Mortadelo, Filemón y los ‘espías’ del PP

Las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ejercía como ministro del Interior cuando estalló el caso espías en 2009, parecen ahora premonitorias. "Esto es una cosa de Mortadelo y Filemón", dijo hace casi una década para defenderse de los ataques del PP, que lo había acusado de estar detrás de la trama surgida en el seno del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Al poner en duda la profesionalidad de los implicados, el dirigente socialista desvinculaba a Interior y al CNI. Pero también describía la extravagante forma de actuar del grupo de asesores que supuestamente siguió a adversarios políticos de la expresidenta de la Comunidad y que se sienta desde la pasada semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, donde este lunes se ha vivido una esperpéntica sesión: tres de los cinco testigos previstos —entre ellos, Ignacio González— no han aparecido por errores en las citaciones.

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Sí lo ha hecho, en cambio, Aguirre. Aunque de poco servirá su declaración a los nueve miembros del jurado. La expresidenta regional ha repetido que nunca supo de los seguimientos; que Francisco Granados nunca le comunicó que le habían informado de ello dos de los acusados y que las víctimas, Manuel Cobo y Alejandro Prada, nunca le hablaron de los seguimientos —que denunciaron a los tribunales—. Ha dicho, también, que no se acordaba de que su Ejecutivo había formado una comisión de investigación interna para aclarar los hechos: según ella, no lo recordó hasta la pasada semana, cuando Granados lo contó en su comparecencia como testigo en la vista oral.

Mar Pérez Merino, ex secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, tiene más frescas esas pesquisas. Ella se encargó de impulsarlas. "Pero la conclusión fue que no había nada extrañó que investigar. No había ningún gasto externo sospechoso y las personas no respondieron nada raro", ha afirmado, durante una declaración que ha cerrado la breve sesión de este lunes.

La juez Paz Redondo, que preside el tribunal, ha dado por terminada la jornada apenas una hora después de que arrancara. Porque, de los cinco testigos previstos, solo Aguirre y Pérez Merino han comparecido. No lo han hecho Marcos Peña, ex policía nacional fichado por Granados; Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón, considerado como el cabecilla de la trama; e Ignacio González, al que la juez ha amenazado en un primer momento con detener si no se presentaba este lunes al juicio. Pero, tras un receso, el tribunal ha comprobado que realmente había citado al expresidente para el 12 de febrero.

Además, también se ha citado mal a Peña. Y, en lo referente a Laviana, cuando la sala ha contactado por videoconferencia con la supuesta testigo, la magistrada se ha percatado de que se había notificado la convocatoria a otra persona que nada tiene que ver con la exesposa de Gamón. Su testimonió ha quedado entonces descartado, según ha acordado el tribunal. Y, por tanto, no se escuchará en el juicio la declaración de la exmujer del presunto cabecilla, que había denunciado públicamente que su expareja espió al consejero Prada: "Gamón ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González". "Ignacio González [entonces vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada", dijo Laviana en una entrevista concedida a EL PAÍS.

"Escaso interés por la causa"

Estos errores se producen en un juicio que, hasta ahora, se ha desarrollado con una acusación muy desdibujada. La fiscalía pide la absolución de los procesados. El abogado del PSOE, que ejerce la acusación popular, apenas ha preguntado a las seis personas que se sientan en el banquillo: la juez llegó a reprocharle "el escaso interés que muestra por la causa". Y el letrado de la Comunidad, personado como acusación particular, tampoco ha planteado cuestiones este lunes a Aguirre.

La clave de los primeros seis días de vista oral, por tanto, deriva de las contradicciones de los presuntos espías. Dos de ellos, los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, afirmaron que Gamón les ordenó seguir a cargos públicos "por especial interés de Ignacio González". Este lo negó. Y falta escuchar al expresidente de la Comunidad, entonces vicepresidente de Aguirre.