Los anfitriones llevan Airbnb a los tribunales

Pocos meses después de haber firmado la paz con el Ayuntamiento de Barcelona, al portal de alquiler turístico Airbnb se le abre otro frente en la ciudad. La asociación de anfitriones ACABA (Afectados por el conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb), que han sido multados por el Consistorio por haber anunciado sus viviendas en el portal, han presentado una demanda colectiva contra la multinacional. La demanda, que ha sido admitida a trámite en un juzgado mercantil, acusa al portal de inducirles a la confusión (por animarles a anunciar sus viviendas sin advertir de que es ilegal si no se tiene licencia y no pedirla para colgar el anuncio), competencia desleal (porque al tiempo que anfitriones podrían ser clientes) y además piden daños y perjuicios por las multas recibidas.

La asociación ACABA se creó hace un año y tiene un centenar de miembros: todos han sido multados por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau con sanciones de 30.000 o 60.000 euros por haber anunciado y alquilado sus viviendas habituales (o habitaciones) "de forma esporádica". Lo hicieron durante un máximo de dos meses, aseguró este miércoles su presidente, Neal Shanahan. Algunos, como el propio Shanahan solo alquilaron su piso una vez (15 días en verano de 2016) e ingresaron 1.500 euros que declararon a Hacienda. La multa que le llegó fue de 30.000 euros. "Alquilamos el lugar donde vivimos convencidos de que estaba permitido", lamenta Shanahan que recuerda la publicidad del portal animando a ciudadanos a "compartir" su vivienda con los turistas.

La gran oleada de multas a anfitriones se produjo en 2017, en el marco del plan de choque del gobierno Colau contra los pisos turísticos ilegales. La ciudad también fue la primera del mundo en multar al portal. En otros casos, el Ayuntamiento multó a vecinos solo por tener la vivienda anunciada, con una captura de pantalla del anuncio como prueba, aunque no la llegaron a alquilar, asegura el abogado de la asociación Dylan Tarin. "Queremos que Airbnb cese estas prácticas desleales, publica anuncios sin autorización e induce a la confusión", añade y recuerda el anuncio televisivo de la anfitriona Persita, "que no tiene licencia". "Airbnb seduce a personas en situación precaria que acaban cargando con las multas", zanja.

Desde Airbnb, un portavoz responde que la empresa "se preocupa por cualquier persona afectada o confundida por una legislación turística obsoleta. Seguiremos apoyando que se escuche a las familias que comparten su hogar y que estas tengan voz. Airbnb quiere ser un buen socio para la comunidad de Barcelona y continuaremos trabajando con las administraciones para conseguir una regulación más justa y clara".

ACABA asegura que entre los socios multados hay todo tipo de perfiles: jubilados, parados, profesionales cualificados... Sonia Molina es una de las que explica su caso: alquiló su piso durante dos meses cuando estaba en paro y fue multada con 30.000 euros. "Estaba en paro y utilicé la plataforma por miedo a perder el piso, fueron dos meses por semanas e ingresé unos mil euros, durante esas semanas me marché a casa de mi madre", explicaba este miércoles.

ACABA asegura que la demanda colectiva de anfitriones contra Airbnb es pionera en el mundo. "Si esto ha pasado en Barcelona es porque es donde el conflicto entre Airbnb y el Ayuntamiento ha llegado más lejos", apunta Shanahan. La admisión a trámite comporta, explica el letrado de ACABA, el requerimiento al Ayuntamiento de información sobre las 5.000 multas. La idea de la asociación es que estos datos les permitan sumar afectados a la demanda, que estiman que podrían ser mil personas que respondan al perfil de haber anunciado su vivienda habitual y por un periodo corto de tiempo.

Para demostrar que los pisos alquilados son residencia habitual, explican los representantes de ACABA, han recurrido a todo tipo de documentación, además del certificado del padrón. "Desde el histórico de recorridos con el Bicing [la bicicleta pública de Barcelona], hasta llamadas desde el teléfono fijo de casa o facturas de pedidos de comida o compras on line entregadas a domicilio", enumera Tarin.

A la pregunta de si son capaces de hacer autocrítica por no haber pensado que conseguir ingresos de forma tan sencilla podía no ser legal, Shanahan admite "cierta frustración", pero argumenta: "Nunca piensas que una empresa que parece seria y te invita a anunciarte puede hacer algo ilegal, nos han dado la espalda cuando antes nos habían recibido con las manos abiertas como clientes".