Un informe de Moraleja revela que falseó documentos para ocultar deudas con el Estado

“Es obvio que se ha producido una manipulación de los certificados expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social y descargados por los funcionarios municipales”, describe la interventora municipal en un informe de 2014. La adulteración “ha dado lugar a una alteración sustancial del contenido de los mismos”, continúa el escrito. El Ayuntamiento conseguía de esa forma “acreditar el cumplimiento de un requisito legal básico: hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social”. Sin embargo, entonces ya se debían 3,4 millones a la Seguridad Social. El exalcalde, Alberto Estrada (PP), está imputado por estas prácticas debido a una denuncia del PSOE, que gobierna el municipio desde las pasadas elecciones municipales.

Para conseguir transformar en positivos los certificados reales, que eran negativos, y acceder así a las subvenciones públicas, se realizaba un montaje de dos documentos. En el caso descrito por la interventora, el collage se logró usando un certificado “descargado por la Tesorería municipal”, de 4 de agosto de 2014, en el que “se manifestaba la situación real deudora”, y otro “del que se desconoce su origen” que dice que el Ayuntamiento “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas por la Seguridad Social”.

El importe de la deuda con Hacienda se ocultaba con un procedimiento similar. En este caso, el documento que certifica que el municipio se halla al corriente de sus pagos (algo que no era real) procede de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid. La interventora entiende también que la “falsedad del contenido de la documentación que obra en el expediente ha dado lugar a unos beneficios a los que el Ayuntamiento debe renunciar”. La habilitada no especifica el importe que debía el municipio en ese momento a la Agencia Tributaria. A junio de 2015, dicha deuda era de 1,1 millones, según fuentes municipales.

En ese momento se encontraba al frente del municipio Estrada, que está imputado en la Operación Púnica que investiga un contrato con la firma Cofely. El exalcalde fue detenido por orden del juez Eloy Velasco y puesto luego en libertad, y está siendo investigado por prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencia y cohecho.

Rescate de Hacienda

El agujero económico al que se enfrenta la localidad es de tal magnitud que la alcaldesa, María del Valle Luna (PSOE), solo ve una salida: “Que nos rescate el Ministerio de Hacienda”. Sin dinero, el pueblo hace frente a lo más urgente, como pagar el gasoil de la escuela infantil o las nóminas a los trabajadores. El presupuesto, prorrogado desde 2015 y que no llega a los cuatro millones, no da para mucho más. La alcaldesa se encuentra abandonada por la Administración Pública, tanto la local como la estatal, y considera que el Ministerio ya debería haber intervenido su contabilidad.

“No puedo seguir pagando a los proveedores”, se lamenta. En un año, el PSOE ha conseguido reducir el gasto en un 60%. Pero es un ahorro que “no se puede mantener mucho más tiempo”. Sobre todo porque también se enfrenta a reparos suspensivos por parte de la intervención de todos los pagos que realiza, porque no lleva el orden de prelación. “Es imposible, porque hay que hacer frente a abonos ineludibles como la luz, el agua, la basura, el gasoil o las reparaciones de los vehículos de las Bescam”, explica.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, la alcaldesa sostiene que tampoco pueden acceder al dinero que les corresponde del Plan de Inversiones Regionales. “Hasta que no estemos al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, ese grifo sigue cortado”, añade. De momento, han conseguido llegar a un acuerdo con la Seguridad Social y fraccionar los pagos. Con la Agencia Tributaria, sin embargo, no ha sido posible. En este escenario, la alcaldesa pide auxilio a la Administración. Si no lo consiguen, “tomaremos otras medidas”, anuncia, sin desvelar cuáles serán.