Barcelona se querella contra los jueces que encarcelaron a homosexuales durante el franquismo

El Ayuntamiento de Barcelona se ha querellado contra seis jueces que durante el franquismo dictaron más de 550 penas de cárcel contra miembros del colectivo LGTBI, sobre todo hombres homosexuales, en aplicación de las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, entre 1954 y 1977. La querella la investiga la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de que el juzgado número 12 se haya inhibido de la causa. Por ahora, sin embargo, el Ayuntamiento no sabe ni si estos seis jueces están vivos, algo que deberán dirimir las diligencias abiertas. El consistorio barcelonés acusa a los magistrados de crímenes de lesa humanidad.

La querella se enmarca en las iniciativas que ha tomado el gobierno de la alcaldesa Ada Colau de "lucha contra la impunidad del franquismo", ha subrayado este lunes el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens. Barcelona preside, ha señalado, la red de ciudades contra la impunidad de los crímenes del Franquismo.

El concejal ha recordado que durante tres décadas se produjo "una persecución sistemática y salvaje de homosexuales, a quien se encarcelaba en la galería que se conocía como 'de los invertidos' para evitar al supuesto contagio al resto de reclusos".

Una de las personas afectadas por aquellas condenas fue Sílvia Reyes, que este lunes ha explicado que estuvo tres años entre rejas por su condición de transexual. Reyes ha asegurado que, solo los transexuales de su entorno, entre detenciones en comisaría y periodos en la cárcel, permanecieron 34 años privados de libertad. El Ayuntamiento ha llamado a cualquier persona afectada por esas condenas a sumarse a la causa.

El teniente de alcalde ha precisado que en caso de que ninguno de los seis jueces siguiera con vida, su idea es reconducir la querella "hacia todas aquellas personas que puedan ser responsables de los hechos de la querella". A la pregunta de si las personas afectadas podrían reclamar indemnizaciones, Asens ha precisado que el Ayuntamiento ha presentado la querella como acción popular y que una vez se abra la investigación los represaliados se podrían personas en las diligencias y solicitar estas compensaciones.