20-S: el acelerador del ‘procés’

Faltaban pocos días para el referéndum de independencia y las espadas estaban en alto. Arropado por las movilizaciones del independentismo en la calle, el Gobierno catalán lo disponía todo para llevar las urnas a los colegios electorales. El Estado, mientras tanto, fiaba su respuesta al desafío a los tribunales: un juez de Barcelona investigaba los preparativos de la consulta y trataba de cortocircuitarla con registros quirúrgicos de la Guardia Civil. El 20 de septiembre de 2017, el juez decidió dar lo que parecía ser el mazazo definitivo al referéndum: ordenó la detención de 15 altos cargos de la Generalitat, incluidos dos de los arquitectos del procés: el número dos de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

La respuesta de los independentistas a la que fue bautizada como Operación Anubis fue inmediata. Guiadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, miles de personas -llegaron a ser más de 40.000- se concentraron durante horas frente a la sede del Departamento de Economía, epicentro de los registros y situado, además, en el corazón de Barcelona. A mediodía, un intento de registro (fallido) a la sede de la CUP por parte de la Policía Nacional no muy lejos de allí caldeó aún más los ánimos. Los registros en la sede de Economía, rodeada por miles de personas, se prolongaron hasta bien entrada la noche.

Lo ocurrido durante esas horas -que sigue siendo objeto de controversia- es fundamental para entender el itinerario judicial que ha tomado después la causa contra los líderes políticos y sociales del independentismo. La secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona tuvo que salir del edificio por una azotea y los agentes de la Guardia Civil se negaron a hacerlo por otro lugar que no fuera la puerta principal, donde tres de sus vehículos ya habían sido destrozados. Los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, se subieron encima de uno de esos coches para pedir, megáfono en mano, poner fin a la concentración.

Más información

Los 14 detenidos en la operación contra la organización del referéndum

Puigdemont: “El Estado ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado el Estado de excepción”

La justicia desmonta la organización del referéndum ilegal de Cataluña

Convertida en icono, con una fuerza simbólica evidente, aquella imagen de Sànchez y Cuixart encima de un Nissan Patrol ha dado pie a interpretaciones contrapuestas. Para unos es una muestra del desafío a toda costa al Estado. Para otros, la prueba de que no merecen estar en prisión. El relato de la violencia que contienen los delitos de sedición y rebelión, en cualquier caso, se fraguó ese día, el 20-S.

La fiscalía de la Audiencia Nacional actuó de inmediato y presentó una denuncia por sedición. Las manifestaciones “tumultuarias” pretendían, además de impedir la acción de la justicia, “imponer el referéndum por la fuerza de la intimidación”. El 16 de octubre -una vez celebrado el referéndum y con la incertidumbre sobre la aplicación de sus resultados y una hipotética declaración de independencia-, la Audiencia Nacional tomó declaración a Sànchez y Cuixart y ordenó su ingreso en prisión. Ambos permanecen en prisión provisional, ya por orden del Tribunal Supremo, que asumió la causa.

Para las defensas de los Jordis -cuya liberación, una vez fracasada la declaración de independencia, se ha convertido en objetivo prioritario del independentismo- las concentraciones del 20-S fueron pacíficas. Si Sánchez y Cuixart subieron al coche de la Guardia Civil fue precisamente para animar a las personas a abandonar la concentración y permitir la salida de la comitiva judicial, razonan. TV-3 emitió un documental, dirigido por Jaume Roures y producido por Mediapro, que abunda en esa tesis con imágenes aportadas por decenas de ciudadanos que acudieron a la concentración.