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El comité de expertos de la Carta Europea considera escaso el apoyo político al valenciano

El STEPV subraya que el PP firmó en 2001 extender la lengua propia a toda la educación

El Gobierno, entonces en manos del PP, se comprometió en 2001 ante la Unión Europea a garantizar la implantación de un sistema de enseñanza bilingüe en todas las comunidades autónomas con lengua propia. La realidad, no obstante, según el informe de 2005 del comité de expertos sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, sanciona la ausencia de acciones estatales en ese periodo para fomentar la pluralidad lingüística y concluye que la gestión de la Generalitat Valenciana está "muy por debajo de sus objetivos" en materia de enseñanza.

"La primera constatación, a la luz del informe y las recomendaciones de la Comisión Europea, es que la Administración educativa valenciana ha incumplido los compromisos de la Carta Europea de las Lenguas", resumió ayer Julià-Vicent Rey, responsable de política lingüística del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV). Según este análisis, el balance oficial del comité de control europeo -tanto en su informe de 2002 como en el de 2005- es concluyente respecto a "los notables desequilibrios existentes respecto a la implantación de la enseñanza del valenciano" y las "diferencias entre los compromisos adquiridos por la Administración española y la realidad dual y contradictoria desarrollada por la Consejería de Educación".

Entre los principales "desequilibrios" que mantiene el sistema educativo valenciano, el informe señala en primer lugar el hecho de que "la enseñanza vehicular en valenciano sólo llega al 20% del alumnado". Es decir, que sólo dos de cada diez alumnos del sistema público estudian la modalidad de Programas de Enseñanza en Valenciano (PEV) o en el Programa de Inmersión Lingüística (PIL), que son los dos únicos que garantizan el proceso de aprendizaje de lecto-escritura en valenciano desde primaria. El comité es muy duro, respecto a la tercera modalidad de enseñanza en valenciano -el Programa de Incorporación Progresiva (PIP)- que simplemente incluye el valenciano como asignatura en los distintos niveles y, sin embargo, es el más extendido en el 80% del alumnado público.

Europa considera que "ha habido una paralización en el crecimiento de la enseñanza en valenciano", pero "no porque crea que se ha llegado al techo de implantación". Al contrario, el Comité considera que se "ha configurado una doble red educativa de enseñanza pública en valenciano y concertada-privada en castellano".

Por otra parte, el informe señala que "existe una distribución territorial muy irregular", con consecuencias "discriminatorias" para los alumnos: mientras en Alicante el 42% de centros públicos tiene programas de enseñanza en valenciano, en Castellón sube al 82% y en Valencia baja al 68%. Por último, el informe constata, tal como subraya el STEPV, "la falta de continuidad en los diferentes tramos educativos", ya que al llegar a secundaria, las líneas en valenciano caen al 50%, en Bachillerato pasan a ser testimoniales, y nulas en las enseñanzas artísticas, técnicas o profesionales.

La firma "más avanzada"

El Consejo de Europa aprobó el 25 de junio de 1992 el texto de la Carta Europea de las Lenguas regionales o minoritarias. Definida como una "convención internacional", fue suscrita el 5 de julio por 11 países, entre ellos España. En España entró en vigor el 1 de agosto de 2001, bajo la presidencia de José María Aznar, del PP, tras ser ratificada por el Parlamento por "unanimidad". La Declaración española optó, además, por "la posición más avanzada": comprometiéndose a "hacer posible la enseñanza de sus lenguas regionales en los niveles educativos". De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución "la Carta Europea forma parte del ordenamiento jurídico español", lo que "compromete al Estado español a defender" -y no obstaculizar- "las políticas para fomentar la pluralidad lingüística". Pese a ello, el Comité constata que el Estado ha incurrido en "la sistemática y exhaustiva sospecha de inconstitucionalidad del desarrollo normativo en las autonomías con lengua propia". En el caso valenciano, la Generalitat ha recurrido -y perdido- en los tribunales todos los recursos en contra de la consideración normal del valenciano como la misma lengua que el catalán. Su persistente rechazado al reconocimiento científico de ambas denominaciones en los Estatutos universitarios se ha estrellado en los tribunales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de abril de 2006

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