xunta que hacía de correa de transmisión entre la fundación y Cultura en el momento en que la agonía financiera de la institución de Cela obligó a su rescate.

Aquel correo fechado a principios de mayo de 2010 llevaba otros mensajes adjuntos que previamente se habían enviado entre sí Dositeo Rodríguez y Tomás Cavanna, y en ellos según sostiene la acusación ya se hablaba de aquella cifra redonda. "Defiendo los 150.000 euros", decía en un mensaje el que en pocos años fue nombrado miembro del Consello de Contas de Galicia. "Para la fundación es neutral, equivale a los salarios que habría que pagarte hasta tu jubilación", comentaba también a Cavanna. Pero "tu indemnización tendrá que pagarse con dinero público", advertía, y por eso, continuaba, la operación precisaba la autorización "de la Xunta".

Entre los dos convenios anuales que solía firmar la Fundación Cela con la Administración gallega y una adenda extraordinaria que se aprobó el 2 de julio, después del despido del director, para hacer posible el plan de viabilidad de la institución entonces privada, la sede del Nobel en Iria Flavia (Padrón) recibió cerca de medio millón de euros aquel año. La adenda, de 207.000 euros, tenía por objeto sanear, pagar las deudas con proveedores y respaldar económicamente el plan de ajuste de personal (echar a tres empleados además de al director). Pero 150.000 euros se destinaron a abonar la indemnización de Cavanna. Según han declarado algunos acusados y testigos, esa cifra es la que pidió el que había sido gerente de la institución durante 17 años desde que supo que iba a marchar con la arribada de la Xunta.

Durante el "proceso de supervivencia" de la fundación, que empezó en 2010 y acabó con la total conversión en pública en 2012, Fernández-Campa tuvo como interlocutores en la casa a Dositeo Rodríguez y su hija. Covadonga Rodríguez había sido contratada en 2008 (cuando la Fundación Cela ya estaba en crisis) como subdirectora con vistas a que algún día se jubilaría Tomás Cavanna, director-gerente, que en años anteriores, después de algunos fracasos en la gestión, había puesto su cargo a disposición del patronato. Con el despido de Cavanna, la hija del exconselleiro del PP se convertía en directora-gerente en funciones y se afianzó en este cargo tras el desembarco de la Xunta y la transformación de la fundación en pública. Tras su imputación, renunció a la dirección pero volvió a ser subdirectora y en esa posición se mantiene. La fiscalía pide para cada uno de los cuatro acusados cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, además de la devolución del dinero público supuestamente malversado. La acusación particular, ejercida por el abogado Xosémaría Rodríguez en nombre de Lola Ramos (denunciante de una causa original que ha sido archivada pero que sirvió para destapar esta otra), reclama cinco de cárcel y 10 de inhabilitación.

En varios momentos de su declaración como testigo, Fernández-Campa ha dicho que el despido de Cavanna iba a correr por cuenta de la Fundación Cela, que era privada, y que no sabe "cuándo se tomó la decisión de pagarla con dinero de la Xunta". El propio conselleiro, a la sazón Roberto Varela (que hoy no ha acudido a declarar, aunque estaba citado, porque vive en París), había afirmado en una entrevista "la deuda deberá asumirla la institución, que cuenta con patrimonio para hacerlo". La Fundación Cela no tenía liquidez, pero sus fondos y sus inmuebles estaban tasados en más de 12 millones de euros.

El sueldo de Cavanna, "incluso superior al del presidente de la Xunta", elevaba el gasto de personal de la entidad hasta un nivel "difícilmente" asumible "por el sector público", ha comentado Fernández-Campa. Al alto cargo le constaba además que un año antes la justicia había declarado nulos varios despidos de empleados. "No podíamos recibir la fundación si no estábamos seguros, si no había la certeza de que era viable", ha defendido: "Cuantos menos hilos sueltos, mejor". Pero el fiscal Álvaro García Ortiz y el letrado Xosémaría Rodríguez creen que los acusados "orquestaron", de "común acuerdo", un proceso de despido "simulado" que no era legal.

Aunque en la comunicación oficial de su despido ponía 96.000 euros, enseguida Cavanna y Covadonga Rodríguez se vieron en la SMAC (Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación) y firmaron 150.000. Eso ocurría el 3 de junio. Y el "hilo suelto" afloró dos años más tarde, después de que la policía registrase la fundación y volcase el contenido de los ordenadores en 2012. Ese cabo deshilachado se ha alargado hasta llegar al juicio por presunta malversación de esta semana. Aunque el Estado sí lo llegó a hacer, la Xunta nunca se personó como acusación.

Pero según han declarado en la segunda sesión Fernández-Campa y el ex rector de la Universidade de Santiago y expatrono de la fundación Senén Barro, en la junta del patronato que previamente debía aprobar el despido de Cavanna no se pusieron cifras sobre la mesa. "No se habló del importe exacto", ha asegurado Fernández-Campa. Hoy también estaba llamado a testificar José Luis Delso, exsecretario de la junta de patronos, pero se hallaba en Estados Unidos.

El 27 de mayo de 2010, Fernández-Campa asistió con el conselleiro de Cultura a aquella junta en la Casa dos Coengos de Iria Flavia. El despido "por causas objetivas" de Cavanna se aprobó por unanimidad de los patronos porque su sueldo, unos 110.000 euros anuales (el 25% del presupuesto de la entidad), no tenía encaje en una entidad que se iba a convertir en pública. Se dijo que se le despediría "conforme a la ley", ha recordado Barro. La fiscalía concreta los términos en su escrito de acusación: "20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades" (los 96.000 euros). La acusación defiende que la negociación del dinero del despido se llevó a cabo por los acusados de espaldas a la veintena de patronos, en una época en que la Xunta ponía ya casi todo el dinero pero tenía solo cuatro representantes allí.

"La Xunta no tenía ninguna competencia"

Los cargos de la Xunta que han acudido a testificar han explicado que el plan de viabilidad fue justificado por la Fundación Cela y que los "órganos de control" de la Administración entendieron que "estaba dentro del convenio" firmado. No obstante, el secretario general técnico de la Consellería de Educación, Jesús Oitavén, y el entonces secretario general técnico de Cultura, Fernández-Campa, han desvinculado de responsabilidad directa a Xunta a la hora de decidir la indemnización de Cavanna, algo que, según han dicho, correspondía fijar a la Fundación Cela. Aunque el dinero fuese público, "formalmente, quien pagaba era la fundación".

"La Xunta no tenía ninguna competencia para autorizar o desautorizar" el despido, ha asegurado el ex responsable de Cultura: "Desde la fundación se nos notificó que habían alcanzado un acuerdo", ha añadido. Ayer, sin embargo, en su declaración como acusada, Covadonga Rodríguez relató cómo antes de acudir al SMAC para el acto de conciliación (que la fiscalía considera amañado previamente por los acusados) hubo una "llamada" de la Xunta para darle el visto bueno a los 150.000 euros. Aunque los acusados insisten en que es una negociación normal y legal, "como tantas otras", la acusación no comprende, "si todo era tan transparente", por qué en la carta de despido se hablaba de 96.000 euros y no se expuso directamente a los patronos la verdadera cuantía final.