La línea dura del independentismo se impone al sector más posibilista

El desenlace de los Presupuestos Generales del Estado, cuya estocada final fue la negativa de Esquerra y el PDeCAT a su tramitación, no solo ha tenido como consecuencia el adelanto electoral. También ha puesto ante el espejo a un secesionismo que aún se debate entre la corriente partidaria de la confrontación y la que se abre a cierto posibilismo. Esta segunda pulsión triunfó el pasado junio, cuando salió adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. La de mantener el pulso al Estado se impuso el miércoles —en pleno arranque del juicio del procés— con el “no” a debatir las cuentas de Pedro Sánchez.

“No debimos dejar la negociación en manos de alguien que no es del PDeCAT”, lamenta una fuente del partido en referencia a Elsa Artadi, la portavoz del Govern. La relación entre los neoconvergentes más posibilistas y el entorno del expresident Carles Puigdemont —huido a Bélgica— nunca ha sido fácil. El viernes 8 de febrero, cuando las conversaciones entre La Moncloa y la Generalitat llegaron a punto muerto, desde el PDeCAT se intentó abrir una vía directa, como hacían en la época de su antecesor, Convergència i Unió.

Pero desde el Gobierno les hicieron saber que ya era tarde. “Nos encontramos a un PSOE que ya se encontraba en modo electoral”, explica esa misma fuente. El pasado martes, in extremis, el presidente de los neoconvergentes, David Bonvehí, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, propusieron un nuevo acuerdo. Incluso lo llegaron a consultar con Puigdemont y Artadi, que lo rechazaron. El independentismo posibilista perdía la pelea.

Tanto en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como en el PDeCAT ya habían decidido hace meses rechazar las cuentas. Permitir la tramitación de los Presupuestos era otra cosa. El Govern y las dos formaciones independentistas, imbuidas en pleno diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, veían en el debate en las Cortes una forma de ganar tiempo. Tras la llegada de Sánchez, los dos partidos advirtieron que su voto final sería negativo, salvo que hubiera “un gesto” hacia los políticos en prisión preventiva y hacia la autodeterminación.

Cambios en ERC

Tras el otoño de 2017, la etapa más convulsa del procés —con el referéndum del 1-O, la declaración unilateral de independencia y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución—, las voces más posibilistas en el independentismo se hicieron oír. ERC, por ejemplo, plasmó ese cambio de paradigma en su campaña para las elecciones autonómicas del 21-D. Los republicanos optaron por aparcar la vía unilateral y se lanzaron a ensanchar la base de su proyecto político, conscientes de que era necesaria no solo una mayoría parlamentaria sino también una amplia mayoría social.

Los republicanos partían de una premisa: gobernar y gestionar bien permite sumar más ciudadanos al independentismo. En el PDeCAT, sin embargo, la división era mayor entre el rupturismo propugnado por Puigdemont y un ala más pragmática, silenciosa y sin un líder claro.

La moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, motivada por la sentencia del caso Gürtel, fue gestionada por las sensibilidades más pactistas. El expresident Puigdemont nunca le perdonó a la exlíder del PDeCAT, Marta Pascal, que facilitara el éxito de la votación que llevó a Sánchez a La Moncloa. Esta circunstancia, de hecho, fue una de las razones por las cuales decidió defenestrarla.

Los sectores más hiperventilados del independentismo ven cualquier intento de acercamiento como una traición. El apoyo de los republicanos derivó en una ola de mensajes en las redes sociales contra el veterano líder de ERC en el Congreso Joan Tardà: “Botifler, traidor, mentiroso...”. “Cuando mi equipo me comenta insultos por parte de algunos independentistas no salgo de mi asombro”, escribió desde la cárcel Oriol Junqueras.

Lucha por la hegemonía

Esa hipersensibilidad al insulto no es un mero asunto de piel fina. En juego está la lucha sin cuartel entre el espacio neoconvergente y ERC por la hegemonía independentista. Aunque Artadi y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, compartían mesa de diálogo con La Moncloa, ambas formaciones se miran de reojo. Una parte no pierde la oportunidad para reivindicarse como más independentista que la otra. Una muestra de esa rivalidad es el marcaje de cada uno de los movimientos del presidente del Parlament, Roger Torrent, al que desde Junts per Catalunya aún tienen en la mira por no haber desobedecido y permitir la investidura de Puigdemont.

“Todos tenemos presiones, ámbitos de nuestro entorno más favorables a impulsar un diálogo y a no hacerlo, pero hemos tenido el coraje de seguir. Lo hacemos en un momento en que quedan cuatro días para que empiece un juicio contra el que consideramos el Govern legítimo de la Generalitat”, reconoció Artadi hace una semana, cuando el Ejecutivo de Sánchez dio un ultimátum a las negociaciones sobre la mesa de partidos.

El tempo de las negociaciones también ha sido crítico. Desde La Moncloa pensaron que el juicio y la votación no se solaparían. Se equivocaron. El martes 12 de febrero arrancó, con las cuestiones previas, el juicio contra los 12 líderes independentistas: Junqueras, ocho exconsejeros, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los dirigentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

“Nosotros en el Congreso dando aire a Sánchez mientras, a kilómetro y medio de distancia, se juzga el procés. Eso es imposible”, dice un dirigente de ERC. Y aunque minimicen el impacto de no aprobar los Presupuestos, aceptan que no tenerlos va en contra de su idea de “gestionar mejor”. “Sencillamente, de cara a nuestro electorado, no era posible otra cosa [que no fuera votar contra la tramitación]”, explica un diputado de Junts per Catalunya.