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Impagos y obras faraónicas; así llegó a ser Moraleja de Enmedio uno de los pueblos más endeudados de Madrid

La localidad del sur de la Comunidad, de 5.000 habitantes, está al borde de la bancarrota

Fachada del Centro Acuatico y Deportivo de Moraleja de Enmedio.
Fachada del Centro Acuatico y Deportivo de Moraleja de Enmedio.

Moraleja de Enmedio ha visto de cerca el precipicio. Este municipio de 5.000 habitantes al sur de Madrid vive una situación de asfixia financiera solo atenuada por medidas excepcionales. El peligro de la bancarrota se cierne aún sobre él. El origen de la deuda se encuentra en la dudosa gestión de su anterior alcalde, Carlos Estrada (PP), imputado en la Operación Púnica. El exregidor dejó de pagar durante años la Seguridad Social de los trabajadores municipales mientras inauguraba polideportivos y piscinas climatizadas dignas de una gran capital europea.

La crisis financiera de 2008 sacudió el sector del ladrillo y cortó el grifo a los Ayuntamientos. Muchos proyectos quedaron sin terminar y, los que se concluyeron, arrastraron a los municipios a una situación de insolvencia. La fiebre por construir dejó en Moraleja infraestructuras faraónicas como el Centro Acuático El Galeón (ocho millones de inversión) o el Centro Cultural El Cerro (cuatro millones), pero acabaron causando también, junto a los impagos, un agujero de 35 millones de euros que ahora hay que pagar.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda a cierre de 2017 indican que en los últimos cinco años Moraleja fue el pueblo en el que más aumentó porcentualmente la deuda, un 3.217%. Es también el municipio madrileño con mayor deuda por habitante, 6.990 euros, casi el doble que el siguiente, Navalcarnero (3.719). “Cuando llegué me encontré con 30.000 euros en la cuenta”, subraya la socialista María del Valle Luna, alcaldesa desde mayo de 2015. La regidora explica que, desde 2008, los gastos municipales han superado notablemente a los ingresos. Ese año, por ejemplo, el Consistorio percibió 4,8 millones y gastó 10.

Tributos bloqueados

La deuda se desglosa en 26 millones a proveedores, siete millones a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y casi tres millones por sentencias judiciales firmes. Para revertir la situación, la alcaldesa canceló un contrato de 2013 con la empresa Cofely —investigada por casos de corrupción—, cerró la escuela de música, redujo gastos en sueldos (el de los políticos, un 50%) y disminuyó el presupuesto para festejos.

Descartó, sin embargo, aumentar los impuestos a los vecinos. La mayoría trabaja en Madrid y en otros municipios cercanos como Móstoles, Fuenlabrada o Arroyomolinos. “Aquí solo tenemos los estudios en los que grabaron la serie Aquí no hay quien viva. Podrían haberla filmado en la calle”, bromea un vecino.

“Nadie hizo un plan de ajuste, así que al llegar me encontré todo bloqueado. Al ser deudores no podíamos recibir los tributos del Estado (70.000 euros al mes) ni acceder a las subvenciones. Hasta ese momento se lograban presentando documentación falsa”, explica Luna. En septiembre deben declarar dos extrabajadores municipales denunciados y Carlos Estrada, alcalde entre 1999 y 2015, dimitido tras ser imputado en la trama Púnica a escasos días de las elecciones municipales. Un mes más tarde fue detenido acusado de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias y cohecho.

Refinanciación

Luna refinanció la deuda con el Ministerio de Hacienda en octubre del año pasado, gracias a un decreto aprobado en 2015 por el Gobierno central. Antes de que acabe este año, Moraleja deberá abonar 300.000 euros en intereses. A partir del próximo curso la factura pasará a ser de cuatro millones anuales durante una década.“No sé cómo vamos a pagar con un presupuesto de 3,8 millones”, se queja Óscar Alcañiz, portavoz del PP. Y añade: “La deuda está relacionada con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Había una previsión de ingresos y los proyectos se condicionaron a ellos”. El plan, que preveía la construcción de 10.000 viviendas, se aprobó en 2015 por silencio administrativo de la Comunidad, pero los jueces lo anularon el pasado enero por plantear “un incremento desmesurado de la población”.

“Durante estos años nos hemos apretado el cinturón. No hicimos ninguna inversión, pero el balance económico fue positivo en 2016 (9.000 euros de superávit) y en 2017 (1,7 millones)”, reconoce la alcaldesa. Desde enero, la localidad vuelve a recibir tributos, antes bloqueados, y ya ha tomado un millón de euros de los tres que le pertenecen por el Plan de Inversión Regional (PIR) en el periodo 2016-2019. El 90% de la ayuda la dedicará a pagar gasto corriente. Una portavoz del Gobierno regional afirma que nueve municipios se han acogido a la iniciativa y superarán de forma excepcional el límite del 25% destinado a liquidez. “Si no tienes para pagar facturas, es ridículo construir un nuevo polideportivo”.

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