Las protestas sociales desbordan a Torra tras seis años de ‘procés’

El Govern de Quim Torra se enfrenta hoy a la cuarta jornada de protestas laborales y sociales que piden revertir los recortes arrastrados desde 2011. Los profesores y funcionarios se suman a la huelga que desde el lunes mantienen los médicos y que ayer también movilizó a estudiantes y bomberos, incluso hasta las puertas del Parlament. Se trata de unas reivindicaciones que han tenido la sordina del procés. Torra, que ayer no tenía agenda pública, guardó silencio. El vicepresident Pere Aragonès supeditó posibles mejoras a un nuevo Presupuesto, que se comienza a negociar hoy con los comunes.

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A las puertas del Parlament, los Mossos d'Esquadra evitaron ayer que médicos y bomberos entraran en el interior de la Cámara catalana. En la puerta se vivieron momentos de tensión entre agentes de la policía catalana y bomberos. Ni siquiera esas imágenes motivaron una reacción por parte del Ejecutivo catalán. Torra no tenía programado ningún acto público. Por la tarde trascendió que había mantenido una larga reunión con el exlehendakari Juan José Ibarretxe, al que Torra definió en las redes sociales como “un gran amigo de Cataluña”. Torra, explicaron desde su gabinete, sigue de cerca el desarrollo de las negociaciones con los médicos.

Incluso desde el Govern asumen que los trabajadores públicos tienen parte de razón en sus reclamaciones. Torra aceptó, el pasado martes, que han de realizar “sobreesfuerzos” para poder ejercer su trabajo y dijo que “tienen que tener los medios y las retribuciones justas para poder hacer su trabajo, que es excelente”. Los funcionarios catalanes, por ejemplo, son los únicos en todo el Estado que no han recuperado las pagas extras de 2013 y 2014 que fueron recortadas como una medida de contención de gasto. El próximo 12 de diciembre, si no se llega antes a un acuerdo, están llamados a parar los 160.000 funcionarios de la Generalitat y los demás trabajadores de empresas públicas que también vieron recortadas sus retribuciones por el Gobierno de Mas. Desde los sindicatos defienden que, ante el cambio de ciclo económico, ahora lo que toca es pasar a la ofensiva para recibir ese dinero que se les adeuda. Los médicos, por su parte, aseguran que desde 2011 han perdido el 30% de su poder adquisitivo.

Pero no es un problema solo de retribuciones. Los efectos de las políticas de austeridad aplicadas a partir del primer mandato de Artur Mas en la Generalitat, en 2011, aún se sienten en las aulas y en los centros de atención primaria. Según cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la Generalitat recortó un 26% del gasto social, más de 5.000 millones de euros.

Los médicos dicen estar desbordados ante la presión asistencial y los profesores, por ejemplo, piden recuperar las horas lectivas que se eliminaron para ahorrar. Hasta ahora, solo los institutos que funcionan en zonas desfavorecidas tienen la llamada sexta hora. El precio medio por crédito universitario en Cataluña es de 41,17 euros frente al promedio de 27,7 euros en el resto del Estado y por ello los estudiantes piden una reducción de las tarifas del 30%.

Se trata de reivindicaciones que han estado en el tintero desde hace años pero que ahora le explotan al Ejecutivo que preside Torra. Tras años en que las protestas independentistas eclipsaban cualquier otra movilización, la paciencia de los trabajadores públicos comienza a acabarse. El mantra oficial del secesionismo siempre ha sido que sólo una Cataluña independiente puede poner fin a los problemas de los catalanes.

Algo en lo que insistió el pasado martes el portavoz adjunto de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, que en una entrevista en Radio Nacional calificó de “no esencial” el debate sobre las listas de espera, lo que levantó las críticas. “Nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la resolución real del problema. Y la solución real del problema ante un Estado que no hace nada a favor de Cataluña es plantear que necesitamos votar nuestro futuro”, insistió Pujol.

El Govern se ha visto desbordado ante todas estas protestas esta semana. Por un lado, por sus dificultades para acompasar su discurso de “anormalidad democrática”, derivada por la prisión preventiva de los líderes del procés, con la idea de que no se negocia con el Gobierno. Las manifestaciones también son el telón de fondo de unas negociaciones para el Presupuesto catalán, que se empiezan hoy con el grupo de Catalunya en Comú-Podem y que exige una subida en el gasto social de 1.700 millones. Se trata de una propuesta que hace obligatorio tener unas cuentas a nivel estatal y que tanto Esquerra como el PDeCAT se niegan a negociar.

Pendientes de las cuentas

El vicepresidente catalán, el republicano Pere Aragonès, dijo en una entrevista a Teletaxi que se están haciendo propuestas como incorporar a 200 médicos más en la atención primaria, ampliar el tiempo mínimo de visita y dotar al secto con 100 millones de euros más. Aragonès, sin embargo, supeditó que estas medidas tiren adelante a que se aprueben las cuentas catalanas. “Para hacer esto necesitamos unos presupuestos”, insistió. “El Govern tiene muy claro que no prometerá lo que no puede cumplir. Lo que no haremos es parar una huelga prometiendo cosas que no podamos cumplir”, agregó.

Las negociaciones con el sector sanitario, que hace 10 años no salía hacía una huelga, siguen abierta y ambas partes aseguran que las posiciones no están tan alejadas. Al cierre de esta edición, los médicos de atención primaria y el Instituto Catalán de la Salud (ICS) —el ente público que gestiona el 80% de los centros de salud— mantenían reuniones para acercar posturas pero aún no habían llegado a un acuerdo para desconvocar el cuarto día de huelga.