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El fiscal pide expulsar de España al portavoz de los manteros de Barcelona por falsificar ropa

Lamine Sarr y seis senegaleses afrontan tres años de cárcel por fabricar bambas y bolsos para el top manta

Jesús García Bueno
Lamine Sarr, con la camisa de cuadros, junto a otros manifestantes
Lamine Sarr, con la camisa de cuadros, junto a otros manifestantesAlbert García

Mamaru Lamine Sarr prefiere concentrarse en su fe antes que pensar en el juicio. "No me preocupo. Confío en Dios. Pasará lo que tenga que pasar". Lamine Sarr es el portavoz del sindicato de manteros de Barcelona, creado en 2015 para defender los intereses de los jóvenes subsaharianos que sobreviven con la venta ambulante. A partir del próximo martes, él y otros seis senegaleses se sientan en el banquillo de los acusados por fabricar, en un piso de Barcelona, bolsos y bambas falsificados para el top manta.

La fiscalía pide tres años de prisión para seis de los senegaleses y cinco años para uno de ellos por reincidente. Exige, además, que a los tres acusados sin papeles se les sustituya el ingreso en prisión por su expulsión de España. Uno de los que se encuentran en situación irregular es, precisamente, Lamine Sarr. "Hacen lo que les da la gana", dice el hombre que ejerce la portavocía del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, pero que ante el proceso judicial prefiere guardar silencio y no hablar en nombre de sus compañeros.

La detención de los siete senegaleses se produjo en julio de 2016, después de cinco días de seguimientos por parte de la policía. Los chicos compartían un piso en la calle Calàbria, en el Eixample de Barcelona. La policía logró autorización judicial para registrar la vivienda y descubrió, en grandes maletas de las distintas habitaciones, un almacén con más de un millar de productos falsificados.

Los manteros guardaban en casa zapatillas Nike y Adidas; bolsos de Chanel, Prada y Michael Kors; gafas de Armani, Gucci y Louis Vuitton; y equipaciones del Barça y el Real Madrid. La fiscalía calcula que el daño causado a esas marcas supera los 415.000 euros.

Lamine Sarr y sus compañeros senegaleses no eran solo vendedores del top manta, sino, sobre todo, fabricantes y distribuidores. En el piso de Calàbria, siempre según el relato de la fiscalía, se dedicaban a la "fabricación, distribución, almacenaje y venta a terceras personas" de los productos falsificados. Los seguimientos policiales constataron que algunos de ellos también vendían directamente los productos. Como Maguette S., a quien se vio instalar la manta en la plaza de Catalunya o en La Rambla.

En el registro del piso, la policía encontró una bolsa de plástico con siete teléfonos móviles. Uno de los acusados, Mamadou M., los había encontrado en la calle y se los había quedado. La fiscalía subraya que no consta que los hubiera robado y le pide el pago de una multa por un delito leve de apropiación indebida.

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"No hay mafia, es supervivencia"

La acción policial y judicial contra Lamine Sarr y sus compañeros generó polémica en el verano de 2016, en pleno fragor contra el top manta. Más aún cuando la juez encargada del caso decidió enviar a prisión a cuatro de ellos por riesgo de fuga porque cambiaban a menudo de identidad para "evitar la acción de la justicia". Tras pasar unos días en la antigua cárcel Modelo, la juez les dejó en libertad. Sobre Lamine Sarr, el auto señalaba que era una persona insertada en su entorno social, activa y que había participado en programas y cursos de formación en los últimos años.

En ese primer momento, al portavoz y a sus compañeros se les consideraba parte de una organización criminal. Ese delito, sin embargo, ha quedado finalmente fuera de la acusación de la fiscalía, que les atribuye solo un delito contra la propiedad industrial. "Siempre piensan que hay una red de mafia y no, es una forma de sobrevivir. La falsificación les da más para vivir. Si vendes solo pareos no te llega para pagar el alquiler", explica Mawa Ndiaye, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Cataluña.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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