Un juzgado archiva la investigación contra el alcalde de València por negar información a la oposición

Un juzgado valenciano ha archivado la causa contra el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, investigado por negar presuntamente información al PP municipal, en la oposición, sobre una encuesta municipal de las fiestas falleras, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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El archivo se conoce un día después de que la Fiscalía concluyera que no había ni prevaricación administrativa ni impedimento de los derechos cívicos, como denunciaba el PP, y pedía el sobreseimiento de la causa. "El pretendido delito imputado de prevaricación administrativa es inexistente", decía rotundo el dictamen fiscal. Tampoco había detectado el ministerio público ni "resolución arbitraria"  ni "intencionalidad delictiva".

Tampoco existe "indicio alguno" de que la conducta de Ribó haya impedido al concejal personado como acusación el ejercicio de ningún derecho cívico, añade el fiscal, que aclara que "no toda limitación de acceso a información a un concejal es antijurídica", y que el alcalde "se limitó a asentir" a la propuesta de resolución que presentó el secretario del Ayuntamiento. El técnico municipal apostó por retrasar la entrega del expediente al PP hasta que finalizase la investigación abierta por la Agencia de Protección de Datos.

Ribó declaró como investigado ante el juez el pasado 25 de junio por estos dos presuntos delitos después de que el PP en el Ayuntamiento de València denunciara que se le había negado el expediente de la encuesta sociológica sobre las fallas elaborada en 2017.

El asesor popular Luis Salom puso en su escrito que el alcalde le negó el expediente administrativo relativo a la encuesta, encargada por la Concejalía de Cultura Festiva de València a mediados de 2017, y donde se preguntaba a las comisiones falleras -asociaciones sin ánimo de lucro que se encargan de organizar la fiesta por barrios- por aspectos de la fiesta, su situación económica y simpatías políticas. El sondeo causó malestar en parte del mundo fallero y en los grupos municipales de la oposición.

El Gobierno local permitió al PP el acceso al expediente de la encuesta el pasado 9 de marzo de 2018 y, según fuentes municipales, la información se ofreció a los concejales, que son los que tienen la competencia de revisión y control de los expedientes, no los asesores.

Desde entonces, el Grupo del PP ha elevado en más de 10 ocasiones preguntas en comisión, pleno y notas interiores sobre la encuesta fallera, "y a todas se les contestó". En cualquier caso, el Consell de la Transparència zanjó el asunto cuando confirmó "la desaparición sobrevenida del objeto de la reclamación".

No es la primera denuncia del PP a la que se enfrenta el Gobierno local en lo que va de mandato. Según fuentes municipales, Salom ha interpuesto más de una decena de denuncias contra los ediles del Gobierno local -conformado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú [donde está Podem], ante la Fiscalía, la Oficina Antifraude, el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo.

"El sueño de un imputado por corrupción es que todos lo estén", declaró Ribó tras prestar declaración ante el juez el 25 de junio. Sus palabras iban dirigidas, sin mencionarlo, al asesor del PP que lo denunció [Luis Salom], investigado a su vez por un supuesto blanqueo de capitales junto a otros ediles de Valencia de la bancada popular.