Herramientas para sanear la ciénaga valenciana de la corrupción

Los escándalos que han sacudido las Administraciones valencianas han llevado a los tribunales a centenares de cargos públicos y contratistas. El retrato más desolador del terremoto es el de los tres dirigentes del PP que presidieron la Generalitat entre 1995 y 2011. Eduardo Zaplana se halla en prisión provisional. José Luis Olivas ha sido condenado y tiene otros juicios pendientes. Y Francisco Camps está siendo investigado en tres causas judiciales.

La ola de corrupción ha generado un movimiento pendular, el establecimiento de nuevos sistemas de control y la aparición de dos organismos: la Consejería de Transparencia y la Agencia Valenciana Antifraude. Su creación simultánea, en el primer caso, en el seno del Consell que integran el PSPV-PSOE y Compromís, y en el segundo, por las Cortes, a instancias de Podemos, el otro socio del Pacto del Botánico, ha sido criticada por redundante. No están de acuerdo sus responsables, Manuel Alcaraz y Joan Llinares respectivamente, que consideran solventada la mayor fricción que han tenido hasta el momento, la que se ha producido en la delimitación de las funciones de la Inspección General de Servicios, un departamento que la consejería está potenciando, y las de la Agencia Antifraude. La solución ha consistido en que cuando los inspectores de la Generalitat detecten irregularidades que apunten a que están ante un caso de corrupción remitirán el asunto a la Agencia.

Para evitar que la reacción a los escándalos se quede en un “arrebato”, Alcaraz cree necesario institucionalizar. Crear leyes, reglamentos, organismos, darles autonomía y formar a los empleados públicos. El dirigente de Compromís y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante admite que, como jurista, hubiera preferido una mejor planificación de la nueva estructura. Lo que describe como “una mejor planificación urbanística del barrio de la transparencia”. No ha sucedido, en parte, porque la realidad es cambiante. Alcaraz pone como ejemplo la nueva oficina de protección de datos que su consejería ha asumido y que se deriva de la nueva normativa de la Unión Europea.

Joan Llinares afirma, por su parte, que la Agencia Valenciana Antifraude, la consejería, la Fiscalía Anticorrupción, la Intervención de la Generalitat y la Sindicatura de Comptes trabajan en planos distintos. Y que lamentablemente hay mucho trabajo para todos. Una impresión compartida por los fiscales especializados en la lucha contra la corrupción en la Comunidad Valenciana, que han dado la bienvenida a los organismos.

En un año, la Agencia Antifraude ha abierto más de un centenar de expedientes, afirma Llinares, abogado especializado en gestión cultural, responsable de las investigaciones internas que sacaron a la luz la podredumbre del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y del Palau de la Música Catalana, y a quien la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau encargó la puesta en marcha de una oficina antifraude municipal.

El nuevo organismo valenciano ha concedido su estatuto de protección a 15 denunciantes de posibles casos de corrupción y está tramitando otros tres. Ha elevado varios asuntos a la Fiscalía, tras haber detectado indicios de delito. Y cuenta con una plantilla de 22 trabajadores, de los 35 previstos. El crecimiento de personal no es más rápido, dice Llinares, porque el resto de Administraciones, de cuyos funcionarios se nutre la Agencia, suelen resistirse a desprenderse de sus cuadros. Especialmente en el caso de la Administración General del Estado. Un problema que el director confía resolver con la próxima convocatoria de un concurso de traslados.

La Agencia tiene competencia sobre la Administración autonómica, los 542 Ayuntamientos valencianos y las universidades. Pero también sobre los partidos, sindicatos y contratistas públicos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. La mayor fuente de denuncias es la gestión municipal. El organismo solo rinde cuentas ante el Parlamento autonómico. Y su director afirma que su gran baza son las multas de hasta 400.000 euros que puede imponer a quienes adopten medidas en “represalia, venganza y alteración de las condiciones de trabajo, de la carrera profesional y similares” contra los denunciantes. Una potencia disuasoria que, según Llinares, ha proporcionado de momento una “eficacia considerable” a sus declaraciones de protección de denunciantes.

Sistema de alertas

La Consejería de Transparencia actúa en un ámbito más amplio, que va de la elaboración de códigos de buen gobierno al establecimiento de un sistema informático de alertas anticorrupción. La aplicación, todavía en fase de pruebas, combina diversas bases de datos con el objetivo de prevenir y detectar muchos de los comportamientos que integran los sumarios. Fraccionamiento artificial de contratos. Vinculación de altos cargos con adjudicatarias. Contrataciones a dedo. Presentación de ofertas de empresas del mismo grupo o que están relacionadas entre sí. Prórrogas de contrato irregulares. Cambios en las condiciones después de la adjudicación... El sistema, por el que Alcaraz asegura que se ha interesado la Comisión Europea, emite alertas clasificadas, según su gravedad, en categorías baja, media y alta.

Alcaraz, uno de los principales teóricos del Gobierno valenciano —coordinó la propuesta de reforma de la Constitución presentada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig— afirma que la transparencia no es una vacuna, pero sí un cortafuegos frente a la corrupción. “A nosotros nos corresponde generar climas anticorrupción. Por ejemplo, facilitando la observación social y el control que ejercen los medios de comunicación. Debemos recuperar también una idea central en la democracia, que es el de la responsabilidad política. No habrá solución a los problemas esenciales de la corrupción mientras que quien tenga que dar la solución sea el poder judicial. Cuando un caso llega hasta ahí, el sistema ya ha fracasado, sea cual sea la sentencia. Deben ser las propias Administraciones las que se controlen en primer lugar”. “Al final”, dice Alcaraz, “se trata de contribuir, en la medida en la que los poderes públicos pueden hacerlo, a generar una cultura de la integridad que impregne la sociedad”.