Juicio a ocho directivos por tolerar el desfalco de las cajas de ahorros

La gestión de cinco cajas de ahorros —Terrassa, Laietana, Manlleu, Caja Navarra y Caja España— durante el boom inmobiliario será sometida a juicio. Ocho directivos de esas entidades se sentarán en el banquillo por haber permitido que Cipsa, una empresa con la que desarrollaron proyectos inmobiliarios, se apropiara de más de seis millones de euros de forma ilegal. Los banqueros, señala la juez en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, incumplieron sus obligaciones al “conocer y autorizar” pagos a Cipsa por trabajos inexistentes.

La titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha dado por cerrada la instrucción del caso después de tres años. Los hechos se remontan al trienio 2005-2007, cuando los responsables de Cipsa “convencieron” a los banqueros “para invertir en operaciones inmobiliarias”, recoge el auto. Cipsa se encargaba de buscar edificios, inmuebles y solares de interés. Las cajas, por su parte, aportaban la financiación con la expectativa de que los futuros compradores de esas viviendas “contratarían hipotecas” con ellas. Para realizar las operaciones, crearon cinco empresas mixtas que, en la práctica, estaban controladas por los responsables de Cipsa; por encima de ellos, el imputado Carlos Fernández.

La investigación se centra en 11 operaciones inmobiliarias en las localidades de Barcelona, Castelldefels, Molins de Rei, Vic, Girona, Mataró, Terrassa, Sabadell y Vilafranca. Con el dinero aportado por las cajas de ahorros —que tras la crisis se fusionaron o acabaron integradas en bancos más grandes—, las empresas mixtas pagaron más de 113 millones de euros por la adquisición de edificios y terrenos. Gracias al control absoluto sobre los consejos de administración, los jefes de Cipsa cargaron a las empresas mixtas multitud de gastos por trabajos ficticios, concluye la magistrada. Además de las facturas por “conceptos no reales”, otras se “incrementaban”, lo que produjo un perjuicio millonario a las entidades financieras. Y un beneficio equivalente a las arcas de Fernández, sus socios y familiares, según concluye la investigación.

En julio de 2005, Promou (participada por Caixa Terrassa) compró un edificio en Castelldefels por 5,4 millones. La empresa pagó a Cipsa 820.000 euros por trabajos —estudios geotécnicos y de arquitectura, retirada de uralita, comercialización— que no se llevaron a cabo. Los ejemplos se reproducen en todas las operaciones analizadas. En 2006, San Marcos (de Caja España) adquirió dos fincas en Sabadell por 10,5 millones. Más de medio millón de euros fueron pagados a Interxaco por una intermediación que, sin embargo, ni la propia empresa reconoce haber hecho.

Obligados a vigilar

En una resolución contundente, la juez recuerda a los directivos imputados que “tenían una especial obligación de vigilancia” y de “comprobar la realidad de los servicios cuyos pagos autorizaron”. En sus declaraciones como imputados, los banqueros habían alegado que no revisaban las facturas ni estaban obligados a hacerlo. Y apuntaron a los órganos centrales de sus cajas. La juez rechaza ese argumento (“no es de recibo”, dice) y recuerda “lo que estas entidades dedicadas a fomentar el ahorro representaban en aquel tiempo en el ámbito social”.

“Fue una época de alegría en el mercado inmobiliario, cuyas devastadoras consecuencias obligaron al rescate con fondos públicos de muchas de estas entidades”, reprocha la juez. Esa “alegría”, agrega, “no les eximía de velar por los fondos de las entidades”. Los directivos no pueden “derivar la responsabilidad hacia lo alto” porque “estaban en primera línea de las operaciones”. Las cajas podrían haberse ahorrado grandes cantidades que se destinaron “a pagar a terceros comisiones en negro” por “trabajos tan carentes de sentido como el presentar una persona a otra”.

La juez no ha admitido las diligencias de investigación solicitadas por el abogado de Fernández, Manuel Troyano, que ha recurrido el auto. La Fiscalía presentará su escrito de acusación para los ocho directivos, los tres responsables de Cipsa y otras 14 personas que se prestaron a formar parte de empresas instrumentales para emitir facturas falsas a Cipsa.