“Se me han quitado las ganas de orinar en la calle”

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“Se me han quitado las ganas de orinar en la calle”, explica Antonio (nombre ficticio). Un policía secreta lo pilló en plena acción en un callejón durante las fiestas del Dos de Mayo y, cinco meses después, le llegó la multa: 751 euros. Este joven decidió cambiar la sanción por tres días barriendo las calles de la capital: un día en Carabanchel, otro en La Latina y un tercero por determinar. Como él, 773 personas se han acogido una medida impulsada por la alcaldesa, Manuela Carmena, para concienciar a los infractores de que respeten la Ordenanza de Limpieza. Las multas por ensuciar la vía pública (orinar, vomitar, pintar grafitis, dejar basura fuera de contenedores…) se duplicaron en 2017 y se mantienen en 2018.

Antonio y otros cuatro infractores se encuentran en un punto de la calle de Téllez para quedar con una trabajadora social. “Nos explicó en qué consistía el trabajo, las medidas de salud, por qué no hay que ensuciar las calles y el seguro que tenemos por si pasa algo mientras limpiamos”, señala este joven madrileño. Al día siguiente, desde el mismo lugar, se dirigen al punto elegido para efectuar lo que el Ayuntamiento llama prestación ambiental sustitutoria, es decir, conmutar su multa por trabajos de concienciación y sensibilización sobre la limpieza de los espacios públicos. Los cinco se convierten en una cuadrilla de limpieza, ataviados con la misma ropa que llevan los barrenderos municipales —y un peto de “limpio Madrid—, además de con un gran cepillo y un carro con dos cubos.

Después, se dirigen a Carabanchel para iniciar las labores en las que pasarán 20 horas (ocho horas dos días y cuatro un tercero). “Es un trabajo duro, he estado todo el rato tirando de carro, barriendo montones de hojas, agachándome cada poco tiempo. También tenemos que limpiar los alcorques de los árboles y quitar carteles y pegatinas por las paredes y paradas de autobús”, cuenta Antonio. “Tras hacerlo, creo que es una buena forma de concienciar a la gente sobre la limpieza de la ciudad, cuando lo haces te das cuenta de que cuesta mucho. Además, mucha gente no tiene dinero para pagar la multa, yo no podría haber pagado los 751 euros que me impusieron”, añade.

Otra de las partes de la labor educativa consiste en conocer las sanciones por incumplir la normativa. “Pintar grafitis es una sanción leve, y la primera multa suele ser de 400 euros; miccionar en la calle es grave y son 751 euros la primera vez que te pillan, y 1.500 si es la segunda”, cuenta. “Los cinco de mi cuadrilla teníamos multa por orinar en la vía pública, pero la trabajadora social nos ha contado que también ha participado en el programa gente que ha escupido en la calle, tirado cáscaras de pipas, vomitar estando borrachos, hacer botellón o tirar colillas al suelo”, dice. “A mí se me han quitado las ganas de volver a hacerlo. Encima ahora si me vuelven a pillar serían 1.500 euros de multa. Me sale más rentable pedirme algo en un bar y usar el baño”, confiesa.

En 2016, el Ayuntamiento de Madrid sancionó a 2.314 personas por incumplir la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión; un año después, las multas se duplicaron, hasta llegar a los 4.683 expedientes sancionadores. Según los datos municipales, tres tipos de infracciones acumularon el grueso de las multas: el mayor número de infracciones (2.167 en 2017 frente a 824 en 2016, es decir, un 162,9% más), se debió a la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública. Las otras infracciones más numerosas fueron por dejar la basura en la calle en lugar de depositarla en sus correspondientes cubos o contenedores (628 frente a las 382 de 2016, es decir, un 64,3% más), además de las denuncias por depositar o verter residuos derivados del consumo privado en los espacios públicos, o dejarlos fuera del mobiliario destinado a tal fin, tales como botellas, o envases de alimentos o chicles (801 en 2017 frente a 536 en 2016, o sea, un 44,4% más). Los datos de 2018 (hasta octubre) no están desgranados por sanciones, pero el número total de multas a octubre de este año es de 3.710, acercándose a las 4.683 de 2017.

En 2016, la alcaldesa Manuela Carmena impulsó el programa de prestación ambiental sustitutoria con 50 expedientes (21 por micción, 13 por tirar residuos, 10 por no recoger las cacas de los perros y 6 por pintar grafitis). La buena acogida de la idea ha hecho que continúe en el tiempo. Hasta la fecha, ha habido 773 personas que se han acogido a esta iniciativa, de las cuales 479 (un 77%) fueron sancionadas por orinar en espacios públicos, 71 (un 11%) tiraron residuos en la calle, mientras que 43 (un 7%) ensuciaron de otra forma la vía pública, 24 (un 4%) realizaron pintadas o grafitis y 6 (1%) no recogieron los excrementos de su perro.

El perfil del infractor es un hombre (86%) de entre 18 y 29 años (64%) y con estudios universitarios (46%), lo que encaja con las fiestas patronales o universitarias donde hay mucho alcohol y mucha gente opta por orinar en la calle. “El problema es que muchas veces no hay baños públicos cerca, y en muchos bares no te dejan entrar si no consumes, así que es más fácil buscar un callejón donde nadie te vea y orinar”, se queja Antonio.

El Ayuntamiento recuerda que durante esta legislatura ha instalado 130 aseos públicos en calles y plazas de la capital, principalmente en el distrito de Centro, donde más infracciones por esta causa se producen. Se trata de baños públicos a un precio muy reducido (10 céntimos) que se limpian solos. Además, el Consistorio ha instalado en algunas zonas, como Lavapiés, baños más sencillos, como los que pueden verse en las obras, aunque no hay datos de cuántos se han instalado por ahora.