El dueño de Fergo Aisa afronta ahora siete años de cárcel por fraude fiscal

Carlos Fernández Gómez, el hombre que presidió la inmobiliaria catalana Fergo Aisa hasta su quiebra definitiva, afronta ahora una petición de siete años de cárcel por fraude fiscal. Fernández, que está involucrado en otros procesos judiciales sonados -como el caso Cipsa, un fraude millonario a cajas de ahorro catalanas- se sienta la próxima semana en el banquillo de los acusados por defraudar 2,7 millones de euros a través de Fergo Aisa. El empresario simuló operaciones inmobiliarias para ahorrarse el pago del IVA, según el escrito de acusación de la fiscalía.

Las operaciones fraudulentas se cerraron en 2010, en plena crisis del ladrillo y cuando Fergo Aisa tenía ya el agua al cuello pese a los esfuerzos de Fernández por presentarla como una inmobiliaria solvente, capaz de impulsar promociones de viviendas en Colombia o Irán. La inmobiliaria compró una serie de inmuebles en L'Hospitalet, Badalona y Malgrat de Mar por 19,7 millones, pero fue una transacción "ficticia" que sirvió a la empresa solamente para "aparentar unos gastos" y disponer, así, de "cuantiosas cuotas que deducir en su liquidación de IVA". La maniobra le permitió eludir el pago de un millón de euros.

Fernández era entonces consejero delegado y presidente de Fergo Aisa, pero también administraba otra constructora, de nombre If if, con la que llevó a cabo una segunda operación fraudulenta de gran complejidad, en la que figura la venta de un terreno en Sabadell y de un edificio en Salt por 21 millones de euros. En este caso, la cuantía defraudada por no pagar el IVA asciende a 1,7 millones.

El fiscal considera que Fernández "ideó un plan para defraudar al erario público" en beneficio propio y de sus empresas. Para ello, se valió de la escasa vigilancia de Fergo Aisa. La constructora, constata la fiscalía, "no organizaba adecuadamente sus factores de producción" ni había implementado mecanismos "de transparencia, control e incluso reacción" para detectar irregularidades en las declaraciones de la renta.

El empresario afronta una petición global de siete años de cárcel por dos delitos de fraude fiscal. La fiscalía, además, le exige el pago de una indemnización de 2,7 millones (la cuota defraudada) a Hacienda, más los intereses. Y el abono de una multa de seis millones de euros.

El caso Cipsa

Seis millones de euros es también la cifra con la que la inmobiliaria Cipsa estafó a cinco cajas de ahorro españolas -Terrassa, Laietana, Manlleu, Caja Navarra y Caja España- mediante operaciones inmobiliarias durante el boom del ladrillo. Entre 2005 y 2007, las entidades se asociaron con Cipsa para desarrollar operaciones inmobiliarias mediante empresas mixtas. Mientras las cajas ponían la financiación, los jefes de Cipsa -que controlaban las operaciones- cargaban a esas sociedades mixtas gastos por trabajos ficticios.

En la práctica, las sociedades mixtas estaban controladas por los jefes de Cipsa, a cuyo frente se encontraba Carlos Fernández. El empresario mantiene allí otro frente judicial abierto por estafa, aunque el caso aún está pendiente de llegar a juicio. En el caso Cipsa también están acusados ocho directivos de las cajas de ahorros por haber permitido el desfalco al "conocer y autorizar" pagos a Cipsa por trabajos inexistentes.

Fergo Aisa nació en 2009 de la fusión de la constructora Fergo y de la inmobiliaria cotizada Aisa. Cuatro años después, sin embargo, un juez de Barcelona declaró el concurso necesario de la compañía, que adeudaba más de 700.000 euros a distintos acreedores. Fernández insistía entonces en que pretendía seguir adelante: "Voy a luchar por levantar Fergo Aisa". No lo logró. En diciembre de 2013, la juez abrió la fase de liquidación de una empresa que llegó a manejar una cartera de suelo apra 40.000 viviendas. Finalmente, en el verano de 2015 el administrador concursal pidió que se declarase concurso culpable y se reclamaran 133 millones de euros a Fernández y al resto del consejo de administración.

Las malas noticias siguieron acumulándose para Fernández. En 2014 fue detenido por el caso Cipsa. Un año después, un abogado y accionista se querelló contra él por haber presentado "una imagen económica y patrimonial del grupo muy distinta a la realidad". El empresario había vendido 600.000 acciones de esa sociedad por casi 20.000 euros ocultando a los inversores que estaba prácticamente quebrada. Un juez de instrucción la admitió a trámite y comenzó así una investigación por la que fue, una vez más, detenido en marzo de 2016, esta vez por negarse reiteradamente a comparecer ante el juez.