La Fiscalía investiga iDental tras una denuncia del Defensor del Paciente

La Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por la asociación el Defensor del Paciente contra iDental por la comisión de un presunto delito de estafa.

En un escrito fechado el 17 de julio y distribuido este martes por el Defensor del Paciente, la Fiscalía decide abrir diligencias de investigación penal y remitir copia de la documentación remitida a las fiscalías provinciales.

En el decreto del fiscal superior de la Comunidad Valenciana, señala que pueden existir afectados en la comunidad autónoma por los mismos hechos que El Defensor del Paciente ha denunciado en Madrid, "cuyos datos podrán ser facilitados, al igual que los de esta Comunidad, si es necesario y preciso para esta Fiscalía".

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El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía valenciana  la apertura de la investigación, al igual que a todas las fiscalías donde había ubicada un clínica iDental por un presunto delito de estafa. "Esperamos que todas y cada una de ellas hagan lo propio para que se diluciden las responsabilidades penales que haya lugar", manifiesta la asociación, que agradece públicamente al ministerio público esta apertura de diligencias penales.

La Plataforma de Afectados por la clínica iDental de Valencia se ha concentrado este martes frente a la Consejería de Sanidad para exigir recuperar los historiales médicos de los afectados y suspender los pagos pendientes a las financieras hasta que haya una resolución judicial.

Según ha afirmado la portavoz de la plataforma, Sol Sánchez, disponer de los expedientes es "algo vital", porque sin ellos los pacientes "no pueden realizar las peritaciones odontológicas pertinentes ni demandar a la clínica".

Los historiales médicos continúan en las sedes cerradas de iDental, por lo que también han reclamado a la Consejería la presencia de un dispositivo policial en la puerta de las clínicas que proteja toda la documentación de los pacientes, "al ser elementos de prueba y estar protegidos por la Ley de Protección de Datos", ha argumentado el miembro de la plataforma Pablo Catalá.

Solicitud en curso

La directora general de Alta Inspección, María Victoria Garrido, que ha salido de Consejería para recibir a algunos afectados, ha confirmado que se han reclamado ya los informes clínicos "tanto a la Fiscalía como a las empresas iDental por vía administrativa".

Sanidad está a la espera de recibir un aviso de rechazo de entrega de los historiales por parte de las clínicas y, de esta forma, "enviar el aviso al Juzgado para que este marque los plazos", ha manifestado Garrido.

En cuanto a la posible existencia de varios casos de hepatits B, la plataforma ha asegurado que dispone de dos analíticas de afectadas "que indicaban sendas infecciones de hepatitis B".

A estos casos, se ha sumado hoy uno más, ya que una de las afectadas, Rosa Huertas, ha informado en la concentración que ha recibido la analítica que confirma que ha dado "positivo en hepatitis B, pero no se ha desarrollado", ha denunciado.

Garrido ha subrayado que la Consejería solo tiene constancia de un caso de hepatitis B, pero se desconoce si el origen ha sido la actuación de iDental u otro, aunque "ya está dentro del circuito asistencial", ha afirmado.

La directora general ha añadido que la asistencia sanitaria "está garantizada", algo que desmienten los 20.000 afectados, según la plataforma, ya que "al haber actuado una clínica privada, los hospitales públicos dicen que no nos pueden atender", ha criticado Pablo Catalá.

Ante esta situación y tras reunirse algunas de las personas afectadas con Garrido, Sanidad les ha recomendado que pongan una reclamación "cada vez que los hospitales no atiendan a los damnificados", mientras que la plataforma ha exigido también que la Conselleria "lance una orden a los centros públicos para garantizar la asistencia de los pacientes".

El próximo viernes la Consejería de Sanidad se volverá a reunir con la Plataforma de Afectados para escuchar más propuestas, según ha informado Catalá, quien también ha exigido la realización de un protocolo de actuación por parte del Estado y la Generalitat, ya que "la solución no puede pasar por un camino individualizado para los 20.000 afectados".

Por último, Catalá ha expuesto que también se le ha aconsejado a Sanidad que tenga en cuenta el beneficio de 2017 del Colegio de Odontólogos, que ha cifrado en 420.000 euros, para poder "montar el dispositivo necesario" y comenzar "a actuar".