Colau amenaza con más multas a Airbnb y ordena cerrar 256 pisos turísticos ilegales

Después de un mes de funcionamiento del plan de choque contra los pisos turísticos ilegales, el Ayuntamiento ha ordenado cerrar 256 viviendas y está investigando 406 gracias a las denuncias hechas por los vecinos. Además, en el primer balance del plan, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, han anunciado este miércoles que los expedientes de regulación abiertos contra los portales Airbnb y Homeaway ya se han resuelto, con multas de 60.000 euros para cada plataforma. El Ayuntamiento ha advertido de que "si no colaboran con la Administración y no retiran los anuncios de pisos turísticos ilegales", los sancionará con 600.000 euros.

El plan de choque iniciado hace un mes, con un presupuesto de 1.350.000 euros, preveía la incorporación de 20 "visualizadores" para agilizar el trabajo de la inspección de los pisos turísticos ilegales, que llevaban a cabo sólo 20 inspectores para toda la ciudad, además de 46 de distrito. Sanz ha  puesto en valor el trabajo de este nuevo equipo de visualizadores, que están menos sujetos a trámites burocráticos, y que han verificado 234 viviendas ilegales, 10 veces más que en la vía de la inspección. 

Otro de los elementos del plan de choque era la página web de colaboración ciudadana donde los vecinos pueden consultar si cerca de donde viven tienen pisos turísticos sin licencia, y denunciarlos. La concejal de Participación y Distritos, Gala Pin, ha destacado que, "por el poco tiempo de vida que tiene la web, los resultados son bastante positivos". A través de la plataforma, el Ayuntamiento ha recibido 375 denuncias que se suman a las 31 hechas a través otros medios como el teléfono, y que se están investigando. Los vecinos que denuncian pueden hacer el seguimiento de la queja a través de la misma página, aunque Pin ha reconocido que "el proceso es lento, y puede tardar entre seis meses y un año antes de que se produzca una orden de cese". 

Con el objetivo de "garantizar el derecho a la vivienda" y paliar la pérdida de residentes en barrios como el Gótico o la Barceloneta, ha explicado Sanz, el Ayuntamiento ha intensificado la presión sobre los portales de alquiler de pisos entre particulares Airbnb y Homeaway. Los dos expedientes abiertos para cada una de las plataformas, que pedían que se retiraran los anuncios de pisos turísticos ilegales, ya se han resuelto, con multas de 30.000 euros para cada expediente. Sanz ha insistido en que, si los portales continúan con los anuncios y "no hay colaboración", se abrirá un nuevo expediente por una infracción muy grave de reincidencia, con la máxima multa permitida por la ley de Turismo, de 600.000 euros. 

Aunque se haya avanzado al agilizar las verificaciones de pisos sin licencia, gracias a los visualizadores, el proceso de inspección es lento. Lo demuestra que en 2015 el Ayuntamiento solo consiguió cerrar 38 pisos turísticos ilegales de los 6.000 inspeccionados. "La orden de cese significa que se tiene que acabar con la actividad inmediatamente", ha explicado Janet Sanz, a pesar de que después ha reconocido que los tiempos se alargan porque "no todo el mundo quiere cesar con la actividad de forma voluntaria", y esto hace que se tarde a la hora de cerrar los pisos turísticos ilegales.