Miles de historiales de Funnydent se apilan en una nave de Arroyomolinos

Esparcidos por el suelo, apilados en cajas o colocados en archivadores con el distintivo de la policía judicial. Miles de historiales de pacientes de Funnydent, las clínicas dentales que cerraron sin previo aviso en enero de 2016, se encuentran abandonados en una nave de Arroyomolinos. Tras recuperar el local hace un mes, su fundador, Cristóbal López, investigado por un posible delito de estafa a más de 2.500 clientes por valor de 8,8 millones de euros, ha denunciado a los administradores judiciales por un delito contra la protección de datos. Estos sostienen que, durante su gestión, que ha durado dos años, los expedientes se custodiaron conforme a la legislación vigente.

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En las hojas de papel, de color blanco y ribetes rojos, aparece información confidencial de las personas que acudieron a tratarse desde 2014 a alguno de los siete centros que López abrió en Madrid (la empresa contaba con otras dos clínicas en Cataluña). En esas páginas están la identidad de los pacientes, sus teléfonos, direcciones, las enfermedades que padecen y la situación de sus tratamientos. La Ley de Protección de Datos los califica como datos especialmente protegidos y establece un régimen riguroso para su obtención, custodia y cesión.

Los historiales deben eliminarse cuando el paciente recibe el alta médica, en un plazo de cinco años o cuando no se preste la finalidad para la que fueron almacenados, como alega Carlos Parra, abogado de López. Según la Ley de Autonomía del Paciente, la salvaguarda corresponde a los centros, pero existe un vacío legal en caso de cierre abrupto, como ocurrió con Funnydent, que está intervenida y en fase de liquidación. “Desde el punto de vista de la protección de datos es gravísimo. Los administradores judiciales deberían haber remitido los historiales a los concursales o informar a la juez, pero nunca abandonarlos”, explican fuentes jurídicas independientes.

Los expedientes se encuentran amontonados en varias salas de la primera planta de Crisan, el antiguo laboratorio de la compañía. El cristal del escaparate está roto porque han intentado robar en varias ocasiones. Está cubierto por una placa de acero que los dos administradores judiciales aseguran haber pagado de su bolsillo. Su intervención quedó suspendida el 6 de julio por orden judicial y el laboratorio, única propiedad que no está intervenida, pasó a manos de López, que no tomó posesión porque no le facilitaron un inventario de lo que recibía.

Parra asegura que el 12 de junio, antes de que tuviera lugar el traspaso, comunicó por escrito a la juez que en el laboratorio había “miles de historiales sin salvaguardar”. El lunes, López se personó en la Agencia Española de Protección de Datos y denunció a los administradores judiciales por un presunto delito contra la protección de datos. En el texto, escrito a mano, solicita una inspección urgente de la nave, ubicada en un polígono industrial de Arroyomolinos, y declara que “Sanidad dio (los expedientes) a los administradores para que estuvieran bajo protección máxima” pero que en realidad estaban “sin alarma y sin luz eléctrica”.

Custodia

Gabriel Segura, uno de los administradores judiciales, sostiene que durante los dos años que se encargaron de custodiarlos, existía una alarma en la nave. Sostiene que desde que cesaron en su actividad, “el depositario de los historiales es Cristóbal”, pero reconoce que “quizás hubiese sido más apropiado” ponerlos en manos de los administradores concursales. “No pudimos llevar los expedientes a las clínicas porque habíamos sido desahuciados de ellas. Cristóbal no pagaba el alquiler desde hacía un año”, insiste Segura. López señala que no se trasladaron porque “nunca hubo intención de abrirlas”, tal y como sostuvieron los administradores para que los expedientes, en poder de la Consejería de Sanidad, pasaran a sus manos.

La ley no deja lugar a dudas: los historiales deben ser custodiados en condiciones de alta seguridad en las clínicas en las que van a ser atendidos los pacientes. El fundador de Funnydent también ha registrado la denuncia en la Consejería de Sanidad, para que esta tenga constancia del caso. En su escrito cifra entre 600.000 y un millón los expedientes apilados en la nave.

El cierre sin previo aviso de las clínicas en enero de 2016 dejó a miles de afectados con tratamientos bucodentales sin terminar, pero también les hurtó la posibilidad de contar con sus historiales para acudir a otros especialistas. Los expedientes fueron recuperados el 18 de febrero de 2016, cuando la policía judicial entró en los siete centros madrileños tras una orden judicial. Los agentes regresaron el día 29 a dos centros, Móstoles y Alcorcón, para llevarse más documentación. Según los cálculos policiales, en total había unos 18.000 historiales.

La jueza exhortó a la Comunidad hacerse cargo de los expedientes, que fueron entregados en la Consejería de Sanidad el 11 de marzo. Un portavoz del Gobierno regional confirma que este departamento se encargó de custodiarlos durante “unos meses”, que no precisa, y que en ese tiempo se facilitó copia física de los historiales a quienes lo requirieron, pero no concreta el número. La misma fuente señala que los documentos se devolvieron al juzgado después de que este los solicitara para entregarlos a los administradores judiciales, cesados en julio tras dos años gestionando las clínicas.

El juzgado emitió un nuevo auto el 22 de agosto para autorizar a los administradores judiciales “la recogida y retirada de todas las historias clínicas a fin de trasladarlas a los correspondientes establecimientos o a la sede social de la mercantil, para su custodia”. Según fuentes jurídicas independientes, esta diligencia no deja lugar a dudas y señala a los administradores judiciales, o los concursales en su defecto, como los encargados de salvaguardar los expedientes.