El juicio contra los políticos en prisión pone a prueba la cohesión del Govern

La apertura del juicio oral a los políticos en prisión preventiva por los supuestos delitos de rebelión, malversación y desobediencia pondrá a prueba la ya de por sí débil cohesión del Govern. Junts per Catalunya y Esquerra se han conjurado para mantener la legislatura al menos hasta que se dicte sentencia, posiblemente a finales de la primavera, pero lo cierto es que la situación procesal remarcará la diferencia de estrategias de ambas formaciones y de los procesados.

Tras las crisis de desconfianza de las últimas semanas, por los diputados procesados por el Tribunal Supremo y la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana se aferraron al tempo de la sentencia como un salvavidas para intentar salvar sus diferencias y poder seguir adelante con la legislatura. Lo que pase después sigue siendo un misterio, si bien todas las señales indican que sopesan convocar unas nuevas elecciones catalanas y aprovechar la indignación que, consideran, generará una sentencia inculpatoria en Cataluña.

Fuentes republicanas y de la lista del president coinciden en que si bien era más que esperado que la Sala de lo Penal del Supremo siguiera adelante con el proceso contra los responsables políticos del procés, no deja de ser un duro golpe anímico. En cierta manera, aceptan, cierto sentimiento de unidad les embarga al tener un adversario en común. Los mensajes de ambas formaciones fueron idénticos. Tanto el líder de los republicanos en el Parlament, Sergi Sabrià, como el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha coincidido este jueves en calificar la apertura del juicio como “vergüenza democrática”.

Gesto de la fiscalía

La posición unánime de ayer jueves, sin embargo, tendrá próximamente su prueba del algodón. Esas mismas fuentes la ubican en la presentación de los escritos de acusación tanto de la fiscalía como de la Abogacía del Estado (y Vox), que tiene como fecha límite el próximo viernes. Es ahí donde las partes concretan su petición provisional de pena y en donde, en teoría, los independentistas ven posible que el Gobierno puede incluir el gesto hacia los líderes recluidos en la prisión de Lledoners, algunos desde hace más de un año.

Junts per Catalunya, el grupo parlamentario en el que está refundido el PDeCAT, y Esquerra tienen matices respecto a cuál debería ser ese gesto. Eso sí, ambos lo han puesto como condición indispensable para negociar el proyecto de Presupuestos Generales que han acordado Podemos y el Ejecutivo del PSOE.

A principios de septiembre, el vicepresidente de la Generalitat y líder de hecho de los republicanos, Pere Aragonès, puso sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno, vía fiscalía o Abogacía del Estado, modificara su posición hacia los políticos presos para poder desbloquear la tramitación de las cuentas. En la lista del president, por su parte, conviven diferentes posiciones sobre cómo abordar esta negociación y cuál debería ser el movimiento.

En el fondo, subsiste la contradicción de pedirle al Ejecutivo de Sánchez que influya en la fiscalía cuando uno de los mantras del independentismo es que en España no existe la separación de poderes. Ayer jueves Junts per Catalunya y ERC también coincidieron en ese punto. “Vemos cómo interfieren en el calendario judicial aquellos que dicen que no pueden hacer nada para evitar el juicio”, dijo Sabrià, en referencia a que la vicepresidenta Carmen Calvo ya conociera la fecha del 2 de noviembre como límite para entregar los escritos de las acusaciones. “Estas coincidencias no avalan la separación de poderes”, agregó Pujol, que lamentó que vaya a conocerse la petición fiscal justo en el primer aniversario de que los consejeros entraran en la cárcel.

El independentismo insiste en que sí hay margen para que el Gobierno se dirija a la fiscalía. Recuerdan que el artículo octavo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Ejecutivo “podrá interesar” al fiscal general a que promueva ante los tribunales “las actuaciones pertinentes en orden de la defensa del interés público”. “Es el Gobierno el que decide el interés público”, recuerdan desde Esquerra. Òmnium Cultural se unió a la petición y la defensa de Jordi Cuixart pidió al Supremo que impida a Vox seguir ejerciendo la acusación popular.