Joan Llinares: “Hay que dejar de llamar delatores a quienes denuncian la corrupción”

A Joan Llinares (Alzira, 1953) le hubiera gustado poner en marcha la Agencia Antifraude valenciana que dirige desde hace un año en los pisos que la justicia incautó a la trama de cooperación dirigida por el exconsejero del PP Rafael Blasco, zona cero de la corrupción en la Comunidad Valenciana. A imagen, dice, del simbolismo que representa que la Guardia Civil utilice en Galicia bienes confiscados a los narcos. Pero su oficina tuvo que dar los primeros pasos en un pequeño despacho de 12 metros cuadrados donde, al estilo del camarote de los Hermanos Marx, llegaron a trabajar él y otros seis funcionarios con solo dos ordenadores.

Diputados del Congreso de los Diputados lo han convocado dos veces en los últimos meses para que les explique cómo funciona su agencia de cara a la elaboración de una futura ley de prevención de la corrupción de ámbito español. La cita fue, sin embargo, aplazada en ambas ocasiones.

El cambio de Gobierno, cuyo detonante ha sido una sentencia contra la corrupción, puede facilitar la activación del proyecto y que Llinares pueda finalmente exponer sus lecciones en la Cámara. Si se le pregunta cuál es la más importante, Llinares señala que empezar a proteger eficazmente a los denunciantes.

Hace poco, tras la presentación de la primera memoria anual del organismo que dirige, en la que expuso sin estridencias las penurias que vivió en los primeros meses en el cargo, Llinares opinó sobre la investigación abierta y archivada sobre la financiación del PSPV-PSOE y el Bloc en la campaña del año 2007: "La prescripción impide que se te condene, pero no te absuelve", declaró a preguntas de los periodistas.

Más tarde, en conversación con EL PAÍS, Llinares, elegido el año pasado para el puesto, que depende directamente de las Cortes Valencianas, con los votos de los socialistas, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP, admitía que, de un modo u otro, resulta incómodo a casi todos los partidos. "Soy consciente. Pero pienso que también me corresponde. Forma parte de mi función. En el momento en que fuera cómodo, debería empezar a mirármelo".

La fama de implacable cirujano de la corrupción precedía a Llinares antes de su regreso a Valencia. Fue el hombre que sacó a la luz todas las irregularidades del Palau de la Música Catalana, un caso vinculado a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. Y el que diseccionó el presunto saqueo del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) durante la etapa en que el PP, a través de Consuelo Ciscar, dirigió el museo. Abogado y gestor cultural, Llinares fue nombrado después responsable de la oficina antifraude municipal de Barcelona por la alcaldesa Ada Colau. La experiencia, cuenta, le ha enseñado que no hay lengua, territorio ni ideología que vacunen por sí mismos contra la corrupción.

Las dificultades que halló en el arranque de la Agencia Antifraude valenciana, cuando era el único empleado del organismo y tenía que ocuparse hasta de hacer de telefonista, hubiera hecho más mella, quizá, en alguien sin su trayectoria. "En los procesos en los que destapé tramas muy vinculadas al poder o con las que el poder había tenido una actitud condescendiente, tuve una sensación de soledad muy ostensible".

"La corrupción genera terror a quien la padece"

La conclusión que ha extraído es que la corrupción "a menudo está tan estructurada, tan organizada y tiene tanta capacitada para hacer daño que la gente normal que la ha visto y la ha padecido ha tenido verdadero terror de denunciarla". "A alguno de los denunciantes que han venido estos meses a la agencia les he planteado cómo era posible que hasta ahora no hubieran dicho nada. Y me contestaban: '¿A quién iba a decírselo? ¿Cómo iba a saber que en cuanto me diera la vuelta no iban a ir a trasladarles a mis jefes lo que acababa de contar?".

De ahí, opina, la importancia de crear organismos independientes como el suyo, que pese a las dificultades iniciales cuenta ya con una sede en condiciones y un número creciente de funcionarios, que en total serán 32, encargados de velar por la limpieza en todas las Administraciones con sede en la Comunidad Valenciana.

Y, también, de dar la vuelta a ciertos conceptos: "A los denunciantes hay que dejar de llamarlos delatores y decirles que son funcionarios o empresarios ejemplares. Que no pasen a ser proscritos, ni se les incluya en una lista negra que les haga imposible trabajar o entrar en los circuitos de los contratos públicos. Eso es esencial, se llama protección del denunciante y es lo que nos falla. Y fallándonos eso, lo que debería ser absolutamente normal y corriente, que es que cuando se ve alguna actuación fraudulenta o corrupta automáticamente se denuncie en el ámbito correspondiente, lo que tenemos es miedo, como el que he visto en los funcionarios que han venido a pedir el amparo de la agencia".

Llinares considera clave la potencia de fuego que la ley de creación de la Agencia Antifraude valenciana concedió al organismo para blindar a los funcionarios, empresarios y particulares que revelen actos irregulares en organismos públicos de la Comunidad Valenciana. La oficina puede imponer sanciones de hasta 400.000 euros a "cualquier que dirija contra los denunciantes acciones que puedan entenderse como una represalia, venganza, alteración de las condiciones de trabajo de la carrera o similares". Una multa que, si bien puede ser recurrida ante los tribunales, contiene, según Llinares, una gran potencia disuasoria.