El PP valenciano trata de evitar que los imputados se queden en su grupo

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En la pasada legislatura autonómica la corrupción se convirtió en un calvario para el PP de la Comunidad Valenciana. De sus 64 diputados elegidos en 2011 en las Cortes Valencianas, 15 terminaron imputados, procesados o condenados por causas relacionadas con la gestión de fondos públicos. El partido trata de evitar que la situación se reproduza en esta legislatura, después de que dos de los parlamentarios elegidos en sus listas estén siendo investigados por presunta corrupción.

Si no dimiten, el mal menor es que abandonen la esfera del Partido Popular, quedando fuera de la responsabilidad directa de la formación.

El problema no son solo las Cortes Valencianas. Nueve de los 10 concejales del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia están imputados por blanqueo de capitales en el caso Taula. Y la Operación Flotador, que este miércoles llevó a cabo la policía en el Ayuntamiento de Sagunto, amenaza con generar una situación similar en esta población de 65.000 habitantes.

La investigación de Sagunto afecta al periodo de gobierno municipal de 2007 a 2014, cuando su alcalde era el actual diputado autonómico popular Alfredo Castelló. El Tribunal Superior valenciano ha informado de que el Juzgado número 4 de Sagunto investiga a Castelló y a otros 11 concejales y exconcejales de Sagunto por cohecho y prevaricación.

Castelló ha declinado este jueves en las Cortes hacer declaraciones hasta que conocza los detalles de la investigación, ahora bajo secreto. Al diputado, que es también presidente del Comité de Garantías del PP regional, le han preguntado si va a dejar este cargo orgánico, encargado de los procedimientos internos contra los militantes. "Eso hay que preguntárselo a la presidenta" del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha respondido según ha recogido Efe.

Bonig ha afirmado en la Cámara autonómica que la postura de su partido es "clara", en el sentido de que cuando un cargo público es investigado por corrupción debe renunciar. Pero puesto que Castelló no está siendo "investigado formalmente" —al ser aforado solo puede hacerlo el Tribunal Superior valenciano—, ha pedido "prudencia" y dejar "actuar a la justicia".

El segundo diputado investigado elegido en 2015 bajo las siglas del PP es Miguel Domínguez, exconcejal de Seguridad de Rita Barberá. Domínguez se ha sentado este jueves en el grupo de no adscritos. La semana pasada dejó el Grupo Popular tras ser imputado por blanqueo de capitales en el caso Taula.

La líder del PP valenciano ha declarado que le ha pedido a Domínguez que deje el acta. Su número dos en el partido, Eva Ortiz, evitó hacerlo en la conferencia de prensa en la que participó el día en que se conoció esta imputación.

Domínguez no ha dimitido, pero al haber abandonado el Grupo Popular, como hizo antes Barberá en el Senado tras abrirse causa contra ella en el Tribunal Supremo, ha quedado fuera del ámbito del PP regional, según Bonig: "Ya no puedo hacer absolutamente nada", ha dicho la presidenta de la formación.

Socialistas, Compromís y Podemos han reclamado que los dos diputados investigados dejen sus escaños. Bonig ha reclamado que los investigados de otros partidos sean tratados de forma similar.

La situación de los concejales del PP de Valencia es distinta. Los nueve investigados por blanqueo están suspendidos de militancia, pero han rechazado tanto dimitir como abandonar el grupo municipal popular. El alcalde Joan Ribó, ha advertido que, al estar siendo investigados por presunta corrupción, si eligieran aferrarse al cargo fuera del grupo popular podría dejarlos sin sueldo. Una posibilidad que no cabe en el Parlamento autonómico.