Los afectados de iDental en Madrid recibirán sus historias clínicas en septiembre

Los afectados por el cierre repentino de las clínicas iDental en Madrid recuperarán en septiembre sus historias clínicas. El Gobierno regional y el Colegio de Odontólogos han suscrito este viernes un protocolo que prevé digitalizarlos. La Consejería de Sanidad no precisa por el momento el número de afectados en la región, pero sostiene que, con los historiales en la mano, los pacientes podrán continuar sus tratamientos y reclamar ante las instancias pertinentes.

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Los 25 centros iDental repartidos por España ofrecían tratamientos odontológicos a precios muy reducidos a clientes con ingresos bajos, que los financiaban mediante créditos. Las clínicas, que supuestamente dilataban los tratamientos, comenzaron a cerrar en octubre de forma gradual y sin previo aviso. Culminaron el proceso en junio y sus pacientes acusan a los administradores de estafa.

El juzgado de Instrucción número dos de Arganda emitió el 6 de julio unas diligencias en las que exhortaba a la Consejería de Sanidad y al Colegio de Odontólogos de Madrid a custodiar los expedientes, a pesar de que no existe un marco normativo para ello. Unos días antes, el colegio de odontólogos había denunciado la imposibilidad de acceder a los historiales, que se encontraban apilados en una nave de iDental en Rivas. Los documentos fueron trasladados a mediados de julio a dependencias de la Comunidad, que se encarga de custodiarlos. La Audiencia Nacional asumió la causa el día 26, aunque este hecho no invalida los pasos realizados con anterioridad por otros juzgados.

Encriptar la información

“La intención es encriptar la información y habilitar mecanismos para devolverla a sus dueños lo más rápido posible”, señala Adolfo Esquerra, director de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad. De momento se ignora el número de afectados, ya que todas las personas que han visitado las clínicas de iDental en Madrid no llegaron a ser pacientes. El presidente del Colegio de Odontólogos, Antonio Montero, explica que muchos de esos expedientes ni siquiera pertenecen a madrileños. “A Rivas llegaron documentos desde toda España. Iban cerrando clínicas, metían los historiales en un camión y los mandaban aquí”. Montero afirma que el convenio suscrito con la Comunidad incluye un compromiso para crear mecanismos que eviten la repetición de casos como el de iDental, que ha dejado a miles de pacientes con bocas desdentadas, tornillos metálicos de implantes sin acabar y encías infectadas en toda España.

El acuerdo se fraguó en varias reuniones durante las últimas semanas de julio. Contempla la cooperación de ambas entidades en la digitalización de los expedientes. El trabajo se encargará a una empresa externa y será sufragado por la Comunidad y el Colegio de Odontólogos, aunque por el momento se ignora el montante final de la operación. Una vez que estén encriptados los expedientes, en la última semana de septiembre, se abrirá una línea telefónica para que los pacientes puedan reclamarlos sin coste.

Madrid tiene un número importante de afectados. Sin embargo, Esquerra cree que se debe buscar una solución homogénea, ya que existen pacientes de estas clínicas dentales autodenominadas low cost en 11 comunidades. El director de Inspección también recuerda que la titularidad de las historias clínicas es de los pacientes y que son los centros los que deben conservarlas, según marca la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002. En este caso es imposible, ya que iDental cerró sin previo aviso entre mayo y junio las dos clínicas que aún poseía en Madrid. En ese momento acumulaban 15 expedientes sancionadores. Esquerra ha defendido la labor de la consejería, entre cuyas competencias no estaba valorar la mala praxis (función del colegio de odontólogos) ni controlar los contratos ni los préstamos a clientes (en manos de las autoridades de consumo).

Este viernes el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó el registro de 17 clínicas de iDental en ocho comunidades. Los agentes han requisado documentación societaria e historiales clínicos, que pondrán a disposición judicial.