El PSPV propone reformar la ley de expresidentes para obligar a Camps a abandonar el Consell Jurídic Consultiu

Las cuatro imputaciones, con graves acusaciones, por Gürtel, que tienen atrapado al expresidente conservador Francisco Camps, sin que el Partido Popular asuma responsabilidades, ha llevado al Grupo Socialista en el Parlamento valenciano a proponer la reforma de la legislación actual. El objetivo: lograr revocar los mandatos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), donde el político ejerce con la oposición de todas las formaciones excepto la de su partido, el PP. “Es un clamor que Francisco Camps se vaya del CJC y deje de cobrar un sueldo público, pero la líder del PPCV se escuda en que con la ley en la mano no se le puede tirar", ha explicado el síndic socialista Manolo Mata tras la reunión de portavoces.

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Mata ha explicado que está en tramitación la reforma del estatuto de los ex presidentes y que se va a utilizar este proceso para introducir una fórmula de revocación al respecto. “Es un tema político pero hay quienes se esconden detrás de la ley, por lo que habrá que cambiar la ley”, ha añadido el portavoz.  

Sobre nueva imputación del expresidente Francisco Camps, el síndic ha señalado que su recuerdo es permanente. "La época más nefasta que ha tenido la autonomía valenciana con 20 años de empobrecimiento", ha señalado. “La Constitución protege la presunción de inocencia, pero él es un presunto culpable político de habernos destrozado la vida a los valencianos, endeudándonos y empobreciéndonos", ha agregado.

Las Cortes Valencianas ya pidieron al expresidente de la Generalitat, que abandonara su cargo en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), organismo que destina el 83% de su presupuesto a gastos de personal. Fue tras la confesión del exdirigente popular Ricardo Costa en el juicio de Gürtel.  

Al principio de la legislatura, Ciudadanos (C's) en la Comunidad Valenciana  ya propuso  en un pleno, eliminar, sin éxito, el CJC, y destinar los más de 2,4 millones de euros anuales que cuesta este organismo, a garantizar "derechos sociales y el Estado de bienestar."  Este martes la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha instado al expresidente a abandonar la institución pública. "Ya ha hecho bastante daño a la imagen de la Comunidad Valenciana", ha apuntado.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha señalado que la nueva imputación de Camps por las adjudicaciones concedidas por el Consell para el diseño y montaje del pabellón en la feria turística FITUR entre 2005 y 2009, era esperada. "La impunidad en la que en algún tiempo se movía Camps y algunos de sus amigos tenía que acabar algún día", ha indicado.

La portavoz del PP en el Parlamento, Isabel Bonig, ha afirmado que abandonar el Consell Jurídic Consultiu es una decisión que corresponde a Camps.

Podem ha señalado que el exdirigente popular debería apartarse, como hizo cuando presidía la Generalitat. La formación morada ha descartado que abandone el puesto de forma temporal porque la norma no lo contempla. Tampoco una posible inhabilitación para cargo público serviría para que dejara el CJC. La diputada Fabiola Meco ha defendido avanzar en la propuesta socialista de modificar los derechos de los expresidentes, que, además, es un acuerdo del pacto del Botánico.

El expresidente solicitó tras su dimisión del cargo en junio de 2011 por el escándalo de los trajes, su ingreso en el Consejo Jurídico Consultivo, opción que le ofrecía el estatuto de los expresidentes del Consell y que hasta entonces no había utilizado ninguno de sus antecesores.