Los presuntos espías del PP se presentan como víctimas de un “montaje”
Concluye el juicio contra los asesores de Seguridad del Gobierno de Esperanza Aguirre
El juicio del caso espías afronta ya su fase final tras doce días de sesiones. Los nueve miembros del jurado comenzarán esta tarde las deliberaciones, después de que la mayoría de acusados haya aprovechado su último turno de palabra para presentarse como víctimas de un "sucio montaje" mediático, policial y político. "Fuimos vendidos como carnaza", ha insistido José Oreja, guardia civil en excedencia y uno de los procesados por formar parte de un grupo de asesores contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre para supuestamente hacer seguimientos a los adversarios políticos de la entonces presidenta regional.
Los acusados, en línea con la defensa mantenida durante la vista oral, han proclamado su inocencia y han considerado "ilegales" las pruebas obtenidas durante la instrucción. En primer lugar, han rechazado el contenido del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de varios de los implicados, que los sitúa junto a las víctimas los días de los presuntos seguimientos. Y han tachado de "falsos" los informes de espionaje que provocaron el estallido de la causa en 2009, cuando EL PAÍS desveló esos documentos.
El alegato más extenso ha corrido a cargo del propio José Oreja. El acusado, que admitió que recibió "órdenes ilegales" para hacer seguimientos por "especial interés" de Ignacio González, ha dibujado este martes un supuesto entramado de intereses políticos, policiales y mediáticos que lo colocan a él como víctima. "Todo era un montaje ilegal", ha insistido, antes de negar que se produjese el espionaje. Según su versión, tras recibir estas instrucciones por parte del director de Seguridad, lo denunció al consejero Francisco Granados —que negó este extremo en el juicio—. Y, según él, el informe de la UDEF los sitúa junto a las víctimas simplemente porque sus jefes lo "mandaban a sitios públicos para hacer coincidir el teléfono con el posicionamiento que ellos querían".
"En esto diez años, mi familia no me ha visto contento ni un solo día. Los medios de comunicación han destrozado mi vida. He pasado miedo. Mi hijo menor no debería haber sufrido este estigma", ha proseguido Oreja, que se ha agarrado también a la declaración del comisario Jaime Barrado, agente instructor de la UDEF, que denunció en el juicio que le impidieron investigar qué cargos políticos del PP daban las órdenes. Unas afirmaciones que provocaron que la propia Fiscalía sembrara dudas el lunes sobre el informe de posicionamiento, una de las pruebas clave en la causa. "La investigación llevada por la UDEF ha sido, cuando menos, parcial, sesgada, falta de rigor, malintencionada e incluso ilegal", ha proseguido este martes Antonio Coronado, otro de los guardias civiles acusados.
Coronado, que comparte abogado con Oreja, también afirmó que el director de Seguridad, Sergio Gamón, les dio esas "órdenes ilegales", pero insistió en que nunca las cumplieron. "Soy inocente", ha repetido durante su último turno de palabra, cuando ha negado que cometiese un delito de malversación de caudales públicos, imputado a los seis procesados. "Yo soy una víctima de la corrupción del sistema. Me han destrozado la vida", ha subrayado el agente, en línea con ese supuesto entramado político, mediático y policial montado contra ellos.
Silencio del director de Seguridad
En la misma línea se ha pronunciado José Luis Caro Vinagre, el tercer guardia civil implicado, que ha apuntado a los cargos que, según Barrado, le pusieron trabas en su investigación: José Luis Olivera, ex comisario jefe de la UDEF; y Manuel Moix, ex fiscal jefe de Madrid. También José Manuel Pinto, funcionario de la Comunidad de Madrid, ha insistido en la idea del "montaje". "Jamás me he llevado nada", ha asegurado Pinto, entre sollozos. La letra manuscrita de este cuarto acusado aparece sobre los informes de seguimiento, según confirmaron los informes caligráficos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Sergio Gamón, director de Seguridad de la Comunidad y señalado por dos de los acusados como el autor de las "órdenes ilegales", ha optado este martes por el silencio y, a diferencia de sus compañeros de banquillo, no ha usado su último turno de palabra. Sí lo ha hecho, en cambio, su número dos, Miguel Castaño, que se ha limitado a señalar que se le acusa porque Oreja dijo, en un momento de la instrucción, que la letra que consta en los partes era suya: "Tenían que estar desesperados por los papeles e implicaron al que estaba jubilado".
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