El caso ‘De Miguel’ entra en su fase final

El denominado "caso De Miguel", el macro jucio por delitos relacionados con la corrupción y el cobro de comisiones ilegales que afecta a 26 destacados exdirigentes del PNV, está a punto de entrar en su fase final. El Tribunal de la Audiencia Provincial de Alava retomará el próximo lunes día 26 la vista oral, para que las partes presenten las conclusiones definitivas, después del viraje que tomó la causa el pasado día seis, cuando uno de los procesados reconoció haber pedido y cobrado comisiones para el principal procesado, el exdiputado y exnúmero 2 del PNV de Álava, Alfredo de Miguel.

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Ese día se empezó a visualizar el pacto de la fiscalía con algunos de los acusados. Josu Arruti Letamendia, el administrador único de la sociedad mercantil Sidepur, una de las empresas investigadas, confesó que él mismo y el principal acusado de la trama, su amigo y ex número dos del PNV alavés y diputado foral cuando se destaparon los hechos, Alfredo de Miguel, recibieron comisiones ilegales del grupo catalán, Construcciones Riera, a cambio de sus gestiones para impulsar un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana. Un polígono que no se llegó a urbanizar. El empresario confirmó al día siguiente la entrega de ese dinero, que acabó en la cuenta corriente de la sociedad Kataia, de la que eran socios De Miguel y otros dos dirigentes nacionalistas, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano. La ociedad figuraba a nombre de sus mujeres

El reinicio de la vista estaba previsto para hoy pero el fiscal ha pedido un aplazamiento por problemas técnicos con la grabación del juicio, petición que ha atendido este lunes la Sección Segunda de la Audiencia de Alava. La Fiscalía Provincial de Alava reclama una pena de 29 años y nueve meses de cárcel para el exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, al que considera el cabecilla de una trama de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos públicos, una petición de condena recogida en su escrito de conclusiones definitivas, y que reduce significativamente la pena que solicitaba inicialmente, que ascendía a 54 años de prisión.

El ministerio público atribuye a De Miguel una veintena de delitos relacionados con las actividades de la presunta red corrupta, cuyo liderazgo le atribuye, que habría operado entre 2005 y 2009, hasta que una empresaria denunció el entramado ante la Ertzaintza. Los otros dos principales acusados en la causa son los también exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 13 años y siete meses de prisión, cuando al inicio del procedimiento reclamaba penas que sumaban 32 años y dos meses de prisión para cada uno de ellos. En ambos casos les considera responsables de nueve delitos (prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo y coacciones). El ministerio público les reclama el pago de más de 600.000 euros en cada caso. Durante el juicio, varios de los imputados reconocieron el pago de comisiones ilegales para desarrollar el proyecto de recalificación urbanística en la localidad alavesa de Zambrana, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

Tras la exposición del informe final de la Fiscalía, el resto de acusaciones -Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia- presentarán sus informes finales y los abogados de las defensas también presentarán sus conclusiones. El calendario se sesiones prevé que estas finalicen el próximo 19 de diciembre.