Guerra entre Madrid y las ciudades del sur por los semáforos de la A-5

La instalación de semáforos en el tramo urbano de la A-5 ha abierto una guerra sin precedentes entre el Ayuntamiento de Madrid y los de las ciudades del suroeste, que temen que se multipliquen los atascos, bloqueando la entrada de sus vecinos en la capital. La transformación de 11 kilómetros de la autovía en vía urbana, que incluirá reducir la velocidad a 50 kilómetros hora, afectará a los 125.000 vehículos que llegan diariamente desde Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, Leganés o Fuenlabrada.

“Es una locura”, se queja David Pérez, el alcalde de Alcorcón (PP). “Será un perjuicio para el pueblo”, lamenta José Luis Adell, el regidor de Navalcarnero (PSOE). “Los semáforos y bajar la velocidad [de 70 a 50 kilómetros hora] harán que tardemos mucho más. Aumenta el tiempo de entrada a la capital, y eso va a repercutir en cadena en toda la vía”, remata Andrés Martínez, su homólogo de Arroyomolinos (Ciudadanos). Da igual el color político. No importa la adscripción ideológica. De Móstoles a Boadilla, todos los municipios de la región están haciendo pública su disconformidad con los planes del Ayuntamiento de Manuela Carmena, al que acusan de no haberles consultado antes de poner en marcha un plan que afectará a la entrada en la capital del millón largo de vecinos que suman las localidades afectadas.

Este es un choque entre intereses contrapuestos. Las aceras que orillan la entrada de la A-5 en Madrid resumen las quejas de los vecinos: los coches pasan a toda velocidad a unos pocos metros de sus casas, llenando sus vidas de ruidos y humos, y rodeándolas de la amenaza diaria de sufrir un accidente. Llevan muchos años reivindicando que se convierta en una vía urbana. Al tiempo, los estudios del propio Ayuntamiento de Madrid alimentan las quejas del resto de municipios: instalar semáforos, activar un radar, reducir la velocidad y apostar por un carril bus supondrá aumentar hasta un 350% los atascos, lo que podría afectar a la M-40 en el sentido entrada y a la M-30 en el sentido salida si no se adoptan medidas complementarias, según un informe municipal de abril.

El cóctel consecuente está tensando la situación hasta límites insospechados. La instalación de los semáforos comenzó el fin de semana pasado. Aunque el Ayuntamiento no ha aclarado cuándo empezarán a funcionar tras ser contactado por EL PAÍS, su plan inicial es que estuvieran regulando el tráfico ya este mismo año, tras un periodo de prueba. En paralelo, los municipios afectados están aprobando mociones instando a la Comunidad a crear una mesa de trabajo con todas las partes implicadas; al consorcio regional de transportes a hacer un estudio de movilidad; y a Fomento a plantearse como alternativa el uso gratuito de la autopista radial R-5 para vehículos de transporte público, alta ocupación y clasificados como de “cero emisiones”.

Pero hay más. Los alcaldes de los municipios afectados piden que se abra un carril bus-VAO, se amplíen sus accesos a la carretera, o que el cercanías llegue a sus localidades para combatir los futuros atascos. “Los cambios en la A-5 van a afectar muy negativamente, provocarán grandes retenciones, y causarán más problemas de contaminación de los que van a resolver”, se queja el regidor de Alcorcón, David Pérez. “Es una genialidad”, ironiza su compañero de partido, el popular José Jover, alcalde de Villaviciosa. “No hace falta ser Einstein para saber que es una mala idea”.

Alianza entre alcaldes

En Arroyomolinos las cosas se ven de forma similar. “No sé hasta qué punto podremos presionar para que eso no se haga, pero creo que nos deberíamos poner de acuerdo todos los alcaldes de la zona para intentarlo”, explica Andrés Martínez (Ciudadanos).

Las protestas también se repiten entre los regidores del PSOE, que se expresan con más cautela. “Defiendo que cualquier medida restrictiva de circulación de la A-5 debería llevar una estrategia conjunta de movilidad, donde se refuerce el transporte colectivo y los aparcamientos disuasorios, y no medidas unilaterales que solo solucionen en parte los problemas”, dice Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles. “Pido una política coordinada entre las administraciones, y que el presidente de la Comunidad y la alcaldesa dejen de echarse las culpas y hagan una mesa conjunta con los ayuntamientos de las grandes ciudades”.

“Antes de poner semáforos se debe hacer una solución integral al transporte”, opina José Luis Adell, de Navalcarnero. “[En el PSM] Nos dijeron que se abriría una mesa con todos los afectados, por eso me sorprende que se instalen los semáforos antes. Mientras eso no pase, estamos en contra”, dice. “Los semáforos pueden ser una solución para los vecinos de Madrid, pero no es justo que se haga a costa de otros vecinos a los que ya nos tienen machacados”.

125.000 vehículos afectados al día

El medio millón de habitantes de Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, Arroyomolinos o Villaviciosa tienen su vía preferente de entrada a Madrid por la A-5. Los más de 500.000 habitantes de Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo o Boadilla también se verán afectados.

El Ayuntamiento ha instalado semáforos y reducirá de 70 a 50 kilómetros por hora la velocidad en un tramo de 11 kilómetros entre Cuatro Vientos y Batán. Eso afectará a los 125.000 vehículos diarios que usan de lunes a viernes la vía, que pasa a unos pocos metros de las viviendas de la zona.

Las colas se incrementarán un 150% (1.400 vehículos) cuando estén activos los semáforos de entrada, y un 350% (2.500) cuando lo estén también los de salida, por lo que podrían llegar hasta la M-30, según el propio Ayuntamiento.