Los jueces anulan el plan general de Moraleja que multiplicaba por cinco su población

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el plan general de Moraleja de Enmedio, que preveía la construcción de 10.000 viviendas y un incremento desmesurado de la población sin coherencia con la realidad del municipio. Los jueces han dado así la razón a los vecinos que lo denunciaron. El Ayuntamiento actual, gobernado por el PSOE, no recurrirá el fallo debido a la contundencia de los argumentos, que determina que el texto no cumple "en absoluto" con las exigencias de desarrollo sostenible legales.

La historia del nuevo plan general de Moraleja de Enmedio se puede describir como un cúmulo de despropósitos que se han extendido durante 17 años (se empezó a tramitar en 2001) y que han desembocado en su anulación por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM el pasado mes de diciembre.

Entró en vigor el 30 de mayo de 2015, aprobado por silencio administrativo positivo (la Comunidad de Madrid no contestó en plazo). Salió así adelante a pesar de que contaba con un informe negativo de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 8 de mayo de 2008 en el que se indicaba que el desarrollo previsto podría dar cabida a 22.162 personas en un corto periodo de tiempo —a más largo plazo, la previsión alcanzaba los 27.563 habitantes—. Sin embargo, añadía, en ocho años anteriores (entre 1996 y 2004) la población aumentó en 1.500 personas. Por lo tanto, “no existe coherencia entre el crecimiento residencial propuesto, 15 veces superior al de los últimos años”, insistía el documento. En la actualidad, el pueblo cuenta con 5.000 habitantes.

La sentencia mantiene que “los propios órganos fiscalizadores en materia ambiental han sido claros y contundentes”, porque no cumple “en absoluto” con las exigencias de desarrollo sostenible. Tampoco se han recogido las exigencias del Canal de Isabel II, que exigían realizar un plan especial de infraestructuras hidráulicas previo a la a la aprobación definitiva de los planes parciales. Tampoco se corrigieron las fichas relativas a las vías pecuarias, además de que los terrenos con valores arqueológicos o paleontológicos se debían clasificar como suelo no urbanizable de protección.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio asegura que siempre estuvieron en contra del plan propuesto por el municipio. Para ellos nunca existió tal silencio administrativo, porque se aplicó el decreto 68/1983 que consideraba que el mes de agosto se descontaba del cómputo. Con ese convencimiento recurrieron la aprobación ante el TSJM que no les dio la razón. Lo intentaron también con el Tribunal Supremo en casación con el mismo resultado.

Legado del PP

 La alcaldesa del municipio, la socialista María del Valle Luna, va a pedir ayuda al Gobierno regional porque, aunque su partido nunca ha estado de acuerdo con semejante crecimiento, se encuentra ahora con un urbanismo que regresa a unas obsoletas normas que datan de 1993. “Debemos dar continuidad al pueblo, porque hay demanda para construir algunas viviendas y es necesario conocer a qué reglamento se acogen”, explica. Sobre los cinco millones que recibió el municipio de convenios firmados con promotores inmobiliarios antes de que el plan se aprobara, Luna responde que: “De momento, nadie ha reclamado nada”.

El plan anulado es una de las “herencias” legadas al pueblo por el anterior regidor, Alberto Estrada del PP e imputado en el Caso Púnica, junto con una deuda de unos 38 millones con un presupuesto de cinco, recuerda Luna. Estrada gobernó el municipio durante 16 años. En estos dos años y medio transcurridos desde las últimas elecciones municipales, “empezamos a ver algo la luz”, sostiene la alcaldesa.

El Ayuntamiento ha conseguido refinanciar la deuda, también los siete millones que debía a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, que mantenía paralizadas las subvenciones. La primera ayuda de 12.000 euros ya les ha llegado, pero están a la espera del grueso: 700.000 euros de la Bescam o los tres millones del Plan de Inversión Regional.