El director de la Agencia Antifraude valenciana pide a PSPV y Bloc que no se escuden en la prescripción

Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, ha pedido este martes al PSPV-PSOE y al Bloc —partido integrado en Compromís— que no se escuden en la prescripción de los posibles delitos relacionados con la financiación de su campaña del año 2007 para evitar adoptar medidas si tras realizar sus auditorías internas comprueban que tales irregularidades se produjeron.

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"No se puede engañar. Si se han dado estos casos, lo mejor sería que las propias organizaciones hicieran su propio examen, que por lo que he leído están haciendo. Y a partir de ahí, no valen prescripciones". Llinares, el hombre que sacó a la luz las graves irregularidades del Palau de la Música Catalana y del IVAM de Valencia, fue elegido el año pasado director de la agencia con los votos a favor de socialistas, Compromís, Ciudadanos y Podemos.

"Fijémonos que en 2018 están apareciendo casos de hace una década. La prescripción es una institución diabólica en el caso de la corrupción. Se han de alargar los plazos y en el caso de que una formación se beneficie de ellos, no puede decir: 'Como ya ha prescrito, no tengo ninguna responsabilidad. Hay responsabilidad. La prescripción impide que se te condene, pero no te absuelve", ha afirmado Llinares tras presentar la memoria de 2017 de la nueva oficina que dirige.

La vía judicial de la investigación de las campañas del PSPV y del Bloc, organizadas por la agencia de comunicación Crespo Gomar, se cerró en enero con el archivo por parte de la juez Nieves Molina, de las pesquisas al considerar que, pese a los indicios, los posibles delitos que hubieran podido cometerse estaban prescritos.

Las pesquisas partieron de una denuncia a la policía por parte del presidente del PP de Alicante, José Ciscar, acompañada de documentos, de los que parecía desprenderse que varias empresas pagaron actos y propaganda electoral del PSPV y del Bloc. Unos papeles que los socialistas han puesto en duda, al considerar que pudieron ser manipulados por los populares con un "corta y pega".

Molina solo consideró perseguibles tres adjudicaciones concretas, desvinculadas de las campañas electorales, recibidas por Crespo Gomar de Administraciones gobernadas por los socialistas. Dos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —de los ministerios de Sanidad y Vivienda, de 2008 y 2009 respectivamente— y otra del Ayuntamiento de Benidorm de 2010.

La instructora también consideró en su auto de enero que pudo haber delito en la subvención concedida por el Ayuntamiento de Gandia —también gobernaban los socialistas— a la compra de un inmueble que benefició a Crespo Gomar. Esta agencia tuvo como administrador a José Ramón Tiller, dirigente local del PSPV de Gandia.

Posible malversación

Las adjudicaciones y la subvención pudieron implicar, según la juez, posibles delitos de malversación, que no habrían prescrito, motivo por el cual dividió el asunto en cuatro juzgados —dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm—.

Todos los partidos con representación en las Cortes Valencianas han mostrado su predisposición a llevar el asunto a una comisión de investigación del Parlamento autonómico, aunque de momento no se ha concretado su formato.