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La Generalitat activa créditos para que los ayuntamientos compren pisos sociales

El ICF y la Agencia de Vivienda destinan 250 millones para adquirir o promover 2.800 alquileres

Elsa Artadi y Pere Aragonès, en la primera reunión del Govern.
Elsa Artadi y Pere Aragonès, en la primera reunión del Govern. GTRES

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la Agencia de Vivienda de Catalunya (ACH en sus siglas en catalán) destinarán 250 millones de euros a financiar la compra y construcción de viviendas por parte de ayuntamientos y entidades para que las destinen a alquiler social. En total, la Generalitat confía en aumentar en 2.800 pisos el parque de alquileres sociales que tiene Cataluña, que ahora es de 17.000.

En el caso de la compra, se trata de una línea de financiación de 110 millones de euros en condiciones preferentes para adquirir viviendas procedentes de desahucios ejecutados por entidades financieras ejerciendo el tanteo y retracto. Los créditos cubrirán hasta 80.000 euros y serán a 25 años con un interés fijo del 1,25%. La Generalitat, que anunciará los pisos en un portal cuando las entidades los pongan a la venta, estima que con estos créditos se podrán comprar 1.800 pisos.

Los préstamos cubrirán la diferencia entre lo que los inquilinos pagarán de renta y el precio de la cuota hipotecaria. De ahí que el gobierno catalán haya subrayado que a los ayuntamientos y entidades los pisos no les costarán nada. Pasados 75 años, los pisos pasarán a ser propiedad de la Generalitat. En el caso de la promoción, la línea de financiación está dotada con 140 millones de euros y destinada a promotores. En este caso el horizonte es levantar mil pisos para destinarlos al alquiler social.

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno catalán, Pere Aragonès, defendió esta línea de crédito del ICF y subrayó: "Para este gobierno debe ser el banco público de inversión de este país. El sector privado cubre necesidades, pero hay otras que no están cubiertas, y las finanzas deben estar al servicio de la gente y no al revés". "Corregir el mercado con una oferta suficiente de vivienda social es una inversión colectiva", añadió. A su turno, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, aseguró que el ejecutivo "es muy consciente de que tenemos un problema con la vivienda y quiere actuar desde el minuto uno". El consejero admitió que en el área de Barcelona hay una burbuja de los precios del alquiler y recordó que su intención es regular los alquileres para alargar los contratos a cinco y hasta diez años.

El director de la Agencia Catalana de la Vivienda, Jaume Fornt, subrayó que la Generalitat ya ha ejercido el derecho de tanteo y retracto para comprar mil viviendas "antes que lo hagan terceros o fondos de inversión". Los Ayuntamientos que pueden ejercer el tanteo y retracto desde 2015 porque tienen una demanda acreditada son 233.

Un 5% de vivienda social como objetivo

Calvet aseguró que la Generalitat se ha marcado como objetivo pasar de un 2% de vivienda pública sobre el total de parque residencia a un 5% en los próximos años. La cifra está lejos de lo que se marcó la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, que hablaba de un 15% en veinte años. Calvet no perdió la ocasión para reprochar al Gobierno central la reducción de las inversiones en vivienda.

En el nuevo gobierno catalán, el área de vivienda vuelve a estar bajo el paraguas del departamento de Territorio y Sostenibilidad, "donde se integrarán las políticas de territorio, las urbanísticas y la vivienda", explicó Calvet. El ejecutivo ha creado una Secretaria de Hábitat Urbano y Territorio, que capitaneará Agustí Serra.

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