El juzgado aprecia indicios de delito contra el exalcalde de Sagunto Alfredo Castelló

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto ha comunicado hoy al exalcalde de la localidad saguntina y actual diputado del PP en las Cortes Valencianas Alfredo Castelló la existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación en su contra por la adjudicación del concurso para la gestión integral del agua en esa localidad, que se investiga en la Operación Flotador, según ha informado el TSJCV en un comunicado.

La magistrada ha ofrecido a Castelló en un auto notificado este miércoles la posibilidad de personarse en el procedimiento para conocer todo lo actuado y comparecer voluntariamente en el juzgado para alegar lo que estime oportuno antes de elevar la causa a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, dada su condición de aforado.

La jueza investiga presuntas irregularidades en la constitución, en 2009, de Aigües de Sagunt, una empresa de economía mixta dedicada a la gestión integral del suministro de agua en la localidad, en la que el Ayuntamiento tiene el 51% del capital social y la empresa privada Aguas de Valencia resultó adjudicataria a través de un concurso público del 49%.

El perjuicio económico al Consistorio que se baraja ascendería a 24 millones de euros. Por estos mismos hechos están investigadas otras siete personas: una exedil, un ex interventor, un ingeniero municipal, dos ingenieros de Caminos, el responsable de una sucursal bancaria y un ex director general de la empresa adjudicataria.

Estas siete personas fueron detenidas ayer martes por la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional y horas después la titular del juzgado decretó la libertad provisional de todas ellas, que quedan investigadas en el marco de una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Agotar la instrucción

En el caso del exalcalde y actual diputado autonómico, la investigación realizada hasta el momento arroja suficientes indicios de su participación en los hechos presuntamente delictivos. La juez quiere, sin embargo, agotar la instrucción antes de elevar, previo informe del Ministerio Fiscal, la exposición razonada al TSJCV para que este órgano resuelva sobre su posible competencia en la causa.

La instructora ofrece al aforado que comparezca en 20 días en el juzgado para conocer las actuaciones y prestar declaración, “sin que ello implique en modo alguno ni observancia de trámite alguno ni proceder contra él por parte de este órgano judicial”. Castelló podría presentar sus alegaciones por escrito.