Funcionarios de Vigo defienden ante la juez que fraccionar el contrato del alumbrado en 18 partidas es legal

En plena vorágine del alumbrado navideño en Vigo, su máximo responsable, el concejal Ángel Rivas, ha defendido este lunes su gestión ante la jueza que le investiga tras ser denunciado por una posible prevaricación administrativa en la adjudicación del contrato de 2016/2017 al haber sido fraccionado en 18 partidas.

Rivas se ha desmarcado de la fórmula empleada para poder adjudicar el alumbrado público alegando que esa cuestión solo compete a los técnicos del Ayuntamiento. El concejal ha admitido que la decisión de trocear el contrato la había tomado el secretario municipal, José Riesgo Boluda, que también ha sido imputado en la causa, pero ha dicho que la defendía “absolutamente”.

El responsable de la concejalía de Participación Ciudadana, Parques y Jardines, Comercio y Distritos del Ayuntamiento de Vigo ha comentado al término de su comparecencia que respeta la actuación judicial y que mantendrá su total colaboración con la Justicia. "Y ahora me tengo que marchar para seguir preparando las navidades de este año, que es lo que demandan los ciudadanos", ha zanjado Rivas a la salida del juzgado.

Además del concejal, también han comparecido este lunes otros tres funcionarios del Ayuntamiento en calidad de testigos. Tanto el interventor, el tesorero como el jefe del área de servicios generales han justificado su actuación alegando que la ley permite adjudicar el alumbrado en diferentes partidas. Todos ellos han defendido que no se cometió fraude en la tramitación de los contratos menores porque ya se habían cumplido los requisitos de publicidad y concurrencia, según informa Europa Press.

Asimismo, han explicado que esa medida se adoptó de urgencia para evitar que el primer concurso quedase desierto. Así el Ayuntamiento se encontró a finales de septiembre no tenía todavía contratado el alumbrado navideño, por lo que los funcionarios han justificado que se adjudicasen varios contratos.

Según explicaron los funcionarios ante la instructora, a una empresa se le contrató la iluminación del centro de la ciudad, por 252.000 euros y luego se firmaron hasta 18 contratos menores para el alumbrado de otras zonas y barrios del extrarradio.

La investigación de esos contratos se inició tras la denuncia de Juan Carollo, activista de la Acampada contra la Pobreza de Vigo, en la que se advierte de la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, al haberse desglosado varios contratos la adjudicación del alumbrado, después de que una primera adjudicación por 900.000 euros quedara desierta por un error en el cálculo económico.

Según la acusación particular, en el primer proceso de adjudicación existe un informe del jefe de área en el que advierte de que "no es posible la división en lotes" de ese contrato, por los problemas de coordinación que podría haber entre los diferentes contratistas. También denuncian que el secretario municipal aceptó los contratos menores, pero puso el reparo para las siguientes campañas navideñas, para “evitar la duda del fraccionamiento".

El gobierno municipal convocó después un nuevo concurso por un importe mucho menor de 208.000 euros, al reducir el número de calles con alumbrado. Las supuestas irregularidades se habrían cometido después, cuando se licitaron otros contratos por diversas cuantías para iluminar diferentes barrios de la ciudad como Navia o el entorno de Povisa.

Además de la denuncia de Juan Carollo, el grupo municipal del PP también denunció los hechos ante los medios de comunicación. En respuesta, el alcalde, Abel Caballero, había defendido la actuación del gobierno local porque el concurso inicial había quedado desierto, y garantizó que se había cumplido la legalidad.