Barcelona exige en Bruselas que se ponga fin a los visados de oro

Una veintena de países de la UE, entre ellos España, tienen en venta la residencia en su país a cambio de una inversión inmobiliaria. Bruselas ya ha advertido a esos Estados por poner en riesgo la seguridad de toda la Unión. El Ayuntamiento de Barcelona reclamó este martes en una comisión del Parlamento Europeo poner fin con los llamados visados de oro. La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, afirmó que en la capital catalana y su conurbación más de 3.000 personas se han beneficiado de esa medida a cambio de desembolsar, en conjunto, 3.000 millones de euros.

La lucha contra la evasión y el fraude fiscal es una de las prioridades que se ha fijado el Parlamento Europeo, que antes de que finalice esta legislatura tendrá un informe de la comisión TAX3. Este grupo de la Cámara ha abordado hasta ahora escándalos financieros, como el del Danske Bank o el Deustche Bank. Este martes, abordó los efectos de la especulación inmobiliaria, para lo que invitó a representantes y expertos de Barcelona, Berlín y Ámsterdam.

Las tres ciudades describieron situaciones comunes: personas con maletines adquiriendo casas; inmuebles que se compran por 500.000 euros y al cabo de seis meses se traspasan por 2,4 millones; sociedades opacas que adquieren paquetes de edificios... Y otra queja unánime: la falta de competencias municipales para conocer el origen de ese capital. “El asunto de fondo es de qué forma el marco europeo debe permitir a las ciudades hacer rente a la especulación inmobiliaria y al blanqueo de capitales que acaban afectando al acceso a la vivienda”, afirmó el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun.

Los representantes de las tres urbes coincidieron en reclamar más transparencia en los mercados inmobiliarios, más competencias y una legislación más clara. Sanz puso como ejemplo que algunas inspecciones fiscales puestas en marcha con Hacienda —como en el caso de los pisos de Airbnb— llegaron tras un acuerdo de colaboración. “No puede dejarse a la voluntad política”, sostuvo. Además, pidió “más recursos” para los ayuntamientos que, recordó, son la “trinchera más próxima a la ciudadanía”.

Uno de los asuntos que va saliendo a lo largo de los trabajos de la comisión es la concesión de las llamadas Golden Visa. España introdujo en 2013 ese atajo para obtener la residencia española a cambio de una inversión inmobiliaria de al menos 500.000 euros. Desde entonces, ha concedido casi 25.000.

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui cargó contra ese mecanismo. “He pedido a mi gobierno que acabe con las Golden visa”, sostuvo el parlamentario, quien detalló la procedencia de quienes las obtienen: China (7.200), Rusia (5.000), Estados Unidos (5.000), India (3.200) y Venezuela (3.200).

Residencia vía talonario

En Barcelona, Sanz afirmó que se han concedido más de 3.000 visados de oro por una inversión total que asciende a 3.000 millones de euros. “Acabar con las Golden visa es una prioridad”, coincidió la teniente de alcalde, quien rechazó que se acceda al derecho de residencia a través del “talonario” y recordó que esas operaciones también tienen un impacto sobre el mercado residencial de la ciudad.

La Comisión Europea ha reprendido a los países miembros, en especial a los tres (Bulgaria, Chipre o Malta) que directamente dan la ciudadanía a cambio de sacar la chequera. España accede a dar permisos de residencia temporales, pero que se renuevan si la inversión sigue viva. Es decir, si el comprador no se ha vendido la casa.

Ese tipo de concesiones también inquietan a la Comisión, puesto que al cabo de cinco años la residencia pasa a ser permanente. Bruselas elaboró un informe hace dos semanas —aunque con datos desfasados— en el que advertía de que la residencia y la ciudadanía no son solo nacionales, sino también de la UE. Y expresó su temor a que ciudadanos adinerados de terceros países pudieran saltarse los controles Schengen con dinero.