Dos supuestos espías del PP confiesan que recibieron órdenes para seguir a políticos

Los primeros acusados en hablar en el caso espías han apuntado hacia arriba. José Oreja y Antonio Coronado, dos de los agentes contratados por el Gobierno madrileño que supuestamente siguieron a rivales políticos de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta, han confesado este miércoles que recibieron órdenes de sus superiores para espiar a políticos. Según han repetido los dos durante su declaración en el juicio que se celebra desde esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid, las instrucciones se las dio el director de Seguridad del Ejecutivo autonómico, Sergio Gamón, también procesado en la causa. Y les dijo que debían hacerlo por "especial interés de Ignacio González", entonces vicepresidente y mano derecha de la jefa del Gobierno regional.

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Oreja, guardia civil en excedencia, ha sido el primero en declarar. Y también en confesar. Ha recalcado desde el primer momento que recibió "órdenes ilegales" para seguir, entre otros, a Manuel Cobo, exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid y número dos de Alberto Ruiz-Gallardón; a Alfredo Prada, exconsejero autonómico; y a Cristina Cifuentes, rival de Aguirre dentro del PP. Según ha contado, las instrucciones se las dio Gamón, pero ha asegurado que las desobedeció y las denunció a Francisco Granados. Lo mismo ha dicho Coronado, también agente del instituto armado y que comparte abogado con su compañero: "Nos ordenaron unos seguimientos, no los cumplimos y los denunciamos al consejero [Granados], que nos dijo que no nos preocupásemos y que era una cosa política".

Con esas palabras, ambos han querido levantar en ese punto el muro de su defensa. Porque, a partir de entonces, los dos acusados han repetido con insistencia que "nunca" hicieron las labores de espionaje que les encargaron, pese a que el posicionamiento de sus móviles los sitúa cerca de los domicilios de las víctimas. Según su versión, eso se debe a que sus jefes les "mandaban a sitios públicos para hacer coincidir el teléfono con el posicionamiento que ellos querían". También han aprovechado para desvincularse de los detallados informes elaborados sobre los seguimientos y desvelados por EL PAÍS en 2009.

"Estos documentos no tienen nada que ver con las notas que yo hacía, que no tenían contenido incriminatorio alguno", ha remarcado Oreja. "No se parecen ni en las forma ni en el contenido", ha continuado Coronado sobre unos papeles que supusieron el inicio de una investigación que ha tardado una década en llegar a juicio y que ha sobrevivido a tres intentos de archivo impulsados por la juez instructora. "Están hechos para imputarnos y traernos aquí", ha apostillado uno de los guardias civiles.

Con sus testimonios ha comenzado este miércoles el turno de declaraciones de los seis acusados por el caso espías, donde se juzga un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La fiscalía solicita la absolución al considerar que no han quedado acreditados los seguimientos, pero la Comunidad de Madrid y el PSOE —personados como acusaciones particular y popular— piden hasta cuatro años de prisión.

Reproche al abogado de los socialistas

La sesión de este miércoles ha servido también para observar que el peso de la acusación recae, de momento, en el abogado del Gobierno regional. El letrado que representa a los socialistas apenas ha intervenido y hecho preguntas a los acusados que han declarado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. E incluso, tras tardar en volver tras un receso, la jueza le ha reprochado "el escaso interés que muestra por la causa".

La magistrada ha informado, además, que Manuel Cobo no podrá acudir a declarar como testigo el próximo viernes, por encontrarse en el hospital tras una intervención. La juez ha abierto la puerta a que, si se recupera, pueda hacerlo antes de que acabe la vista oral. Por tanto, los nueve miembros del jurado no podrán escuchar esta semana el relato del vicealcalde, que denunció la existencia de una "gestapillo" dentro del Gobierno de Aguirre. 

El tribunal sí ha oído este miércoles, en cambio, la versión de José Manuel Pinto, también acusado. Este funcionario de la Comunidad de Madrid ha negado que sean suyas las notas manuscritas que aparecen sobre los informes de seguimiento, pese a que varios informes caligráficos de peritos, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil así lo atestiguan. "Yo soy el último de la fila", ha expuesto para defender su inocencia.

Este jueves continúa el juicio con la declaración de los otres acusados: Sergio Gamón, director de Seguridad en la etapa de Aguirre; Miguel Castaño, su número dos; y el guardia civil Luis Caro. El viernes comienzan a pasar por la sala los testigos. Ese día lo hará Francisco Granados. El lunes le llegará el turno a Esperanza Aguirre e Ignacio González.