Detenidos tres empresarios por defraudar a cajas de ahorros

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a tres empresarios por haber defraudado, presuntamente, casi seis millones de euros a cinco cajas de ahorros. Carlos F. G., Clemente A. T. y Miguel G. M. eran los máximos responsables de Cipsa, una empresa que firmó acuerdos con las entidades bancarias para invertir en el sector inmobiliario. Según la investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, los empresarios cobraron de las cajas —a través de testaferros y de sociedades instrumentales— por trabajos y servicios que, en realidad, no prestaron.

El auto que autorizó las entradas y registros señala que los tres detenidos obtuvieron un “ilícito enriquecimiento” al facturar por “conceptos falsos” a las cajas entre 2005 y 2007. Las cinco entidades afectadas —Caixa Terrassa, Caixa Manlleu, Caixa Laietana, Caja Navarra y Caja España— pagaron por trabajos ficticios, que jamás existieron: intermediaciones, estudios geotécnicos, gabinetes de arquitectura, retirada de urbanita o gastos de urbanización, recoge el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La juez reprocha la falta de “control” de los directivos en el pago de facturas

Los detenidos, que quedaron en libertad, ya estaban imputados en la causa judicial, abierta hace dos años a raíz de una querella de la Fiscalía. El registro simultáneo en sus domicilios pretendía, según la juez, encontrar “documentación, ficheros o dispositivos electrónicos” que permitieran conocer el destino dado al dinero presuntamente defraudado. La magistrada ordenó a la Guardia Civil que analice correos electrónicos y teléfonos móviles y que, en caso de hallar dinero, lo ponga a disposición del juzgado.

El presunto cerebro de la trama es Carlos F. G., un “buen cliente” de las entidades bancarias que “convenció” a sus directivos, señala el auto, para hacer negocios juntos. En el caso de Caja España y Caja Navarra, por ejemplo, su deseo de “expandirse en Cataluña” les llevó a “entrar en el negocio inmobiliario” junto a Fernández. El mecanismo hallado para cooperar fue la creación de empresas “mixtas”, participadas tanto por Cipsa como por las entidades. La juez subraya que las cajas constituyeran esas empresas a pesar de que la mayoría de ellas “ya tenían filiales dedicadas al sector inmobiliario”.

El FROB prevé reclamar en la causa judicial como perjudicado

Cipsa proporcionaba “el proyecto de adquisición de los inmuebles”, que a su vez eran financiados por las cajas. Las entidades veían en esas operaciones “futuribles y potenciales clientes que contratarían hipotecas”, señala el auto. Y la gestión se hacía a través de las empresas mixtas. Los detenidos se aprovecharon de que los responsables de esas mixtas “les delegaron toda la gestión y el control” de los trabajos. Y reprocha a los directivos de las cajas de ahorro porque “no revisaron ni cuestionaron” la veracidad de las facturas y autorizaron, sin más, los pagos.

Algunos directivos de las cajas, de hecho, ya fueron imputados en el inicio de la investigación, aunque más tarde, la Audiencia de Barcelona les exculpó. En la causa figuran ahora una docena de imputados. El único vinculado a una caja es Miguel G. M., que fue alto cargo de Caixa Terrassa.

El fraude supuso un “perjuicio de unos seis millones de euros” a las cajas. La magistrada recuerda, en ese sentido, que las entidades “han tenido que ser receptoras de ayudas públicas como consecuencia de comportamientos como los que son objeto de esta investigación”. Y ha ofrecido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se persone en la causa para reclamar esa cantidad, como perjudicado. Fuentes judiciales explicaron que lo hará.