La defensa de De Miguel pide al tribunal que se “abstraiga de la presión social”

El abogado de Alfredo de Miguel, principal acusado de la presunta trama corrupta en la que están imputados varios exdirigentes del PNV en Álava, ha pedido al tribunal que a la hora de dictar sentencia "se abstraigan de la presión social" y "no tengan miedo de lo que ocurrió a la Audiencia de Navarra", con el caso de La Manada, ya que cree que "el escenario de partida" de este juicio ha estado "influido por un juicio mediático y paralelo".

El Tribunal de la Audiencia Provincial de Álava ha continuado este lunes con el turno de las defensas, que ha abierto el abogado de Alfredo de Miguel, el presunto cerebro de la trama para el que la Fiscalía pide 29 años y 9 meses de cárcel por 20 delitos, entre ellos, asociación ilícita en grado de dirigente, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Al inicio de su exposición, la defensa del exdirigente del PNV ha destacado la magnitud de este juicio y ha lamentado que "el punto de partida en el plenario ha sido de un escenario predeterminado y configurado por una instrucción en la que se vulneraron, desde su mismo inicio y en su avance, varios derechos fundamentales de los imputados, hoy acusados".

Para el abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, "el escenario de partida" de este juicio ha estado "influido por un juicio mediático y paralelo del que no podemos abstraernos", que "se ha vivido desde la instrucción, cuando las actuaciones se suponía que estaban bajo secreto, y que fue evolucionando con la inestimable ayuda de dos comisiones parlamentarias y múltiples y desafortunadas declaraciones de políticos de todo tipo y se ha extendido durante todo este proceso".

"Todas las mañanas nos desayunábamos con comentarios, valoraciones, curiosas o parciales, de lo que había acontecido en la sesión del día anterior. Para la prensa, para nuestra clase política -sin distinción de partidos-, para esta sociedad twittera, para todos ellos, mis defendidos --Alfredo de Miguel y su mujer Ainhoa Bilbao-- son presuntos culpables", ha insistido.

Por ello, ha dicho que espera que "para este tribunal, a la hora de deliberar, de dictar sentencia, no los tenga por tales" y espera y confía en que se abstraigan de la presión social, "que no tengan miedo de lo que ocurrió a la Audiencia de Navarra" -en referencia al caso de La Manada- y que dicten su sentencia "recordando las reglas esenciales que rigen el proceso penal y recuerden los derechos fundamentales del ciudadano en un Estado de Derecho".

Asimismo, ha recordado que pide la nulidad de toda la prueba de cargo esgrimida por las acusaciones, ya que "durante siete meses, todas las evidencias sobre las que se ha construido la instrucción y a las que se ha agarrado el Ministerio Público, estuvieron fuera del procedimiento, fuera del juzgado, fuera del secretario judicial".

Susaeta cree que hubo "manipulación" de las pruebas, ya que en el caso de las de tipo informático, "no hay precintos, hay mutaciones", y en el caso de las pruebas documentales, "hay evidencias de que se hayan podido alterar, introducir o suprimir". "Tenemos constatación o indicio de que durante siete meses, todas y cada una de las evidencias, de calado --con las derivadas que ello lleva--, estuvieron fuera del control y custodia del secretario judicial", ha reiterado.

Grabadora manipulada

Asimismo, ha afirmado que la grabadora que Ainoha Alberdi presentó para denunciar que había sido extorsionada por los miembros de la trama "está manipulada" y cree que la denunciante también aportó correos electrónicos que estaban "fuera de contexto".

También ha criticado que en los registros que realizó la Ertzaintza en los domicilios de los principales acusados, los hicieron "a su libre criterio y sin mandato ni habilitación expresa". "Se llevan lo que quieren, sin preguntar sobre su contenido y sin discriminar", ha reprochado, antes de insistir en que el auto "no les habilitaba a hacer lo que hicieron" porque ha explicado que el registro se limitaba a la contabilidad de la empresa Kataia.

Respecto a los documentos incautados en los registros, el abogado de la defensa ha criticado que no se numeraron "ni uno solo de los papeles" y que "lo único que se hizo fue meterlos en bolsas" que no se precintaron. Además, ha denunciado que "la inmensa mayoría no fueron ni fotografiados", de forma que "no se estableció ninguna medida de aseguramiento" y "no existió cadena de custodia con los papeles".

Tras criticar la forma de actuar con las pruebas, ha afirmado que le ponen "los pelos de punta, como jurista y como ciudadano", ya que "todas las evidencias del procedimiento entran en el Juzgado el 26 de octubre de 2010 sin cadena de custodia, sin medidas de aseguramiento". "No he visto una cosa igual en mi vida", ha subrayado, antes de insistir que "todas las evidencias han estado comprometidas".