El fiscal pide 30 años de cárcel para el principal acusado del ‘caso De Miguel’

La Fiscalía de Álava reclama una pena de 29 años y nueve meses de cárcel para el exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, al que considera el cabecilla de una trama de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos públicos. La petición recogida en sus conclusiones definitivas es significativamente inferior a la pena que solicitaba al inicio del juicio (54 años de prisión) que se sigue por el denominado caso De Miguel.

El ministerio público atribuye a De Miguel una veintena de delitos relacionados con las actividades de la presunta red corrupta, que habría operado entre 2005 y 2009, hasta que una empresaria denunció el entramado ante la Ertzaintza. Aunque la suma de las condenas por esta veintena de delitos asciende a 29 años y nueve meses de prisión, el Código Penal establece que el tiempo efectivo de estancia en prisión no puede superar el triple de la pena más alta impuesta, por lo que si es condenado, De Miguel permanecería un máximo de 12 años en la cárcel.

La Fiscalía responsabiliza al exdiputado foral y antiguo dirigente del PNV de un delito de asociación ilícita en grado de dirigente, por el que solicita tres años de cárcel, así como una multa de 5.400 euros. Además, le atribuye un delito de blanqueo de capitales, por el que pide tres años de prisión y una multa de 346.980 euros.

El escrito del ministerio público se estructura en diversos bloques, que coinciden con las distintas áreas en las que se ha estructurado el juicio. En el bloque sobre Urbanorma (la empresa de la abogada que denunció la trama), la Fiscalía imputa a De Miguel un delito de cohecho pasivo, con una condena de cuatro años de cárcel y una multa de 400.000 euros.

Otros de los tipos delictivos atribuidos al exdiputado foral son prevaricación, coacciones, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Además, le reclama el pago de cerca de un millón y medio de euros en concepto de multas.

Los otros dos principales acusados en la causa son los también exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 13 años y siete meses de prisión, cuando al inicio del procedimiento reclamaba penas que sumaban 32 años y dos meses de prisión para cada uno de ellos.

En ambos casos les considera responsables de nueve delitos (prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo y coacciones). El ministerio público les reclama el pago de más de 600.000 euros en cada caso.

Por su parte, Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel y que se enfrentaba a una petición de pena inicial de 30 años y seis meses de cárcel, ve reducida la solicitud de la Fiscalía hasta los cinco años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Las esposas de Telleria (Araceli Bajo) y Ochandiano (Iratxe Gaztelu) se enfrentan a las mismas penas que la esposa de Alfredo de Miguel, aunque la solicitud inicial de la Fiscalía era inferior (21 años y seis meses de prisión), que la que reclamaba para Ainhoa Bilbao.

En el caso de Aintzane de Miguel, hermana del presunto cabecilla de la red, el ministerio público plantea una petición de tres años y seis meses de cárcel por falsedad en documento mercantil, una condena significativamente inferior a los 13 años de cárcel reclamados al inicio del procedimiento.

Otros de los acusados son el responsable de la red de parques tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría, que se enfrentaba a 17 años de cárcel, ahora rebajados a un año y nueve meses por un delito de coacciones; y el antiguo gerente del Parque Tecnológico de Alava Alfonso Arriola, cuya petición de pena ha sido reducida de 21 años a cinco años y nueve meses, por un delito de coacciones y otro de falsedad en documento oficial.

El exviceconsejero de Cultura del Gobierno vasco Gurutz Larrañaga, para el que se reclamaban 17 años de prisión, ya no se enfrenta a ninguna pena de prisión, dado que la Fiscalía únicamente solicita que se le imponga una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años, al imputarle un delito de prevaricación continuada.

Por su parte, Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, se enfrenta a una petición de ocho años de prisión (diez menos que los solicitados inicialmente) por delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

El ministerio público reduce de 11 años a seis años y ocho meses la petición de prisión para el empresario Jon Iñaki Echaburu, al que considera autor de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso de Sergio Fernández Oleaga, para el que se reclamaban doce años de cárcel, la pena solicitada se ha reducido a siete años y seis meses, como responsable de los delitos de coacciones, cohecho activo, falsedad en documento mercantil e inducción a la prevaricación.

Iñaki San Juan se enfrenta a siete años de cárcel --inicialmente eran 19 años y siete meses-- por los delitos de asociación ilícita, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

El escrito de la Fiscalía propone imponer seis años de cárcel a Josu Montes, que antes se enfrentaba a 17 años y seis meses, por asociación ilícita, prevaricación continuada, malversación de caudales y falsedad en documento oficial.

El constructor Prudencio del Hierro, para el que inicialmente se reclamaban siete años, se enfrenta a una petición de tres meses --no entraría en prisión si llega a ser condenado-- por un delito de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía solicita una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años para la exalcaldesa de Zambrana Justina Angulo, que al inicio del procedimiento se enfrentaba a una solicitud de cuatro años y seis meses de cárcel.

Josu Arruti Letemendia, que se enfrentaba a 19 años y seis meses de cárcel en cada caso, es uno de los acusados que en el transcurso del juicio reconoció parcialmente los hechos que se le imputaban --afirmó haber recibido comisiones ilegales--, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Finalmente, se solicitan 21 meses de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho pasivo, por lo que al ser una pena inferior a dos años no entraría en la cárcel.

Su padre Josu Arruti Odriozola, para el que en un principio se reclamaban 19 años y seis meses de condena, ha visto reducida la petición de la Fiscalía a nueve meses por un delito contra la hacienda pública y otro de blanqueo de capitales, de forma que tampoco entraría en prisión. Estíbaliz Arruti, hermana e hija de los anteriores, se enfrentaba a una petición de seis años de cárcel, ha visto como la Fiscalía pide ahora su absolución, junto con la de los empresarios catalanes Joaquim Sabater y Ramón Tomás, "por no sostenerse la acusación contra ellos". También se pide que sea absuelto Gorka Errasti, marido de Estibaliz Arruti, al haber prescrito el delito de blanqueo de capitales que se le atribuía.

La Fiscalía también pide la absolución de los empresarios Francesc Fernández y Placid Casas, otros de los acusados que llegaron a un acuerdo con el ministerio público y que reconocieron haber pagado comisiones a la trama. Ambos se enfrentaban a una petición de siete años y seis meses de cárcel, aunque la Fiscalía argumenta ahora que el delito que se les imputaba ha prescrito. El juicio del caso De Miguel se reanudará la próxima semana, con la exposición de las conclusiones de las defensas y acusaciones.