La Fiscalía siembra dudas sobre una prueba policial clave en el ‘caso espías’ del PP

La declaración de Jaime Barrado sigue dando coletazos en la recta final del juicio por el caso espías. Después de que el comisario afirmase la pasada semana que sufrió presiones de sus superiores para no investigar qué cargos políticos del PP daban las órdenes de seguimiento, la Fiscalía ha aprovechado su testimonio este lunes para sembrar dudas sobre el informe policial que, basándose en las posiciones de los teléfonos móviles, sitúa a varios de los implicados junto a las víctimas los días de los presuntos espionajes. Este documento es una de las pruebas clave para las acusaciones y, por ello, el ministerio público ha puesto el acento en su desacreditación. "Yo no digo que lo que dice Barrado sea verdad, pero las dudas y sospechas que ha vertido impiden tenerlos en consideración", ha subrayado la fiscal, que pide la absolución de los seis procesados.

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"Creemos que el edificio se ha venido abajo", ha continuado la representante del ministerio público, en referencia a las acusaciones, durante esta undécima sesión de la vista oral. La penúltima. Una vez que los procesados ejerzan este martes su derecho a la última palabra, los nueve miembros del jurado se encerrarán para deliberar si consideran probado que malversaron caudales públicos al espiar en 2008 a adversarios de Esperanza Aguirre, que ostentaba entonces el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. El PSOE, personado como acusación popular, solicita hasta cuatro años de cárcel. Y el Ejecutivo autónomo, multas económicas.

Porque el abogado del Gobierno regional, acusación particular en la causa, considera que los hechos han quedado probados durante el juicio. Para llegar a esa conclusión, el letrado del Ejecutivo autónomo —que no se personó en el procedimiento hasta que Aguirre dejó el poder y la sustituyó Cristina Cifuentes—, basa su exposición en tres ejes principales. En primer lugar, en las declaraciones de los acusados José Oreja y Antonio Coronado, guardias civiles en excedencia, que denunciaron que el director de Seguridad del Gobierno regional, Sergio Gamón, les dio "órdenes ilegales" por "especial interés" de Ignacio González.

"Hay que dar validez a estos testimonios porque van en su contra", ha insistido el abogado de la Comunidad. Sobre ellos, en cambio, el ministerio público ha respondido: "Durante la instrucción judicial, dos veces se les citó a declarar y negaron que se les dieran órdenes". Ambos cambiaron de versión después de que el informe policial concluyera que el posicionamiento de sus móviles los situaba cerca de las víctimas. Ese documento, precisamente, constituye el segundo eje de la argumentación de la acusación, pese a que la fiscalía los ha puesto en duda este lunes.

Aunque Barrado y José Luis Olivera, dos excomisarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ratificaron que ese informe demuestra que los seguimientos se produjeron. "No sé si fueron legales o ilegales, lo que sé es que se hicieron", concluyó uno de ellos, que añadió que los partes de seguimiento coinciden además con la agenda pública y privada de los supuestos adversarios de Aguirre. "Son un reflejo de su vida", ha añadido el letrado de la Comunidad, que considera estos informes el tercer eje de su acusación.

"¿Quién es la X?"

"En las guerras nunca mueren los generales, mueren los soldados". Con esta frase, Ramón González Bosch, abogado de tres de los acusados, ha apuntado hacia arriba. Hacia los cargos públicos que supuestamente dieron las órdenes para seguir a otros políticos del PP, como denunciaron dos de sus clientes: "¿Quién es la X?". "Mis representados son los soldados. Y los generales han comparecido aquí, pero ni están [acusados] ni se les espera", ha añadido, después de que durante las dos últimas semanas hayan declarado en la vista oral como testigos varios ex altos cargos de la Comunidad,  como Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González, al que señalaron Oreja y Coronado. Los dos comisarios de la UDEF también insistieron en que ellos eran solo unos "mandados". "Era una actividad ordenada por alguien, pero allí no llegamos", dijo Barrado.

González Bosch ha calificado, a su vez, el informe sobre los posicionamientos como una "prueba ilegal" y ha pedido, al igual que el resto de defensas, la absolución de los acusados y la nulidad del juicio por el caso espías, que estalló en 2009. Entonces, EL PAÍS publicó los informes de seguimientos a supuestos adversarios de Aguirre: entre ellos, a Manuel Cobo, exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid y número dos de Alberto Ruiz-Gallardón; y el exconsejero Alfredo Prada.