“Los controladores somos los trabajadores más odiados y con Madrid Central será peor”
El colectivo que vigila los parquímetros, unos 1.000 trabajadores, sufre constantes insultos y unas 200 agresiones al año. El próximo martes, uno de ellos lleva a juicio a cuatro agresores que le dieron una paliza brutal por ponerles una multa de aparcamiento
“Puse una multa a un Mercedes cerca de Ventas. Salieron cuatro personas a gritarme que se la quitara. Les dije que es imposible, que es automático. Entonces se me abalanzaron y empezaron a pegarme, me tiraron al suelo y me dieron patadas hasta cansarse”, relata con crudeza Juan (nombre ficticio), un controlador del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER, los parquímetros). Este colectivo, formado por unos 1.000 trabajadores en la capital, se queja de que padece insultos y vejaciones a diario, además de denunciar unas 200 agresiones al año.
En la mayoría de los casos son leves, pero el caso de Juan fue más allá: le rompieron la nariz y ocho costillas y le causaron unas heridas por las que pasó diez meses de baja y precisó de ayuda psicológica. El próximo martes arranca el juicio contra los agresores —les pide cinco años de cárcel— y los controladores madrileños se concentrarán a las puertas del juzgado para apoyar a su compañero y denunciar que se sienten desprotegidos por el Ayuntamiento y las empresas concesionarias.
La agresión a Juan ocurrió el 5 de septiembre de 2016. “Por suerte, un chaval del barrio lo grabó todo desde por la ventana. Ahí se ve que cada vez que intentaba levantarme me volvían a agredir”, explica junto a su moto, con la que ha vuelto a patrullar por Madrid. “Los médicos me dijeron que nunca habían visto un tabique tan roto”, añade. “Somos el colectivo más odiado de Madrid. Y con Madrid Central irá a peor, porque somos la cara visible de las multas”, pronostica.
Los sindicatos piden refuerzos de cara a la entrada en vigor de Madrid Central. Esther Hixienes, portavoz del sindicato UGT en el SER, ahonda en esta problemática: “La paliza a este compañero llama mucho la atención, pero tenemos incidentes constantes. A una compañera le tiraron un bote de pintura encima, a otra le echaron espray de pimienta en los ojos y le ha quedado una lesión permanente. Incluso a otra una persona la atropelló con su coche”, explica.
"Nos dicen ‘zorra’, ‘puta’, ‘guarra’, ‘vete a fregar", dice una sindicalista
Amaya Amilibia, portavoz del sindicato CC OO en este colectivo, apunta además que hay un fuerte componente de machismo en las agresiones verbales: “Un 77% de los controladores son mujeres. Y eso se nota en los insultos. Nos dicen ‘zorra’, ‘puta’, ‘guarra’, ‘vete a fregar’, ‘vuelve a la cocina’ y muchas cosas de ese estilo”. Amilibia coincide en que los trabajadores cada vez están más desprotegidos: “Nuestra reivindicación histórica es trabajar por parejas, porque así sería más difícil agredirnos, pero vamos en la dirección contraria. A finales de 2013 arrancó una nueva concesión del servicio. Entonces éramos unos 1.800 controladores para toda la ciudad, y ahora somos en torno a 1.000”, explica. El Ayuntamiento responde que el colectivo nunca superó los 1.200 empleados.
Según los sindicatos, las empresas no exigen a los empleados poner un número de multas, “pero si pones pocas multas las empresas te dan un toque” Cada trabajador suele poner unas 20 multas al día, por no poner tique, por pasarse de hora, por aparcar en carga y descarga...
Un 77% de mujeres en el servicio
Unos 1.000 trabajadores realizan el servicio como controladores del SER en la capital. Hace cuatro años eran 1.800, según datos de UGT y CCOO. El Ayuntamiento dice que nunca fueron más de 1.200.
Unas 200 agresiones al año a este colectivo se denuncian ante la policía. Los sindicatos advierten de que hay muchas otras que no se denuncian, además de constantes agresiones verbales.
El sueldo de este colectivo es de 19.600 euros al año brutos, poco más de 1.000 euros al mes netos con tres pagas extras.
Un 77% de los empleados son mujeres, según las cifras sindicales.
Diez meses de baja es el tiempo que estuvo recuperándose de una agresión un controlador agredido, cuyo juicio se celebra el próximo martes.
Otra de las reivindicaciones sindicales es que el Ayuntamiento de la capital o el Ministerio del Interior los consideren autoridad durante su jornada laboral, lo que aumentaría las penas para quienes los agredan. “Lo que no puede ser es que a una compañera le dieran un puñetazo en la cara y en el juicio el agresor solo haya sido condenado a pagar 150 euros”, dice Hixienes. Según el artículo 550 del Códio Penal, la agresión a la autoridad conlleva penas de prisión de uno a cuatro años.
Una portavoz municipal responde que el Consistorio “no puede hacer agentes de la autoridad a los controladores del SER porque la normativa estatal solo permite que lo sean los funcionarios públicos”, mientras que estos trabajadores dependen de empresas privadas. “Es una cuestión en la que se ha trabajado, pero existe ese impedimento legal”, añade la portavoz. “El Ayuntamiento lamenta profundamente esta agresión y pide respeto para el trabajo de los controladores”, concluye. En 2017, el SER tuvo un coste para el Consistorio de 67 millones de euros y unos ingresos de 82 millones.
Mientras, ellos mismos se están organizando. “Tenemos grupos de WhatsApp y nos avisamos cada vez que hay un incidente, un usuario conflictivo... Pero esta es iniciativa de los propios trabajadores”, dice la portavoz de UGT. Además, tras la grave agresión a Juan, las empresas han desarrollado un botón de emergencia en la PDA con la que cuenta cada trabajador: si se pulsa, manda un mensaje que automáticamente avisa del peligro a la central y a los compañeros que estén por la zona.
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