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El exalcalde de Sagunto y 11 ediles, investigados por amañar contratos

La policía reclama documentación relacionada con la gestión del PP

El exalcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, este miércoles en las Cortes.

La gestión del PP valenciano ha sufrido este miércoles un nuevo revés con una operación policial centrada en el Ayuntamiento de Sagunto (65.000 habitantes). La policía ha acudido al Consistorio por una investigación por prevaricación y cohecho que afecta a la gestión de 11 concejales y exconcejales del Partido Popular, además de al exalcalde del municipio, Alfredo Castelló, también del PP. Castelló dejó la alcaldía en 2014. Tras siete años en el Consistorio pasó a ser diputado autonómico en las Cortes Valencianas.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto, a cargo del caso, investiga el supuesto amaño de contratos entre 2007 y 2014. Las pesquisas se centran también en seis empresas "beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Las seis empresas cuya contratación con el Ayuntamiento ha sido requerida al Consistorio y está siendo investigadas por el juzgado son: la compañía mixta Aguas de Sagunto, Aguas de Valencia, Imesapi y Sice, pertenecientes al grupo ACS, la constructora valenciana Pavasal y la sociedad Vigilancias y Sistemas de Seguridad, según han confirmado fuentes municipales.

Este periódico ha pedido la versión de las sociedades. Aguas de Valencia, Aguas de Sagunto y Pavasal han confirmado el requerimiento de documentación, que también se ha producido en sus sedes. Vigilancias y Sistemas de Seguridad cerró tras declararse en concurso de acreedores y la compañía del mismo nombre no guarda relación con la anterior, han indicado fuentes de la misma. ACS ha declinado comentar la información sobre este caso.

La actuación policial ha sido bautizada como Operación Flotador, y no se han producido detenciones.

En enero, el juzgado preguntó a las Cortes Valencianas por la condición de aforado de Castelló. El exalcalde de Sagunto, que también es presidente del Comité de Garantías del PP valenciano, ha asegurado que no tiene constancia de que le estén investigando y ha defendido la rectitud de su gestión, alegando que su gobierno fue en coalición, por lo que la labor municipal estuvo "más fiscalizada".

La investigación partió de una denuncia de la Fiscalía de Valencia después de que las presuntas irregularidades fueran detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han entrado en dependencias municipales en torno a las 8.30. Según fuentes municipales, han solicitado  documentación del periodo entre 2007 y 2014 de las áreas de Contratación, Urbanismo, Actividades, Intervención y Medio Ambiente, entre otros departamentos, además de Informática y Patrimonio.

El interventor de Sagunto y un agente de policía en el Ayuntamiento. ampliar foto
El interventor de Sagunto y un agente de policía en el Ayuntamiento.

Las presuntas irregularidades consistieron en el fraccionamiento de contratos para adjudicar a dedo servicios a las seis empresas investigadas, eludiendo la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Otros contratos se adjudicaron sin expediente administrativo. Las beneficiarias habrían pagado a cambio sobornos. Las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.

Los registros han afectado a tres dependencias municipales, y a la sede de la empresa Aguas de Sagunto, entidad de capital mixto junto a Aguas de Valencia. Según los vecinos, dos vehículos sin distintivos policiales han impedido la entrada o salida de su sede. Los agentes también han acudido a la oficina central de Aguas de Valencia en esta ciudad, según un portavoz para requerir información sobre la sociedad mixta de Sagunto, en la que el Consistorio tiene el 51% de las acciones.

El operativo se ha completado con el registro de otras cuatro empresas. El objetivo, ha señalado el Tribunal Superior valenciano, es "asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha".

Los agentes han explicado al actual gobierno local que el registro no afecta a su gestión, que desarrolla Compromís con Josep Fernández Carrasco como alcalde, sino a la etapa del Partido Popular.

Fernández ha señalado que ni el Ayuntamiento ni su partido habían denunciado los hechos que ahora se investigan. "Estamos en una legislatura nueva, confiamos en la justicia y vamos a trabajar por el buen nombre de la ciudad por encima de cuestiones partidistas", ha declarado el regidor.

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