Oltra afirma que promocionar la lengua más débil de un territorio es una obligación política

Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, ha defendido hoy la riqueza que representa para un territorio tener dos lenguas, el valenciano y el castellano, y ha insistido en que promocionar la lengua que es más débil [en este caso, el valenciano] es una obligación política, legal y constitucional", ha reiterado tras lamentar "los enemigos que le han salido al valenciano" y hacen "oposición denigrando" una de ellas. 

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La número dos del Consell ha reaccionado así al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ayer anuló varios preceptos del decreto que regula el uso de los dos idiomas oficiales en la Administración autonómica por "destacar" o primar el valenciano en las notificaciones oficiales, rotulaciones de espacios públicos, o en la comunicación entre funcionarios y ciudadanos. Fueron dos diputados del PP los que recurrieron el decreto.

Oltra ha puntualizado que el Consell está estudiando recurrir la decisión del alto tribunal porque considera que "no se ajusta a los parámetros del mandato constitucional de defensa de las lenguas cooficiales como riqueza cultural de España", regulado en el artículo 3 de la carta Magna y "la Constitución está para cumplirla", ha enfatizado.

Además, ha indicado que desde el ejecutivo autonómico entienden que "dentro de la propia sentencia hay diferentes tratamientos de un mismo concepto que tampoco queda muy claro". "Nosotros vamos a defender la protección y la promoción del valenciano como mandato constitucional y como lengua minorizada", ha subrayado.

Oltra ha señalado que el artículo 4 del decreto 6/2017 de la Generalitat señala que el valenciano es "la lengua propia de la administración", como así también lo recoge el Estatuto de Autonomía que dice que el valenciano es la lengua propia de la Comunitat Valenciana, pero sin que de esa declaración "pueda entenderse ninguna limitación de la otra lengua cooficial", el castellano, ha subrayado.

"El decreto establece que todas las medidas de promoción y protección del valenciano no se harán en detrimento del castellano. Es incomprensible que se anulen determinados preceptos que no limitan el castellano, sino que lo que hacen es un tratamiento de promoción como manda la Constitución de una lengua que esta minorizada y, por tanto, se tiene que proteger", ha defendido.

Además, ha apuntado que la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias en su informe de 2017 establecía que el uso del castellano en la Generalitat es del 86,8% en producción escrita y del 87,7% en comunicación oral, por lo que se ha preguntado quién con estas cifras puede pensar que el castellano está "limitado o amenazado".

Escola anuncia recurso

Escola Valenciana, plataforma cívica en defensa del valenciano, ha anunciado hoy que recurrirá la sentencia del TSJCV n al entender que la resolución judicial "atenta contra los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

Para Escola, la decisión del tribunal superior "no se ampara ni en el Estatuto de Autonomía, ni en la Constitución Española, ni tampoco en el corpus jurídico europeo". "·Se trata de una decisión con claros tintes políticos, centrada en el argumento de la supremacía del castellano, lengua oficial, junto con el valenciano", ha señalado el responsable de Derechos Lingüísticos de Escola, Vicent Romans.

La entidad cívica ha lamentado, a través de un comunicado, que "de ahora en adelante, el valenciano no tendrá un uso prioritario en la función pública". Por ello, apunta esta sentencia judicial "todavía no firme, supone un retroceso gigantesco en la normalización de nuestra lengua".