Mentiras, ‘espías’... y Aguirre pasando palabra

Al término de una de las sesiones del juicio del caso espías, la magistrada Paz Redondo ya advirtió a los nueve miembros del jurado: durante sus deliberaciones, no solo tendrán que decidir si los seis acusados malversaron caudales públicos para seguir a adversarios políticos de Esperanza Aguirre, sino que también tendrán que fundamentarlo. No vale con decir si son culpables o inocentes de utilizar dinero de la Comunidad de Madrid para espiar al exconsejero Alfredo Prada o al exvicealcalde Manuel Cobo, sino que tendrán que justificarlo en base a lo oído y visto durante las intensas doce jornadas de una vista oral que concluyó este martes, con el derecho a la última palabra que ejercieron cinco de los procesados.

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"Soy inocente", se defendieron, poniendo así punto final a un juicio que ha devuelvo al escenario público las guerras intestinas de un PP regional golpeado después por Lezo, Púnica y Gürtel; que ha dejado la escena de Aguirre revisando la tableta a las puertas de la Audiencia Provincial —horas antes de emerger como participante del concurso Pasapalabra—; y que se ha sumergido de refilón en las cloacas del Estado, con las acusaciones de un comisario de que sus superiores no le dejaron investigar quién daba las órdenes de espionaje en el PP. Le toca ahora al jurado separar el grano de la paja.

Alguien miente. Para las acusaciones, el testimonio de dos de los supuestos espías se ha convertido en un elemento clave. José Oreja y Antonio Coronado, guardias civiles en excedencia, formaban parte del grupo de asesores de seguridad contratados por la Comunidad de Madrid. Y, según declararon en el juicio, el director de dicha área, el también procesado Sergio Gamón, les dio "órdenes ilegales" para seguir a políticos del PP por "especial interés de Ignacio González" —aunque matizaron que las desobedecieron—. "Hay que dar validez a estas declaraciones porque van en su contra", opina el abogado de la Comunidad, personada como acusación particular. Pero Gamón siempre ha negado que diese esas instrucciones: "Nunca lo hice", sentenció. ¿Quién dice la verdad?

Las pruebas, a prueba. Las defensas y también la Fiscalía, que en este juicio no acusa y pide la absolución, se han esforzado en los últimos días en sembrar dudas y pedir la nulidad de un informe de la Policía Nacional que resulta clave para vincular a los acusados con los seguimientos. El documento elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en base a los posicionamientos de los teléfonos móviles de los acusados, ratificado por dos comisarios, sitúa a tres de ellos junto a las víctimas los días que se produjeron los espionajes. Y coincide, además, con los partes de seguimiento desvelados por EL PAÍS en 2009, cuando estalló el escándalo. Según los abogados de los implicados, ese informe policial se fundamenta en datos obtenidos de forma "ilegal". Y el ministerio público sostiene que no se debe tener en consideración porque el comisario instructor que lo elaboró —que concluyó en su declaración que los seguimientos se habían producido— denunció que recibió presiones durante las pesquisas. Por todo ello, el jurado deberá decidir qué peso le otorga en su resolución.

Además, el abogado de otro acusado, el funcionario José Manuel Pinto, también intentó desmontar otra de las pruebas incluidas en la causa. Su letra manuscrita aparece sobre alguno de los informes de seguimiento, según confirmaron los peritos caligráficos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Puedo afirmar sin ningún género de dudas que esas anotaciones son de Pinto", subrayó uno de los agentes. ¿Por qué estaban allí? Nadie ha sabido responder a esa cuestión. Pinto sigue negando que las hiciera él.

En busca de la X. Según Ramón González Bosch, abogado de tres de los acusados, en este caso no interesa saber "quién es la X". Qué cargo político dio las órdenes de espionaje, que dos de sus clientes, Oreja y Coronado, aseguran les transmitió Gamón. Porque ellos repiten, en boca de su letrado, que son solo los "soldados": "Y como en todas las guerras, no mueren los generales, sino los soldados". De hecho, los dos comisarios de la UDEF también inciden en que los guardias civiles son solo los "mandados". "Era una actividad ordenada por alguien, pero allí no llegamos", afirmó el comisario Jaime Barrado, que acusó a su superior, José Luis Olivera, y al entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, de impedirle tratar de averiguar qué cargos populares podían estar detrás: "El PP estaba metido", subrayó.

El PP que "no sabe nada". El juicio se convirtió también en un desfile de ex altos cargos de Aguirre. Ignacio González, Francisco Granados, Salvador Victoria... y la propia expresidenta acudieron a declarar como testigos. Pero, según repitieron insistentemente, nada saben de este tema. La exjefa del Ejecutivo regional y su sucesor llegaron a negar que departiesen con Cobo y Prada del asunto. Y la exlider del PP, con un comedido tono, aseguró incluso que ni recordaba que se había formado una comisión interna en su Gobierno para tratar de esclarecer los hechos. Únicamente se acordó, dijo, al comentarlo Granados días antes en la vista.

Informe en la Asamblea. La pasada semana, en pleno juicio, la comisión de investigación sobre la corrupción política del Parlamento autonómico aprobó unas conclusiones que consideran "demostrado" que se produjo el espionaje. "Las personas que fueron objeto de seguimiento comprobado estaban claramente posicionadas políticamente frente a Esperanza Aguirre en el seno del PP, lo que induce a concluir que solamente podían tener interés en conocer los movimientos o actividades de esas personas la propia Aguirre y su entorno más cercano", subraya el documento, que obtuvo luz verde de los grupos de la oposición.

En estas conclusiones —que señalan como responsables políticos a la expresidenta, a González, a Granados y a Gamón—, la Cámara también resalta que es "evidente que los seguimientos se produjeron, ya que existen pruebas gráficas y conversaciones grabadas que lo corroboran". Además, Cobo y Prada confirmaron que su agenda pública y privada coincidía con el contenido de los partes presuntamente elaborados por el grupo de asesores que supuestamente protagonizaron este episodio en 2008, cuando Aguirre se lanzaba a la pugna del poder contra Mariano Rajoy. "Y ella es responsable in vigilando por no haber detectado (voluntaria o involuntariamente) las irregularidades y actividades al margen de la legalidad que se pudieron realizar", concluye la comisión.